Abel Furlán, un sindicalista K que está en la mira judicial por el manejo de los aportes, una elección irregular y un inmueble en San José 1111

En una maniobra que rompió el verticalismo interno, Francisco Abel Furlán tomó casi por asalto el poder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en 2022. Desde la seccional Zárate-Campana lideró una silenciosa rebelión que desplazó, a través de las urnas, a Antonio Caló, el jefe desde 2004, cuando sumó la pesada herencia de reemplazar a Lorenzo Miguel, que gobernó el gremio industrial más poderoso del país durante 32 años.

Furlán, cuya raíz laboral está en Siderca, del Grupo Techint, tiene hoy 66 años y es desde hace mucho tiempo uno de los interlocutores sindicales favoritos del kirchnerismo. De hecho, fue el anfitrión del acto en la localidad de Pilar que marcó el regreso público de Cristina Kirchner tras el intento de asesinato del 1° de septiembre de 2022.

Quedó ahora nuevamente en la mira porque María Soledad Calle, su mano derecha en la UOM, adquirió el inmueble que está justo abajo de donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria, en el primer piso de San José 1111. Calle, además de oficiar como secretaria del jefe metalúrgico, es accionista y directora de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que administra la caja del gremio y los aportes de los afiliados.

La carrera político-sindical de Furlán tuvo un ritmo ascendente. Fue secretario de Prensa y también de Organización durante las gestiones de Caló al frente de la UOM. Ocupó desde 2015 y hasta 2019 una banca de diputado nacional por el Frente para la Victoria producto del alineamiento de su entonces jefe con el kirchnerismo. Esa poltrona legislativa parecía reservada por Cristina Kirchner para la UOM: entre 2011 y 2015 fue Carlos Gdansky el representante metalúrgico en el Congreso. También fue consejero del PJ bonaerense cuando el partido estuvo presidido por Máximo Kirchner.

En el ajedrez sindical actual, Furlán se alejó de la conducción de la CGT y construyó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que mantiene una postura más combativa que la central obrera en su relacionamiento con el gobierno de Javier Milei.

El 18 de marzo de este año, obtuvo su reelección en la conducción nacional de la UOM con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, un fallo judicial anuló los comicios y dispuso la intervención del gremio tras advertir sobre presuntas anomalías en el proceso eleccionario de la seccional de Zárate-Campana, donde históricamente mandó Furlán.

En un fallo de fuerte impacto, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, los mismos que convalidaron la reforma laboral votada por el Congreso el 28 de febrero, concluyeron que el proceso electoral “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente” y sostuvieron que se vulneraron principios de democracia y libertad sindical protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, un abogado vinculado al radicalismo porteño y que es cercano a Daniel Angelici y al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, según contaron a LA NACION fuentes de su entorno. Biglieri tiene a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios, con la obligación de informar trimestralmente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre el desarrollo de su gestión.

Previo a la intervención del gremio, Furlán fue blanco de la Justicia, pero no por el proceso de recambio de autoridades, sino por un caso de posible defraudación y asociación ilícita vinculadas con la administración de fondos sindicales provenientes de aportes de afiliados.

La decisión de allanar las oficinas de la UOM fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini tras un pedido del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Eduardo Taiano, en un requerimiento en el que apunta a que se investigue a Furlán y a María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), por un contrato firmado por la UOM con esta compañía. Según fuentes judiciales, el control de USEM sería de dirigentes ligados a la agrupación kirchnerista La Cámpora. La empresa recauda más de $100 millones por mes provenientes de unos 200.000 afiliados. El contrato otorga a USEM el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y administrar la caja sindical completa.

Las fuentes judiciales dan a Furlán y Calle como imputados en la causa. Sin embargo, desde la UOM aclararon que “no hay imputación” sino el pedido del fiscal de investigar, y que el jefe metalúrgico “aportó pruebas en forma voluntaria”.

La UOM tiene hoy 190.000 afiliados y unos 135.000 aportantes directos a su obra social, que desde hace décadas es administrada por el empresario Raúl Olmos, a quien Furlán responsabiliza en privado por la intervención del gremio. Las tensiones entre Furlán y Olmos se agudizaron en 2023, cuando la cúpula de la UOM resolvió desplazar al empresario del manejo de un fideicomiso en el Banco Nación en el que se atesoraba el dinero de los afiliados desde la crisis de 2001. Así fue que apareció USEM, la compañía de María Soledad Calle (es vicepresidenta) y Adalberto Raúl Braconi (presidente), que está en la mira de la Justicia y que ahora cobró relevancia porque una de sus titulares es vecina de Cristina Kirchner.

LA NACION

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