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Atacan y amenazan a la vecina que impulsó el juicio político contra el intendente de San Martín de los Andes
Un hombre encapuchado golpeó a Valeria López Oronoz, quien había presentado la denuncia contra el jefe comunal del Movimiento Popular Neuquino
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un hecho que sacude la estabilidad política en San Martín de los Andes, Valeria López Oronoz –la vecina que presentó formalmente el pedido de juicio político contra el intendente municipal Carlos Saloniti (MPN)– fue atacada brutalmente en la vía pública por un hombre encapuchado que, antes de escapar, le exigió que se callara.
El violento ataque, que encendió todas las alarmas institucionales y ha puesto en evidencia el clima de extrema presión que rodea al proceso de remoción del mandatario local, ocurrió ayer alrededor de las 21.10, en la esquina de las calles Perito Moreno y Calderón, a dos cuadras del centro de la ciudad y de la comisaría.
López Oronoz regresaba a su hogar tras finalizar una clase deportiva de rutina. Según consta en la denuncia judicial radicada en la Comisaría 23°, un hombre con ropa oscura, el rostro cubierto y a bordo de una bicicleta tipo BMX chiquita la interceptó imprevistamente y, sin mediar palabra ni intención de robo, le propinó un fuerte puñetazo en el rostro mientras le gritaba la frase: “¡Cállate!”.
En diálogo con LA NACION, López Oronoz contó: “Me agarré la cabeza en shock y lo único que vi fue una figura oscura y una bicicleta de las chiquitas, de hacer trucos. Fueron segundos. No tengo nada roto, solamente un traumatismo en la cara. Fue un aviso y no me voy a callar”.
La denunciante añadió que ya en abril, tras haber presentado solicitudes de información pública sobre la gestión municipal, había sufrido seguimientos por parte de personas sospechosas en las cercanías de su domicilio. La justicia y la policía neuquina ya se encuentran relevando las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al autor material del ataque y determinar la vinculación directa de la agresión con las denuncias presentadas contra la intendencia.
El episodio se encuadra en una crisis institucional sin precedentes en la localidad neuquina. El Concejo Deliberante aprobó recientemente de manera unánime la apertura del procedimiento de juicio político contra Saloniti, fundado en una presentación realizada por López Oronoz que expone seis cargos de extrema gravedad.
Entre ellos se encuentra el colapso cloacal y el desastre ambiental (se denunció el volcamiento constante de efluentes cloacales sin tratar a los arroyos Pocahullo y Calbuco, impactando directamente en el Parque Nacional Lanín y en las aguas del Lago Lácar); el descalabro financiero y la deuda con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (una mora acumulada que supera los 1700 millones de pesos y que provocó el corte de luz en el Palacio Municipal y en el Concejo Deliberante); así como la desobediencia judicial: la presentación subraya la negativa sistemática a acatar la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que declaró inconstitucionales varias cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo.
Asimismo, López Oronoz denunció el daño ambiental en el cerro Chapelco (advirtió sobre la falta de controles estatales sobre obras de gran envergadura realizadas sin licencia ambiental previa en el centro de esquí) y la obstrucción al control municipal.
A su vez, tras evidenciar omisión de audiencias públicas de participación ciudadana y registros públicos infieles, la denunciante puso el foco en las irregularidades en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
A pesar de las hostilidades, López Oronoz y su abogado patrocinante, Enrique Bartolomé, presentaron esta semana un contundente escrito judicial en el que sumaron una enorme cantidad de prueba documental para robustecer la denuncia.
El escrito incorpora once legajos completos con más de cincuenta notas, requerimientos e intimaciones elaborados por la Contraloría Municipal entre 2024 y 2026, los cuales exponen un patrón sistemático de silencio y falta de respuestas por parte del gobierno de Saloniti frente a sospechas de malversación de fondos públicos.
Entre la documentación aportada se denuncian graves irregularidades financieras, como el pago municipal del servicio eléctrico y de gas de los barrios militares del Regimiento de Caballería por un total de 150 millones de pesos, imputado de manera irregular bajo partidas de residuos sólidos urbanos; cobros indebidos por más de 25 millones de pesos de representantes gremiales ante la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP) que no asistieron a ninguna reunión; y la existencia de una cuenta municipal oculta en Mercado Pago que acumulaba fondos sin auditar y que motivó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, la nueva presentación introduce un cuestionamiento institucional sobreviniente que pone bajo la lupa la transparencia del proceso: la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, se encontraba simultáneamente a cargo del Departamento Ejecutivo de forma interina en reemplazo de Saloniti el mismo día en que presidió y votó la sesión ordinaria en la que se dio curso al juicio político. Para la denunciante, esta superposición vulnera flagrantemente el principio republicano de división de poderes y compromete de manera directa la imparcialidad que requiere el proceso de remoción.
En tanto, el abogado Horacio Raguso advirtió hoy sobre un escenario alarmante de amedrentamiento generalizado. Al referirse a las pruebas añadidas recientemente por López Oronoz, las calificó de “impresionantes” y de una calidad técnica sobresaliente. “El clima está muy tenso, los vecinos están desgarrados con todo lo que está pasando en San Martín de los Andes”, lamentó el abogado.
Y sumó: “Yo suelo aparecer mucho en los medios de comunicación, soy muy conocido acá. Y a mí también me hicieron una llamadita diciéndome ‘Callate’. Y ayer a la noche le pegaron a Valeria y le dijeron lo mismo. Ese chico no actuó solo ni por sí mismo. Es muy grave lo que pasa acá en Neuquén”.
En un clima de creciente tensión, Saloniti deberá presentarse formalmente el próximo jueves ante el cuerpo legislativo local para realizar su descargo público.
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