Activan el jury contra la fiscal anticorrupción que motorizó la condena a Sergio Urribarri
Una semana después de la sentencia, la Justicia de Entre Ríos avanzó contra Cecilia Goyeneche, que pidió a la Corte Suprema que suspenda su juicio político; coordina otras causas contra exfuncionarios
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LA NACIONHernán Cappiello
Una semana después de la condena por corrupción al exgobernador y exembajador en Israel Sergio Urribarri, la Justicia entrerriana fijó fecha para que el 2 de mayo comience el jury para destituir a la fiscal anticorrupción provincial, Cecilia Goyeneche, que motorizó ese proceso contra el exmandatario entrerriano.
Por eso, la fiscal Goyeneche, que se encuentra suspendida por el jurado de enjuiciamiento, recurrió hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que deje sin efecto su suspensión, ese jury y el fallo que designa a un conjuez para actuar como fiscal adhoc en el enjuiciamiento que se le quiere iniciar.
Goyeneche le dijo a la Corte que la sola presentación de su recurso de queja tiene efecto suspensivo, por lo que no se pude materializar el jury que fue convocado para dentro de 15 días.
En ámbitos de la política entrerriana vinculan el hecho de que haya avanzado el jury con una represalia contra Goyeneche, tras la condena a Urribarri, pues fue una de las funcionarias que impulsó la investigación de sus causas de corrupción.
Sostuvo la fiscal en su presentación ante la Corte que la promoción de su juicio político pretende impedir el ejercicio de sus funciones como fiscal anticorrupción en momentos en que están en etapa decisiva “relevantes causas de investigación de corrupción que involucran al poder político provincial incluido el exgobernador de Entre Ríos Sr. Sergio Urribarri”
La fiscal dijo en su escrito que el Jurado de Enjuiciamiento que fijó fecha para el jury actuó en su caso con “evidente parcialidad” y realizó una “sistemática violación de sus derechos de defensa y al debido proceso”.
Señaló que esto quedó en evidencia cuando le rechazaron la posibilidad de presentar pruebas, y por ampliar el caso a una investigación patrimonial sobre sus bienes que abarca los últimos 20 años, incluso varios años antes de haber asumido como fiscal, en 2006.
Dijo Goyeneche que el proceso de remoción “continúa avanzando muy rápidamente y a paso firme, pese a la ilegítima integración del órgano acusador”. Y remarcó que ya recusó a cuatro integrantes del jurado de enjuiciamiento al alegar que actúan con parcialidad en su caso, enemistad manifiesta, violación del secreto por la difusión previa de votos y el sesgo sexista en la decisión de iniciarle un jury, entre otras razones, pero esas recusaciones fueron rechazadas.
Además, cuestionó que hayan separado de la investigación de su caso a todos los fiscales y que coloquen como fiscal a un conjuez de la Corte (abogado de la matrícula) para que actúe como fiscal ad hoc, “en violación de los principios más elementales del debido proceso y sus formas sustanciales, la garantía del juez natural y el derecho a ser acusada y juzgada por órganos imparciales”.
Por eso pidió a la Corte que se le otorgue su recurso de queja y la urgente suspensión del proceso ante una decisión del Jury bajo un procedimiento y composición que denunció como irregular.
Goyeneche está acusada de no haberse excusado en una causa en que investigaba a un abogado que había sido socio de su esposo. La fiscal alegó que no era necesario apartarse porque la situación había sido anterior a la investigación, pero el procesó avanzó hasta aprobar su juicio político, que ahora tiene fecha de inicio.
Esta situación se da en momentos en que Goyeneche coordinaba el equipo de fiscales que investigó a Urribarri y que ahora lo hace con el cuñado del exgobernador y otros funcionarios provinciales, acusados de cobrar dinero de contratos de la Legislatura, asignados a empleados públicos, que nunca recibían sus sueldos de manera completa. El monto del fraude que se investiga es de unos 53 millones de dólares.
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