Vacunas vip: un Gobierno sin faro moral

En medio de las protestas por el escándalo llamado Vacunagate, que sacudió el polvo de la paciencia colectiva violentada esta vez por uno de los hechos más inmorales por los que atravesó un Gobierno en las últimas décadas, el Presidente en lugar de calmar, disculparse y tomar decisiones para garantizar transparencia al proceso de vacunación masiva decidió arrojar más leña al fuego.

Primero, intentó darlo por cerrado al señalar “cuando dijeron que esas reglas fueron transgredidas, aun cuando en lo personal me causaba mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían”, mostrando que, con la salida de Ginés González García, el conflicto estaba terminado. Minimizando así semejante oprobio a una población que puso en riesgo su salud y su economía para acompañar la lucha contra la pandemia.

El discurso en la Asamblea Legislativa puso en evidencia por qué el gobierno no encarrila el conflicto y, en cambio, decide redoblar la apuesta. Basta mirar quienes rodean al Presidente, los presidentes de ambas cámaras, el gabinetes de salud, o lo que queda de él, sus ministros más destacados, como Martín Guzmán, toda la mesa chica de Gobierno, los hombres fuertes o los gobernadores más representativos, para darnos cuenta de que el gobierno no encuentra en sus filas ese faro moral que podría apaciguar la bronca ya que, de algún modo, todos son parte, por acción u omisión, del grupo de privilegiados que accedieron o facilitaron las vacunas.

¿Quién tiene autoridad moral para plantarse frente a la sociedad a presentar un plan de vacunación transparente? ¿La ministra Vizzotti, a la que le pasaban los vacunados vip por al lado y no detectó ninguno?; ¿Sergio Massa, que logró el milagro de que el sistema de turnos de la provincia de Buenos Aires funcionara con un mes de anticipación para sus suegros y su padre?; ¿El gobernador Kicillof, que defiende que 160 militantes jóvenes de agrupaciones kirchneristas que trabajan en los call center se vacunaran porque trabajan atendiendo por teléfono posibles contagiados? Como si toser por teléfono contagiara. ¿El ministro Martín Guzmán, que permitió que se vacunara hasta su community manager de 32 años, porque parece que administrar una cuenta de Twitter es una profesión de riesgo, por encima del grupo que incluye médicos y enfermeros terapistas? ¿Los funcionarios como Carlos Zannini, que se hicieron pasar por personal sanitario para vacunarse sumando a su esposa a ese privilegio?

Así pasa en cada una de las áreas, porque a una semana de dar a conocer una lista de 70 nombres que accedieron a la vacuna por “debajo de la mesa”, todos los días aparecen más.

El kirchnerismo supo “lavar” gran parte de sus hechos de corrupción gracias al aporte de referentes de DD.HH. que pusieron su prestigio y prédica a disposición de la causa. Hoy esas organizaciones, dirigentes y referentes ya no inciden, como hace 10 o 15 años, en la opinión pública. Mucho menos en la actualidad, cuando hicieron silencio cómplice con la violación de derechos humanos y civiles en Formosa y porque algunos de ellos también se vacunaron con privilegios.

Por eso, ante la carencia de referentes morales que ayuden a trasparentar la gestión de las vacunas, al Presidente no le queda otra que enojarse y atacar a periodistas y opositores. Socializar las culpas parece el camino elegido.

Si embargo, se puede detectar a la distancia que hoy existen muchos integrantes del Frente de Todos que desearían que Alberto Fernández, en lugar de avivar esas llamas, tratara al menos de extinguirlas. Tan solo por una razón de supervivencia política, saben que el escándalo de las vacunas puede costarles las elecciones. Y, vacunados o no, la sociedad puede cobrarles caro ese despotismo.

También es curioso que estas facturas impagas nunca llegan a la casilla de Cristina Kirchner, quien nuevamente hace silencio ante una tragedia que nos enluta. “Mal no le fue guardándose con otras tragedias como Cromañón y Once, ¿por qué habría de cambiar?”, se pregunta un joven dirigente más cercano a Alberto que de la jefa. Para ella siempre hay comprensión, aun goza de las bondades y privilegios de una lideresa.

“Si no reacciona, Alberto se va a quedar solo, no sabe la bronca que tenemos porque lo entregaron a Ginés así nomás, que es de los peronistas que siempre estuvo con nosotros, pero defendieron a Donda que negreó a su propia empleada. Los verdaderos peronistas no hacemos esas cosas”, cuenta un viejo dirigente del conurbano, hoy preocupado en no ceder su territorio a La Cámpora. Datos como este, sobre todo en territorio bonaerense, podrían comenzar a mostrar un escenario de conflicto más profundo dentro del peronismo.

Si esa estrategia, la del enojo y la irascibilidad, servirá de cara a un año electoral, aún es un enigma. Argentina suele perdonar aberraciones morales en sus gobernantes, y votar de acuerdo con otra cuenta donde la ética y la honestidad no califican. El resultado electoral de octubre sigue abierto, dependiendo hoy más de la unidad del peronismo, donde resta saber si el escándalo de las vacunas podrá lacerar confianzas estrechas, que de jugadas mágicas de la oposición.

Pero si hay algo que este Gobierno no podrá eludir es su legado histórico. Pasaran muchos años y se seguirá hablando de la pandemia que paralizó al mundo. En esos recuerdos la historia reservará un lugar privilegiado para Argentina, allí se perpetuará que, durante el Gobierno de Alberto Fernández, cuando faltaban vacunas y estas llegaban al país con cuentagotas, sus funcionarios se apropiaron de ellas descaradamente, postergando a sus ancianos y grupos prioritarios de riesgo. Y ni siquiera tuvieron la hidalguía de pedir perdón.

Que la historia recuerde a este Gobierno por semejante impudicia será más importante que cualquier resultado electoral. Ese será su mayor castigo.