Alberto Bianchi, un prestigioso constitucionalista de bajo perfil que es el socio del flamante jefe de los abogados del Estado
Lidera el estudio donde el nuevo Procurador del Tesoro es socio; fue testigo experto del fondo Burford en el juicio que afronta el país por la estatización de YPF, lo que podría apartar al jefe de los abogados del estado del caso
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LA NACIONHernán Cappiello
Alberto Bianchi es uno de los constitucionalistas más prestigiosos de la Argentina y es, al mismo tiempo, de los que tiene más bajo perfil. Su nombre llegó a los medios porque uno de los socios de su estudio, Santiago Castro Videla, fue designado por el Gobierno como Procurador del Tesoro para defender al país en los juicios que enfrenta el Estado.
Bianchi está al frente de un estudio que atiende asuntos constitucionales relacionados con empresas, litigios con el Estado, con municipios, asuntos tributarios y de derecho administrativo.
Pero su especialidad son los casos en los que importantes clientes lo convocan para presentar un recurso extraordinario ante la Corte, trazar la estrategia jurídica de una situación o un emitir opiniones legales en aspectos muy específicos del derecho constitucional, administrativo y regulatorio. Así fue contratado como testigo experto para declarar en favor del fondo Burford en los Estados Unidos en el juicio que mantiene contra la Argentina por la estatización de YPF.
Burford no contrató al estudio Bianchi para que litigara en su defensa, sino que se le requirió su opinión como testigo experto en una arbitraje. La figura del testigo experto, usual en Estados Unidos, donde tramita el juicio por YPF, es similar a lo que podría considerarse un perito jurídico de parte o un consultor técnico. El contratado dictamina como experto en derecho argentino en favor del cliente y luego puede ser sometido a un examen cruzado donde en una audiencia es preguntado por el tribunal, por su cliente y por la contraparte.
La publicación de su nombre asociado a esta opinión que se le requirió hizo que se sintiera injustamente expuesto por su bajo perfil, dijeron sus allegados.
Por sus intervenciones es sumamente respetado en la Corte Suprema de Justicia, donde su firma y argumentos jurídicos pesan en los recursos que plantean sus clientes, dijo a LA NACION un abogado con quien supo llevar algunos casos.
El abogado es experto en arbitrajes en el exterior, como el caso de Burford, e intervino en el CIADI (la institución a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales), en casos que involucran a la Argentina.
Abogados especialistas en derecho administrativo señalaron a LA NACION que a lo sumo, Castro Videla, como Procurador del Tesoro, debería excusarse de intervenir en los casos ligados al fondo Burford si es que trabajó en el dictamen que presentó el abogado titular del estudio. De esta manera, al igual como sucedió con Rodolfo Barra, el flamante jefes de los abogados del Estado debería apartarse del juicio por la estatización de YPF, la causa más relevante que enfrenta el país.
Vecino de Martindale, Bianchi está casado con Estela Sacristán, otra especialista muy reconocida en derecho constitucional. Es integrante del Colegio de Abogados de la Ciudad, de la calle Montevideo, donde presidió la Comisión de Derecho Constitucional.
Alberto Bianchi tiene 70 años e integra como secretario la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, presidida por Juan Manuel Cassagne. También integra la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Es egresado de la Universidad Católica Argentina y doctor en Derecho de la UBA. Es profesor titular de Derecho Constitucional Profundizado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral y escribió 18 libros relacionados con el derecho constitucional.
Entre ellos textos de referencia académica sobre la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la delegación legislativa, el control de constitucionalidad, las acciones de clase, la responsabilidad del Estado por su actividad legislativa o la regulación económica.
Entre sus clientes hay empresas prestadoras de servicios públicos, de transporte, gas y telecomunicaciones, productoras de gas y petróleo, mineras, constructoras, empresas industriales y entidades financieras. Asimismo asesora con frecuencia a diversos entes públicos.
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