Un mal acuerdo
El autor destaca que la Argentina tiene graves problemas, como el exceso de gasto estatal y de impuestos, y que el programa de Fernández con el FMI no aportar a la solución
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PARA LA NACIONFederico Pinedo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) existe para asistir a los países que lo integran (como la Argentina) cuando tienen problemas para pagar sus deudas en divisas, como el dólar. Asistir significa no solo prestar dinero, sino colaborar con sus técnicos para que el país en problemas deje de tenerlos. El acuerdo del presidente Fernández con el FMI no soluciona los problemas argentinos, sino que ostensiblemente los agrava. Es un mal acuerdo.
La Argentina tiene un problema que es un exceso de gasto estatal, con enormes capas de dispendio y de política electoral. Por ejemplo, gasta más de dos millones de dólares por día en una línea aérea mientras elimina la competencia en esa área y subsidia la energía congelando su precio a pobres y ricos, mientras la inflación ronda el 50%. El acuerdo con el FMI dice que se aumentará el gasto y que no bajarán los subsidios eléctricos, aunque aumentarán las tarifas sustancialmente al comercio y la industria.
La Argentina tiene otro problema que son los altos impuestos al trabajo, la producción y las exportaciones. El acuerdo con el FMI dice que habrá aumento de impuestos, en una economía que lleva más de una década de estancamiento estructural y dice que no habrá cambios para impulsar el trabajo en blanco, cuando el negro es el 40% del total. El principal problema argentino es la inflación, pero el acuerdo del FMI nos garantiza a los argentinos una de alrededor del 50% anual durante dos años, en la mejor hipótesis. Lo único positivo del acuerdo con el FMI es para este gobierno, ya que no pagará nada de lo que debemos, aunque es negativo para el próximo gobierno, que recibirá deudas impagables en dólares y para los argentinos, que recibirán deudas explosivas en pesos.
El proyecto de ley para aprobar el acuerdo con el FMI contiene una parte de expresiones del gobierno argentino, que buscan influir en causas judiciales para incriminar a las anteriores autoridades y liberar de responsabilidad a las actuales, por ejemplo, con el manejo de vacunas. Se pretende involucrar al Congreso en esa tarea triste y lamentable de preconstitución de pruebas, haciéndole aprobar estas imputaciones y absoluciones e interfiriendo en causas pendientes.
También se pretende que el Congreso avale los efectos económicos negativos antes mencionados, aprobando un programa que el Congreso no puede aprobar, porque la Constitución dispone que esa es una facultad exclusiva y excluyente de los presidentes y eso sería un precedente inaceptable para el futuro.
No reniego de la responsabilidad de nuestro gobierno, que tomó esta deuda a tasas de interés bajas para pagar deudas a tasas de interés altas. Pero lo único que el Congreso puede constitucionalmente hacer, es autorizar al Presidente la toma de un crédito para pagar los vencimientos que la Argentina tiene, evitando el default o los atrasos (incisos 4, 7 y 8 del artículo 75 de la Constitución). La Constitución establece que, con esa herramienta, quien administra debe administrar con su programa de gobierno. Tras dos años de gestión, ¿qué dice sobre eso el propio gobierno en su acuerdo con el FMI? Que hace falta un plan. Se lo venimos diciendo hace dos años. Lo que hace falta es un programa de estabilización y crecimiento, para terminar con la inflación y dedicar la energía nacional a producir y generar empleo. Eso se lo olvidaron los técnicos del FMI.
El autor fue presidente provisional del Senado (2015-2019)
Tipo de trabajo:
opinión
