
Acusarían a María Julia Alsogaray por malversación de caudales
Lo estudian los fiscales que la investigan por enriquecimiento ilícito; apoyo del Presidente.
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Mientras el presidente Carlos Menem recurrió ayer al principio de presunción de inocencia al referirse a su secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, María Julia Alsogaray, los fiscales federales que la investigan por enriquecimiento ilícito estarían considerando la posibilidad de acusar a la funcionaria por supuesta malversación de fondos públicos, según revelaron a La Nación fuentes judiciales.
"Tengamos en cuenta que nadie es culpable hasta que no se comprueban los hechos que se le imputan. Está el principio de presunción de inocencia y eso es fundamental", afirmó Menem durante una conferencia de prensa que brindó en la Base Naval de Puerto Belgrano.
"Por supuesto que la señora María Julia Alsogaray se va a defender como corresponde, pero hay que tener mucho cuidado cuando se imputan delitos de este tipo o de cualquier otro tipo", agregó. Consultado acerca de si la secretaria de Recursos Naturales le había comentado algo sobre su situación judicial, Menem respondió que ella le dijo que eran "mentiras absolutamente todas las imputaciones que se le hacen".
La afirmación del ex contador de Alsogaray Ernesto Mario Furlone respecto de que la ingeniera habría justificado una parte del incremento de su patrimonio con el uso de fondos reservados podría derivar en una nueva acusación contra ella por parte de los fiscales federales Eamón Müllen y José Barbaccia, que la investigan por presunto enriquecimiento ilícito en la causa que lleva el juez federal Juan José Galeano.
Alsogaray ya tiene ordenada su citación para prestar declaración indagatoria, lo que ocurriría, según fuentes judiciales, en tres semanas aproximadamente, cuando se termine el peritaje que sobre sus bienes ordenó Galeano. Las mismas fuentes dijeron a La Nación que "no se descarta la posibilidad de que, luego de esa indagatoria, la funcionaria sea acusada por malversación de fondos públicos".
Las fuentes tribunalicias explicaron que "detrás del delito de enriquecimiento ilícito siempre se oculta otro delito, la adquisición de fondos de manera ilícita. Si se comprueba que Alsogaray empleó fondos reservados para aumentar su patrimonio, éste sería el delito que origina el enriquecimiento ilícito, es decir la malversación de fondos públicos".
El enriquecimiento ilícito, que tiene una pena prevista de dos a seis años de prisión e inhabilitación absoluta, invierte la carga de la prueba, es decir que el funcionario que acrecentó su patrimonio debe demostrar que es inocente, y no a la inversa. Si los fiscales consideran insuficiente este descargo, se la cita a prestar declaración indagatoria, lo que ocurrirá con Alsogaray.
El misterio de los gastos
Los gastos reservados siempre estuvieron cubiertos por un manto de sospecha. A partir de la asunción de Menem, en 1989, la administración nacional aumentó los fondos amparados por la ley secreta de la Nación 11.672 en más del 300 % respecto de la gestión radical. Fueron elevados de $ 51 millones en 1989 a $ 211 millones el año último, siendo 1994, cuando se firmó el pacto de Olivos, el monto más alto, con $ 295 millones.
Hasta ese momento, en el presupuesto nacional se podían discriminar los fondos reservados, lo que fue "muy ocultado en el presupuesto del corriente año", según explicó a La Nación el diputado frepasista Juan González Gaviola (Mendoza). Economía no respondió a los reclamos de los legisladores y tampoco rindió cuenta de lo gastado en los últimos dos años. "Siempre se ampararon en la ley secreta para hacer oídos sordos. Pero estimamos que los fondos reservados de este año superan los $ 300 millones", dijo González Gaviola.
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