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Alberto Fernández, un presidente off the record
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A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:
- Hay una expresión en inglés que se utiliza en muchísimos campos, pero sobre todo en el periodismo, que es off the record. Se refiere a la expresión de distintas fuentes que se manifiestan a través de los medios y que los periodistas registramos sin atribución de identidad, escondidas detrás del anonimato. Sobre todo en la prensa escrita, uno muchas veces se encuentra con cosas que se dicen, opiniones, datos y hechos que se manifiestan de esta forma.
- Esto es muy frecuente en sociedades sometidas al autoritarismo del poder. Allí la verdad, y muchas informaciones delicadas, que quien manda no quiere que se sepan, se filtran hacia la sociedad en modo off the record. Es una práctica mucho más frecuente donde hay un desdoblamiento de la construcción de la imagen de la realidad que proviene de los medios de comunicación. Está la información que se da a conocer con nombre y apellido. Y la que el poder no quiere que se publique, que se filtra de manera anónima.
- Nosotros estamos viviendo hoy en la Argentina un fenómeno muy curioso. Quien filtra de manera anónima sus pareceres, su información y visión de las cosas es supuestamente el que tiene el poder. Es decir, Alberto Fernández. Un presidente off de record. Un ejemplo de esto ocurrió la semana pasada. Un hecho escandaloso sobre todo fuera de la Argentina. Hubo un informe durísimo de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ya había uno del mes de julio de la autoría de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
- En esta oportunidad se expresó un comité de la comisión de derechos humanos de la ONU y lo que el informe manifestó es que, bajo el régimen de Nicolás Maduro, hay una organización de delitos para aterrorizar a la sociedad y retener el poder. El informe da cuenta de todo tipo de atrocidades, pero la novedad es que señala a 45 funcionarios responsables de esta secuencia delictiva sistemática. Entre ellos, identifica al presidente Maduro y a sus ministros de Defensa e Interior como organizadores directos.
- La posición del gobierno argentino, de la Cancillería, fue ratificar el informe con el representante que tiene el país en esta comisión. Pero la semana pasada el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, que es un militante kirchnerista, manifestó que él conocía ese informe, pero que no podía adherir totalmente a él. Lo calificó de "sesgado". Ante una asamblea virtual de la OEA Raimundi sostuvo que para evaluar bien este informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, documentados, identificados con personas con nombre y apellido, habría que tener en cuenta que los venezolanos la están pasando mal por el bloqueo físico y financiero.
- Esa fue la posición del embajador Raimundi, pero no la del Gobierno. Más todavía: la Cancillería le habría dado instrucciones en sentido contrario, para que adhiriera a este informe de la ONU. Con independencia de lo que Raimundi quiera o diga, desobedeció las instrucciones que le dio su propio gobierno. En cualquier cancillería del mundo ya lo hubieran echado. Pero él sigue siendo embajador en la OEA. Lo único que sabemos, off the record, es lo que la Casa Rosada dejó trascender: que era la posición que tiene Fernández sobre el informe de la ONU.
- Como sucede en los gobiernos o en los regímenes autoritarios, el que necesita expresar su verdad, si esa verdad contradice al poder lo hace off the record. La curiosidad es que en este caso lo hizo el Presidente. Como si el poder lo tuviera otro, alguien capaz de sancionarlo si hace público lo que debería haber hecho, que es removerlo a Raimundi por haber desobedecido instrucciones directas de la Cancillería.
- Otro caso es el de la diputada Vanesa Siley, quien ocupa un lugar importante en la dinámica del kirchnerismo. Es la reemplazante de Eduardo "Wado" de Pedro, actual ministro del Interior, en el Consejo de la Magistratura, lugar que él ocupaba cuando era diputado. Igual que el ministro, es de Mercedes, tierra de juristas. Vamos a rebobinar: los intereses judiciales de Cristina Kirchner los maneja Wado de Pedro, quien conduce un entramado al que pertenece la diputada Siley, y el medio hermano del ministro, Gerónimo Ustarroz, en el Consejo de la Magistratura. Hay quien dice que Wado de Pedro, a raíz de la autoridad que tiene sobre los temas judiciales del kirchnerismo, hoy está en La Cámpora casi a la altura de Máximo Kirchner.
- Vanesa Siley reactivó un pedido de juicio político que tenía contra el juez Carlos Rosenkrantz porque el juez votó, tal cual establecía la ley, el cómputo de las penas con el 2x1, en un procesado por crímenes de lesa humanidad. Hubo tres jueces que votaron como Rosenkrantz, pero solo se reactiva ese antiguo juicio político contra él. Esto es porque el Gobierno lo identifica como el más activo opositor a la revocación del traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
- Es curioso el tipo de argumento que usa la diputada Siley. Dice que en aquel caso, en el que votó a favor del 2x1, Rosenkrantz hirió la sensibilidad popular. Que estuvo en contra de la opinión pública. Estamos frente a una diputada que tiene un poder enorme por el grupo al que pertenece. Es imposible pensar que ella haya activado la denuncia sin una instrucción o una autorización de Wado de Pedro y de Cristina Kirchner. Estamos con una diputada ligada al ministerio del Interior, a la vicepresidenta, que forma parte de La Cámpora, que acusa al juez y pide que se inicie en el Congreso una remoción. Por lo que dice en la sentencia, por el contenido del fallo, no porque haya violado los procedimientos. ¿Algo más parecido que esto al lawfare? ¿Algo más parecido a lo que Cristina Kirchner reprochaba en la época de Mauricio Macri?
- Según tengo entendido, el presidente Alberto Fernández le pidió al legislador porteño kirchnerista Leandro Santoro que haga declaraciones desautorizando tímidamente la iniciativa del juicio político de la diputada Siley. Santoro, que es un legislador muy ligado a Fernández, dijo que no creía que esta propuesta sea parte de la agenda del Gobierno. Un argumento bastante similar al que expuso Martín Lousteau ante Cristina Kirchner cuando se discutió en el Senado el tema de los tres jueces trasladados.
- A Santoro le salió a contestar indirectamente Leopoldo Moreau, su exsuegro. No sabemos si Moreau tomó la iniciativa, o si se lo pidió Máximo Kirchner o Cristina Kirchner. Pero dijo que toda la Corte está agotada. Con una caracterización bastante rara en el caso de Juan Carlos Maqueda, a quien calificó de estar “en una zona de confort”. ¿Será una nueva causal de juicio político? Rosenkrantz hoy también intervino en el debate y contestó los argumentos de Siley desmontando las acusaciones que la llevaron a retomar el juicio político.
- Es interesante el ataque de Moreau a la Corte. Es un hombre súper experimentado, que no creo que dé puntada sin hilo. Creo que obliga a plantear una hipótesis, todavía muy borrosa: esta impugnación a la Corte puede insinuar que el Gobierno ya sabe cómo se va a pronunciar cuando tenga que tratar el tema de los tres jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Es muy probable que supongan que ya hay dos jueces de la Corte, Rosatti y Maqueda, que tienen un borrador muy preliminar respecto de por dónde encarar. Faltaría otro juez para que se configure una mayoría que le dé la razón a los jueces trasladados y no al Gobierno. La hipótesis que se podría considerar es si la impugnación tan dura de Moreau a la Corte está adelantando que ese fallo no se va a cumplir.
- Esto no sería una sorpresa. El gobierno de Santa Cruz, encabezado por Kirchner, desobedeció durante mucho tiempo un fallo de la Corte que obligaba a reponer en su cargo al fiscal de estado, cargo que terminó siendo disuelto. ¿Puede ser que el kirchnerismo esté pensando en agarrarse de algún considerando del nuevo fallo y seguir adelante con la remoción de estos jueces? Son signos de interrogación que estamos obligados a abrir. Inquietudes que aparecen cuando se empieza a ver este ataque sistemático del kirchnerismo, en este caso encarnado en Moreau, sobre la Corte.
- Nos queda saber a quién le debemos hacer caso dentro del oficialismo cuando hablan sobre este punto. ¿Al diputado porteño Leandro Santoro que expresa lo que piensa Fernández? Les puedo asegurar que, cuando el Presidente asumió el poder, ni para él ni para su entorno, la Corte era un problema. Se ha ido transformando en un tema a medida que Cristina Kirchner vio que su futuro judicial dependía muchísimo de ese tribunal. Si miramos en profundidad, lo que observa Cristina cuando analiza cómo la Corte resuelve el traslado de los jueces es un adelanto de cómo podría fallar ese tribunal en el caso Hotesur, en el de Los Sauces, en el de Vialidad, y en muchas causas que tiene la vicepresidenta a consideración de estos jueces. Por eso, el conflicto de Bruglia, Bertuzzi y Castelli es, en realidad, el campo de batalla de otras peleas, que todavía la vicepresidenta tiene que dar en la Corte.
- En el caso de Carlos Raimundi, el Gobierno dice lo que piensa off the record; y en el caso de la Corte, trata de hablar a través de Santoro. Y Moreau lo desautoriza. ¿Por qué esto es importante? El modus operandi indica que hay un poder que actúa y otro poder que habla off the record. Lo único que consigue ese método es crear incertidumbre. En un diseño de poder como este, la incertidumbre no es un accidente. Es un objetivo.
- Esta incertidumbre es la que se ve en el mercado cambiario, con lo que -en este punto- se une la economía con este conflicto político. Es un problema que se le está generando a Fernández con la Corte y que lo va a pagar con actos de gobierno. Habrá que ver cómo actúan estos magistrados ante la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires, o ante una eventual suba de tarifas. El dilema judicial de Cristina afecta directamente a la administración del Presidente y, además, se proyecta sobre la economía porque el Gobierno es una usina de incertidumbre, con un Presidente que habla off the record.
- Esta incertidumbre cae sobre un campo muy deteriorado como lo es la economía argentina, que trae un estancamiento de diez años y una crisis desde el primer trimestre de 2018. Esto se puede observar estudiando las acciones de la bolsa de valores porteña, reflejados en el índice Merval. A comienzos de 2018, esas acciones valían US$ 1800. Y hoy valen US$ 280. La mitad de esa caída corresponde a 2020. Este derrumbe de la bolsa indica qué opinan los mercados respecto de la viabilidad de los negocios en la Argentina. Y cómo proyectan que le irá a una empresa radicada en el país. Hay expertos que creen que el piso, de acá a fin de año, puede ser de US$ 150.
- Para revertir esta tendencia, se necesitan señales muy claras. Pero el Gobierno está diseñado políticamente para emitir señales confusas. La incertidumbre política afecta la marcha de la economía en un momento en el que, según la última encuesta de Federico Aurelio, la principal preocupación de los argentinos ha dejado de ser la salud y pasó a ser la economía. Al ser consultados sobre cuáles son sus prioridades, el 39% de los encuestados consideró que su principal problema es el económico, seguido por la inseguridad (con el 28%) y, en tercer lugar, señalaron al coronavirus y a la salud (27%).
- A la incertidumbre política se le suman las malas señales técnicas. Por ejemplo, las que aparecieron en el mercado cambiario. El miércoles pasado, antes de que se conozca el nuevo paquete de medidas, hubo una nueva caída, esta vez de US$ 103 millones, en los depósitos bancarios de la gente, que los retira ante el temor de que haya un corralito en dólares, por la falta de divisas.
- Desde que el Banco Central, encabezado por Miguel Pesce, anunció el supercepo y las regulaciones para obtener los US$ 200, y para el pago de deudas en dólares por parte de las empresas, las reservas cayeron US$ 1234 millones. Esto quiere decir que estas medidas en vez de incrementar las reservas las disminuyen. De hecho, desde el 15 de septiembre hasta hoy, la caída de las reservas es de US$ 1323 millones: otra consecuencia de la incertidumbre.
- La semana pasada, el Gobierno cambió de táctica y pasó de Pesce a Guzmán. La estrategia del presidente del Banco Central ante la caída de reservas era poner cepo, es decir, murallas para que no salgan las reservas; Guzmán, en cambio, intenta promover la oferta de dólares en el sector exportador. Por eso, bajó un poco las retenciones.
- Los economistas tienden a pensar que el productor de granos mira la brecha cambiaria, ve que es superior a la baja de retenciones, y, entonces, no se entusiasma con venderle a la cerealera que exporta esa mercadería. Los productores siguen esperando que se produzca la devaluación que está indicada en la brecha cambiaria. Y en todas las medidas gubernamentales que indican que el país no tiene dólares y que, por lo tanto, el valor oficial de esta moneda se parecerá, cada vez más, al blue o al contado con liquidación. Aunque bajen las retenciones, para los productores ese beneficio sería insignificante en comparación a lo que pueden hacer conservando los granos de soja en los silobolsas, que son dólares, cuando se produzca una devaluación.
- Por el contrario, las cerealeras sí pueden ver un estímulo para ofrecer dólares: el Gobierno revirtió una medida de Mauricio Macri, que había terminado con un diferencial de retenciones entre el productor de granos y aquellas compañías que convierten esos granos en aceite. En un negocio con un margen muy pequeño, al disminuir esa diferencia, generó problemas en muchas cerealeras, como ocurrió con Vicentin.
- Alberto Fernández repuso ese diferencial y las grandes aceiteras, que suelen ser multinacionales, tienen ahora la posibilidad, por un período acotado, de vender ese aceite con menos retención. En este contexto, es probable que, como seguramente los productores no les vendan granos, sólo quieran liquidar los que tienen almacenados para molerlos y exportar el aceite. Quien tiene un rol muy importante en todo esto es Roberto Urquía, el dueño de Aceitera General Deheza (AGD) y uno de los líderes de la industria. Su cuñado, Miguel Acevedo, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), es amigo del Gobierno. Es probable que, con estas medidas, estén intentado seducir a ciertos sectores.
- El 9 de julio, Fernández convocó a seis entidades empresarias, entre ellas, La Rural, para dar una imagen de unidad nacional y de convergencia de sectores detrás de la recuperación económica. Desde el Instituto Patria, Cristina Kirchner le dijo que leyera una nota de Alfredo Zaiat, en Página 12, que le advertía que tenga cuidado con los exportadores. Que ese no era el camino. Ahora el mandatario benefició a las empresas exportadoras, lo que probablemente sea positivo si lo que necesita es que se liquiden rápidamente dólares con la venta de aceite. Habrá que ver si la señora de Kirchner comprende lo que sucedió, pero lo que está claro es que uno de los dos –el Presidente o su vice- se equivocó. No se sabe si se equivocaron on the record u off the record.
- Algo importante para comprender al mercado cambiario es la noticia que no conocimos en los anuncios de Guzmán de la semana pasada. ¿Qué esperaría alguien que está mirando el comportamiento de las reservas? Que el ministro diga que tiene un acuerdo con el gobierno chino para convertir en dólares los yuanes que el país tiene como préstamo. Lo que se conoce como el swap de reservas, que es una especie de respaldo teórico, porque no se puede transformar en dólares. Esa noticia no llegó y daría la impresión de que el gobierno chino continúa diciéndole a la Argentina lo mismo que le decía cuando Macri era presidente: que no quieren la convertibilidad de los yuanes a dólares porque temen que los Estados Unidos lo interpreten como un accionar agresivo hacia ellos.
- Sigue sin resolverse el enfoque de base: el problema no son los dólares. La sociedad compra dólares porque ve que se deterioran los pesos, lo cual ocurre, a su vez, porque el Gobierno los sigue volcando a la emisión, y esos pesos ya no valen nada. Como Guzmán sostiene que no bajará el gasto el año que viene, se puede anticipar que continuará emitiendo mucho. Este es el problema de fondo, sobre el cual el Gobierno no da una señal fiscal o monetaria, que debería traducirse en un programa económico. Es lo que le pedirán esta semana los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vinieron a Buenos Aires.
- ¿Cómo mira la sociedad la situación económica? Ya mencionamos la encuesta de Aurelio. Desde el punto de vista sectorial, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) conversa con la CGT y trabaja en un programa. También en silencio, off the record, para que no se enoje Fernández y, en consecuencia, Cristina Kirchner. La vicepresidenta no quiere a la CGT porque allí tiene a enemigos muy marcados que trabajaron en su contra durante la administración de Macri, como José Luis Lingeri, "Cloro". En este juego, en cambio, Moyano está muy cerca de Fernández. Entre otras razones porque ya cerró el acuerdo para que Cristóbal López se quede con OCA.
- En el campo político, Sergio Massa se diferencia del resto al decir que los alumnos de sexto grado y sexto año de todo el país deberían volver ya a clases. Es una picardía ya muy trillada del diputado: recomendar algo que, como él ya sabe, se va a anunciar dentro de poco. Antes se lo hacía a Macri. Ahora se lo hace a Fernández. Lo de los alumnos lo anunció anoche el ministro Nicolás Trotta. Massa hizo la misma jugarreta con la baja de retenciones. Mientras tanto, se despega: ya lo hizo sobre los ataques a los silobolsas, las pistolas taser, la salida de presos y la negociación de la deuda.
- Algunos, como Cristina Kirchner, creen que habría que involucrar más a Massa. Que debería hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, las personas más afines a Massa le dicen que le conviene esperar, porque pueden aparecer escenarios más interesantes para él. Si Massa asumiera la Jefatura de Gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados pasaría a ser, probablemente, Máximo Kirchner, quien entraría –entonces- a la línea sucesoria. Si hubiera una catástrofe, podría llegar a asumir la presidencia.
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