Vicentin: un grosero error de cálculo de Alberto Fernández

El sorpresivo anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención y la proyectada expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin terminó desnudando la debilidad del propio jefe del Estado. Simplemente, porque luego de esta controvertida medida, al igual que de otras anteriores no menos polémicas, el jefe del Estado volvió a quedar expuesto ante un tan remanido como desgastante debate acerca de si quien manda realmente es él o Cristina Kirchner.

No resultó inesperado, tras las protestas callejeras en Santa Fe y los cacerolazos en varios centros urbanos alejados de la zona de influencia de la empresa, que el gobernador de esa provincia, Omar Perotti , dejara trascender que el presidente Fernández destacó, durante su encuentro de anoche con el dueño de la empresa y otros funcionarios, que está dispuesto a "escuchar propuestas superadoras". El nuevo mensaje es de marcha atrás hacia una "intervención amigable".

La decisión original de avanzar hacia una expropiación terminó exhibiendo un contraproducente mensaje a cuatro diferentes públicos: a inversores, a acreedores, al electorado no kirchnerista y a la propia dirigencia política.

• Los empresarios y los potenciales inversores recibieron el mensaje de que el Gobierno se aferra a la bandera del intervencionismo estatal en la economía y que desconfía tanto del sector privado como de la Justicia. La lectura de la decisión de intervenir y expropiar Vicentin es que hay un Estado que podría quedarse con todas aquellas empresas estratégicas que atraviesen por un mal momento o que evidencien dificultades para cumplir con obligaciones de corto plazo.

El caso Vicentin constituyó un golpe a la seguridad jurídica. Por si alguna duda quedara, distintos expertos en derecho constitucional, como Daniel Sabsay, destacaron que el decreto de necesidad y urgencia es abiertamente inconstitucional, al no darse las circunstancias excepcionales que exige el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional para que el titular del Poder Ejecutivo pueda legislar por aquella vía. Del mismo modo, el Presidente de la Nación recurrió a un raro per sáltum, avanzando sobre el juez que estaba dirimiendo un conflicto entre particulares, en el contexto de una empresa concursada, y violentando el artículo 109 de nuestra Ley Fundamental, según el cual el Presidente no puede en ningún caso "ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

• Los acreedores del Estado argentino también recibieron un mensaje confuso. Porque después de que el Gobierno les comunicara que no está en condiciones de pagar ni un centavo durante tres años y luego de que se declarara un default selectivo de bonos por 503 millones de dólares que vencieron el 22 de abril y vieron pasar el período de gracia, alegremente parecería dispuesto a estatizar una empresa privada a un costo que podría rondar los 1500 millones de dólares. Incluso pese a la existencia de interesados del sector privado en adquirirla.

El Gobierno ha sido presa de sus propias contradicciones y debió escuchar de sus opositores que el mismo Estado que es incapaz de comprar fideos a precios competitivos por la corrupción pretende administrar ahora una empresa agroexportadora.

• Un tercer mensaje llegó a un importante segmento de la ciudadanía, que vio en el proyecto de expropiación un paso en el camino hacia la Venezuela chavista, donde las expropiaciones de empresas fueron moneda corriente. Pudo haber alcanzado, incluso, a un electorado independiente que votó a Alberto Fernández, esperando que fuera diferente de Cristina Kirchner y de las "ideas locas" de los sectores más radicalizados de la coalición gobernante, de las que el propio Presidente buscó alejarse días atrás.

El Gobierno se vio obligado a aclarar que mientras en el país gobernado por el dictador Nicolás Maduro se expropian empresas rentables, en la Argentina albertista el objetivo pasa por salvar a las empresas en problemas. A veces aclarar solo contribuye a oscurecer. Como le ocurrió al ministro de Producción, Matías Kulfas , cuando intentó explicar que estamos ante una "intervención virtuosa" en la que, por el momento, no se invertirá dinero.

Lo cierto es que tanto las protestas en las ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda como el atronador cacerolazo del miércoles a las ocho de la noche en distintos puntos del país fueron un baldazo de agua fría para Alberto Fernández. Nadie en el Gobierno pareció imaginar semejante reacción social. Por el contrario, en los despachos oficiales se creyó que la medida iba a ser recibida como un apoyo del Estado al sector productivo y a la preservación de empleos.

• El último mensaje, que llegó a la propia dirigencia política, no fue menos negativo para el primer mandatario. El anuncio sobre Vicentin no hizo más que potenciar un debate cada vez más incómodo para Fernández, como el de quién tiene el poder real y quién fija los grandes lineamientos de la política nacional.

Una vez más, el primer mandatario debió sobreactuar al aparecer inmerso en esa discusión. "Tenemos que terminar de aventar esa historia negra de que Cristina me reta, me pega dos gritos y me hace hacer lo que no quiero hacer", intentó aclarar, aun a sabiendas de que estar dando cuenta casi a diario acerca de si las medidas que toma son de él o de la vicepresidenta no hace más que debilitarlo.