Acelerarán los juicios por delitos de lesa humanidad
Planean reformas para terminar con los casos antes de 2015
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La Justicia decidió acelerar los juicios por violaciones de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar. El objetivo es dar una respuesta a las víctimas, acabar con la incertidumbre de los acusados y, además, evitar que colapse el sistema de juicios orales federales del país.
En su discurso en el Congreso al reasumir el cargo, el 10 de diciembre, la presidenta Cristina Kirchner dijo que esperaba que para el final de su mandato, en 2015, estuvieran terminados esos juicios. Lo mismo había señalado al asumir en 2007, pero en estos cuatro años no se llegaron a completar los procesos.
Quienes impulsan la aceleración de estos expedientes "sensibles" son los jueces de la Cámara Nacional de Casación -el tribunal penal más importante del país después de la Corte Suprema-, que ya están trabajando en una acordada en ese sentido, que será de aplicación obligatoria en los tribunales orales federales de todo el país.
Su flamante presidente, el jurista Pedro David, anticipó que "resolver los casos de delitos de lesa humanidad será absolutamente prioritario". Fue una forma de admitir que el tribunal está en deuda: el año pasado se revisaron apenas seis fallos, y de los 66 represores sentenciados sólo 43 tienen condena firme, según informó la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación. La Cámara de Casación se aggiornó a fines de 2011 con la jura de cuatro nuevos integrantes. A los viejos que están en el cuerpo desde 1992, cuando se creó, se sumaron el ex funcionario kirchnerista Alejandro Slokar, discípulo del juez Eugenio Zaffaroni; el ex fiscal Mariano Borinsky; la ex funcionaria de Derechos Humanos Ana María Figueroa, y el catedrático Juan Geminiani.
Los jueces, autorizados por el artículo 4 del Código Procesal Penal, que permite a los tribunales en reuniones plenarias "dictar normas prácticas" para aplicar ese código, ya empezaron a trabajar.
La ex presidenta del cuerpo Angela Ledesma hizo circular el mes pasado entre sus pares un proyecto de protocolo para tratar a las víctimas de delitos de lesa humanidad. Quiere conocer la opinión de sus colegas y sus sugerencias. Se prioriza allí, por ejemplo, que una vez que las víctimas hayan declarado en un proceso no será necesario que lo vuelvan a hacer en otro juicio. Para no revictimizarlas y ahorrar tiempo.
Ultima reunión
El 28 de diciembre, en la última reunión del año de la Cámara, Pedro David propuso continuar con las modificaciones. Se habló de limitar el tiempo de lectura del auto de elevación a juicio. Es un escrito que sintetiza los cargos contra los acusados: en la causa ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada) se demoraron cuatro meses en leerlo. En el juicio por el contrabando de armas contra Carlos Menem, con 30 acusados, la demora fue de seis meses.
Por eso se propuso que se realice una audiencia preliminar donde se acuerde leer sólo algunos párrafos y dar el resto por incorporado, pues ya está en el expediente. Otra idea que se baraja es multiplicar las declaraciones vía teleconferencia, lo que acorta los viajes de testigos, los tiempos y hasta permite la declaración simultánea en varios procesos.
Los camaristas piensan además permitir que el imputado esté sólo presente cuando tenga que ser indagado y al final del juicio, cuando se lea la sentencia, de modo que cuestiones de salud de los acusados no demoren los procesos.
Del mismo modo se busca limitar el tiempo de los alegatos y las últimas palabras de los acusados antes del veredicto, de modo que no sean largos discursos de defensa, sino sólo una reflexión final.
Además, hubo presentaciones de Figueroa y de Borinsky con más sugerencias para el tratamiento de la víctima y reuniones entre Slokar, Figueroa y David para avanzar en la redacción de una acordada.
En la ciudad de Buenos Aires hay seis tribunales orales federales, y de ellos sólo uno no tiene casos de lesa humanidad. En todo el país no hay tribunal oral federal que no esté tramitando una causa o esté próximo a iniciar un juicio por violaciones de los derechos humanos.
La idea es que en febrero, cuando se reanude la actividad judicial, los jueces convoquen a un plenario donde integren todas estas ideas para debatirlas y llegar al dictado de normas generales que deberán aplicar obligatoriamente los tribunales orales federales de todo el país, para acelerar estos procesos de modo que terminen antes de 2015.
Los juicios más resonantes de 2011
29 de diciembre
El último represor
Reynaldo Bignone, el último de los presidentes de la dictadura militar, fue condenado a 15 años de prisión por violaciones de los derechos humanos. Es la tercera condena que recibe Bignone, que acumula ya dos sentencias a prisión perpetua. Se lo condenó por la represión en el hospital Posadas, de Haedo.
27 de octubre
ESMA, un juicio emblemático
Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Antonio Pernías, entre otros, fueron sentenciados por las torturas en la ESMA, la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Dumond y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y por la muerte de Rodolfo Walsh.
1° de abril
Guglielminetti, un icono de Orletti
Fueron condenados a prisión perpetua Eduardo Cabanillas; a 25 años de cárcel, Eduardo Ruffo y Horacio Carlos Martínez Ruiz, y a 20 años, Raúl Guglielminetti, por actuar en el centro clandestino Automotores Orletti, un galpón alquilado por agentes de la SIDE para torturar.
14 de abril
Patti, a cárcel común
Luis Patti fue condenado a prisión perpetua por secuestros, tormentos y asesinatos, y debió ir a una cárcel común, según el veredicto. Fue encontrado culpable por el crimen del militante Gastón Gonçalvez y el secuestro del asesinado ex diputado Diego Muñiz Barreto, entre otros casos.
28 de agosto
Séptima condena a Menéndez
La séptima condena a prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez fue dictada por el juez federal Julio Bavio por violaciones de los derechos humanos. Es por el asesinato de presos en Salta en julio de 1976. También fue condenado el ex jefe policial Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray, ex penitenciario.
17 de mayo
Prisión para un apropiador
Luis Falco, un ex policía, fue condenado a 18 años de prisión, por la apropiación del ahora legislador porteño Juan Cabandié, nacido en 1978 en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, donde sus padres estuvieron secuestrados. Hubo algarabía en tribunales.
En números
267 condenados
Son quienes recibieron sentencias por causas de violaciones de los derechos humanos desde el regreso de la democracia.
21 juicios
Fueron los realizados en 2001, donde se juzgó a 91 personas de las cuales 8 fueron absueltas y 83 condenadas.
593 detenidos
Hay en total por delitos de lesa humanidad. La mitad está en cárceles comunes; el 43 por ciento, con arresto domiciliario; el resto, en hospitales y en dependencias de fuerzas de seguridad.
117 acusados resta juzgar
Son los que está previsto que sean sometidos a juicio oral y público este año, de acuerdo con las causas ya elevadas o que están próximas a serlo.
800 víctimas
Son las que están involucradas en los procesos que aún deben realizarse.
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