Alderete defendió el sistema de contratos

El ex titular del PAMI Víctor Alderete defendió ayer ante el juez federal Adolfo Bagnasco el sistema de contratación de gerenciadoras de servicios de salud, a pesar de que varias denuncias contra el ex funcionario indican que la tercerización de esos servicios fue propicia para realizar numerosos actos de corrupción.

Alderete, que está detenido desde hace una semana en dependencias de la Gendarmería Nacional, declaró ayer durante seis horas ante el magistrado, que lo interrogó sobre irregularidades en cinco contratos.

El juez Bagnasco le imputa a Alderete los delitos de organizador de asociación ilícita, que no es excarcelable, y defraudación en perjuicio del Estado por haber suscripto esos controvertidos contratos.

Los convenios sobre los que Bagnasco interroga a Alderete fueron firmados con las siguientes empresas:

• Advertising Image, a la que se la contrató para realizar un informe semiológico, por 70.000 dólares. El estudio, que se plasmó en un breve escrito de 10 páginas, se limita a transcribir citas de distintos manuales y libros que se consiguen en cualquier biblioteca y que no tienen relación alguna con el PAMI.
• Macropsicología SA, empresa a la que se le encomendó la auditoría de los servicios de psiquiatría. El precio pactado por Alderete con la firma fue de 20.000 pesos más IVA, por un año, pero ese contrato fue luego reemplazado por otro que el PAMI firmó con otra empresa, Cer.Co.Man SA, que tenía el mismo directorio que la primera empresa.Pero había una diferencia importante con el primer contrato: el precio pactado con Cer.Co.Man fue seis veces mayor.
• Bureau Veritas ArgentinaSA, firma a la cual se convino pagarle 15.000 dólares por mes para que hiciera un estudio de la necesidad de cada uno de los servicios requeridos por el PAMI, aunque según una fuente se habría limitado a recomendar que se contratara a la empresa que ofertaba el menor precio.
• Imara SA: el contrato con esta empresa era excesivamente genérico, puesto que se limitaba a encomendarle, en apenas cuatro páginas, la realización de "servicios de recreación" por 1.300.000 dólares.

La sospecha de los investigadores es que estos contratos, en rigor, fueron una excusa para justificar el pago de las mencionadas sumas de dinero sin que la contraprestación fuese adecuada con el precio.

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