Alberto Fernández cuestionó su procesamiento en el caso de los seguros y habló de persecución
Fue por el delito de “negociaciones incompatibles” la función pública”; el expresidente aseguró que lo juzgan por “no advertir el ‘riesgo’ de nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguridad”
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LA NACION
El expresidente Alberto Fernández cuestionó este viernes su procesamiento en el caso de los seguros y aseguró que lo “persiguen por ser peronista”. El juez federal Sebastián Casanello determinó su procesamiento por el “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que busque un beneficio propio o de un tercero.
“Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, detalló Fernández a través de X.
Sostuvo, además, que la decisión judicial “fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerlo arbitrariamente ligado al proceso”.
El juez federal consideró que el expresidente buscó favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa a través de un plan de expansión de los negocios de su grupo con el Estado. El broker le brindó servicios de abogado y lobista entre 2010 y 2019.
La esposa de Martínez Sosa, María Cantero, también se encontraba involucrada en los negocios. Fue nombrada secretaria privada de Fernández cuando asumió el mando del Poder Ejecutivo.
Las comisiones del grupo de Martínez Sosa fueron de $2252 millones y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros.
Casanello ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández de $14.634.220.283,68 y procesó a otras 33 personas. Entre los delitos que habría cometido, Casanello incluyó lavado de dinero y cohecho. Se sospecha que el antiguo responsable de la Gerencia de Área de Sector Público Nacional de Nación Seguros Mauro Tanos y su esposa recibieron sobornos de parte de aseguradoras, a través de cooperativas.
“Cómo alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, concluyó en su tuit el expresidente.
Tras su procesamiento, un grupo de legisladores de la Legislatura porteña, encabezado por Graciela Ocaña, solicitó a la Anses que deje en suspenso la jubilación de privilegio de Fernández. El objetivo sería “no perjudicar el erario público que vuestro Gobierno tanto defiende”.
La presentación tiene la firma de Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, integrantes del bloque Confianza Pública. Aseguraron que el expresidente “nunca debió gozar” de la prestación pero que, ante el procesamiento, debería, al menos, ser suspendida “hasta que se resuelva la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.
Ya en 2024 los legisladores habían presentado un pedido al entonces director de la Anses, Osvaldo Giordano, solicitando que no se le otorgara la jubilación de privilegio. No obtuvieron respuestas. Por ello, unos meses después, Ocaña y el legislador Yamil Santoro pidieron la revocatoria de la asignación por falta de cumplimiento de requisitos. Al no tener respuesta, los dirigentes realizaron una denuncia contra quien luego fue el director del organismo, Mariano de los Heros.
Tal como publicó LA NACION, el beneficio fue, en diciembre de 2024, de $21,67 millones en bruto y de $8,56 millones en términos netos, según información del organismo obtenida por este medio a través de un pedido de acceso a la información pública.
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