Allanaron la obra social del Poder Judicial
Se investiga si se usaron insumos electrónicos en beneficio privado de las autoridades; la Corte había decidido auditar la prestadora tras detectar irregularidades
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LA NACIONHernán Cappiello
La Obras Social del Poder Judicial y el domicilio de su director fueron allanados hoy a partir de una causa en la que se investiga el supuesto delito de peculado por el uso de elementos informáticos en beneficio propio.
Los procedimientos se realizan en la sede de la obra social, en Lavalle 1653, y en la casa de Aldo Tonon, su director. La Obras social del Poder Judicial esta siendo auditada por la Corte Suprema de Justicia, que designó una comisión de auditoría mixta , a cargo del directo de Asuntos Jurídicos de la Corte, Sebastian Clericci con cinco auditores, y se nombró a Mariano Althabe como nuevo director.
Los fondos que maneja la obra social son multimillonarios: tiene plazos fijos por más de 34.000 millones de pesos y otros por 4 millones de dólares, y recibió ingresos solo en este año por más de 13.000 millones de pesos, según documentos oficiales de la Corte publicados en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Con el recambio de presidente de la Corte de Horacio Rosatti por Carlos Rosenkrantz y aún antes, el máximo tribunal intervino ante serias irregularidades que se daban en la gestión del organismo. Se realizó un informe que señala falencias graves en el sistema informático y de administración. Al mismo tiempo, tramita en el juzgado de Daniel Rafecas una causa judicial por la que se dispusieron los procedimientos realizados esta mañana.
El delito que se investiga es peculado, por la supuesta utilización de elementos informáticos de la obra social en beneficio personal del director Tonón.
Juan Ibarguren, que es secretario de la Cámara Argentina de Medicina Oftalmológica (CAMOF) explicó que ellos venían denunciando situaciones irregulares con la obra social de los judiciales. “Hemos venido denunciando el trato y maltrato de parte de funcionarios de la Obra Social del Poder judicial hacia nuestros asociados”.
Y dijo que existió “discrecionalidad, direccionamiento de pacientes y desplazamiento de prestadores por reclamar por el atraso constante de los aranceles oftalmológicos”. Además indicó que existe una “falta permanente de consideración no sólo a los prestadores sino al cuidado de la salud visual de los afiliados”
Un informe lapidario
La decisión de auditar el organismo ocurrió una semana después de que la Corte dejó la Obra Social en manos del administrador Daniel Marchi y cuando la Justicia federal lleva adelante una investigación por una denuncia sobre malos manejos en el organismo.
Marchi pidió informes a diferentes áreas de la obra social y luego elevó a los jueces de la Corte un lapidario informe en el que señala, entre otros aspectos, que la estructura organizativa es precaria porque hay un solo director y otros dos cargos en el directorio vacantes. También afirma que existen áreas sensibles de la organización vacantes, como la Subdirección de Administración o la Auditoría Interna, o que están ocupadas por personas contratadas en sistemas o control de facturación.
También advierte que se enfrentan 224 juicios por mala praxis, que el sistema informático “es obsoleto y alto riesgo” y que los subsistemas, además de ser precarios, no están integrados, son vulnerables y no son eficaces para la gestión.
Los servidores son vulnerables y hay riesgo de pérdida de información, añadió. Por ejemplo, en el caso de la compra de medicamentos, se señala que hay diferencias entre el stock que figura en el sistema y el stock físico de remedios.
Marchi expuso además que en la obra social no hay herramientas de gestión, no se hacen presupuestos, no hay manuales de procedimiento y que la litigiosidad se duplicó en los últimos 10 años. También señaló que existe un alto riesgo en la contabilidad e integridad de la información y, por ende, en la toma de decisiones inherentes a la gestión.
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