Anulan una decisión de Bonadio por un fraude millonario
La Cámara Federal devolvió el control económico a una firma sospechada de desviar $ 50 millones de la ONU
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Federal le devolvió el control económico a una empresa sospechada de defraudar al Estado mediante el desvío de 50 millones de pesos donados por la ONU para el desarrollo. En esa causa ya hay procesados 25 empleados que trabajaron durante el kirchnerismo en el Ministerio del Interior y Transporte, que dirigía Florencio Randazzo y fue quien los denunció.
El juez Claudio Bonadio, tras una auditoría realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el propio Ministerio del Interior, avanzó con la causa, que dejó al descubierto la operatoria. Se trataba de la contratación, por 50 millones de pesos, hecha por empleados que desviaban los fondos en provecho propio o de empresas suyas o de familiares para direccionar los contratos, burlando las disposiciones de las Naciones Unidas y del Estado para contratar.
Están procesados por fraude a la administración pública y lavado de dinero, pues el juez detectó que con la plata de la estafa compraron departamentos, automóviles -incluida una camioneta Audi 4x4- y un palco en la cancha de Independiente por 10 años.
Bonadio además había inhibido los bienes de los acusados y de las empresas vinculadas e intervenido una de las firmas beneficiadas por estas maniobras, Callmed, porque advirtió que todos los bienes de la empresa habían sido comprados con dinero espurio y los procesados estaban sacando plata de las cuentas de la firma mediante cheques de ventanilla, de a un millón de pesos cada uno.
Esta empresa incluso fue contratada en 2015 por el programa Argentina Sonríe, encabezado por Rocío García, nuera de Cristina Kirchner. El contrato, por $ 45 millones -realizado por contratación directa-, se adjudicó después de que la ONU anuló una licitación por $ 70 millones a favor de la empresa por irregularidades en el proceso.
Callmed se quedó en 2015 con un contrato para transformar diez furgones que recorrerían el país acondicionados como unidades odontológicas móviles en el marco del programa Argentina Sonríe. La contratación se hizo a través de una triangulación del Ministerio de Salud a través de la Universidad de San Martín, la Universidad de Entre Ríos y la Universidad del Chaco Austral, según información oficial a la que accedió LA NACIÓN.
Pero los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, sin revisar los procesamientos dictados por Bonadio por el fraude en el Ministerio del Interior, decidieron anular la decisión del juez de nombrar a un interventor judicial en Callmed y lo apartaron de la causa.
Dijeron que ya le habían advertido varias veces sobre la dirección del proceso y que el juez había hecho caso omiso de sus sugerencias.
En disidencia, el camarista Bruglia había entendido que la decisión del juez de intervenir la firma estaba fundada, por lo que no compartió que se lo apartara y consideró que en su lugar se hubiera limitado a nombrar a un veedor judicial o a un interventor informante.
El tema no es menor porque el esquema de esta causa se repite con los mismos protagonistas judiciales en el expediente donde está procesada Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. En esa causa, Freiler, Ballestero y Bruglia deben revisar el procesamiento de la ex presidenta y a la vez decidir sobre la intervención judicial de Los Sauces, los hoteles y la sucesión de Néstor Kirchner, dispuestas por Bonadio.
En el caso del Ministerio del Interior están procesados los ex ejecutores del PNUD Esteban Pablo Sáenz Rico, María de Lourdes Giménez y Héctor Damián Mazza, además de otros 22 ex empleados de la cartera del Interior en la época en que la dirigía Randazzo.
Los procesados se desempeñaban en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), que tenía acceso a cuentas bancarias, cuyos fondos debían ser destinados a planes de modernización en el Registro Nacional de las Personas, el Archivo General de la Nación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Los acusados, según el juez, se apropiaron de los fondos y los desviaron a familiares y personas que habían trabajado en la Unidad Ejecutora del Programa, "utilizando para ello la función que tenían de administradores del dinero de los distintos programas simulaban contrataciones por bienes o servicios". La maniobra consistía en contratar empresas con vínculos con los empleados o creadas por ellos para los contratos. Así, había firmas integradas por la madre o primos de los contratantes.
La firma Callmed SA fue la principal beneficiada, con casi 23 millones de pesos en 11 contratos. La empresa tiene vínculo con Giménez, quien fue la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora de Proyectos, pues habían compartido viajes con el apoderado y actual presidente de la firma Guillermo Bidinosti, según Bonadio. Y Giménez, además, está autorizada a manejar el Audi 3.0 V6 Quatro de Callmed.
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