En un debate caliente, la Corte Suprema escuchó la opinión de expertos sobre la ley de medios
Cinco representantes del Gobierno y cinco del Grupo Clarín expusieron ante el máximo tribunal, que convocó a un cuarto intermedio hasta mañana; duro discurso de Gils Carbó
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En un clima de tensión, la Corte Suprema de Justicia se convirtió hoy en escenario de un debate político y legal caliente: la discusión por la validez de cuatro artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
El máximo tribunal recibió a diez representantes, cinco por el Estado y cinco por el Grupo Clarín, en una audiencia pública .
El debate, que continuará mañana, es un paso previo a la resolución definitiva del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del Grupo Clarín sobre dos artículos de la ley de medios, sancionada hace casi cuatro años. Mañana será el turno de las partes para dar sus argumentos.
"La decisión del Tribunal es pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 10, cuando escucharemos a las partes y haremos las preguntas que tengamos preparadas", afirmó e presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
Cada representante dispuso de 15 minutos para exponer sobre los puntos de la norma que están en controversia: el límite a la cantidad de licencias, la utilización del espectro radioeléctrico, la posición dominante en el mercado de la TV de pago y, sobre todo, la cláusula de desinversión, que permanece todavía frenada judicialmente.
La audiencia comenzó con la presencia de todos los jueces de la Corte, pero durante el transcurso de la misma, Ricardo Zaffaroni y Carmen Argibay se retiraron de la sala. Zaffaroni escuchó a los dos primeros expositores y se fue.
Debate caliente
El representante del Observatorio Iberoamericano de la Democracia (OID), el venezolano Asdrubal Aguiar, calificó a los artículos de la Ley de Medios objetados por el grupo Clarín como "irrazonables", "arbitrarios", "ilegítimos" y "absurdos".
Para Aguiar, esos artículos de la normativa son "contradictorios con la normativa iberoamericana" establecida por la Organización de Estados Americanos y la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos.
El primer orador que expuso en representación del Estado fue el abogado Beinusz Szmukler, perteneciente a la Asociación Argentina de Juristas, quien reclamó a la Justicia que disponga "la plena" vigencia de la ley, ya que es "vergonzosa e injustificada la demora" de la aplicación de esa norma. Szmukler calificó de "monopolio" al grupo Clarín y lo acusó de "desinformar".
Luego fue el turno de Eduardo Oteiza, representante de la Organización de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, quien aseguró que en los Estados Unidos poner límites a la cantidad de licencias que poseen los medios "es inconstitucional".
La ley de medios fue aprobada en el Congreso en octubre de 2009, pero una medida cautelar otorgada a Clarín dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación, y, por esa razón, sigue trunca la aplicación plena de la norma.
"La Corte del Estado de Columbia consideró que el límite a la cantidad de licencias por operador era inconstitucional", señaló el orador. Y agregó: "La Corte de Estados Unidos dijo que la industria de la comunicación es dinámica en cambios tecnológicos por lo que normas aceptables hoy pueden no serlo dentro de diez años".
En tanto, la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout, aseguró que "el único que no respeta la ley es el grupo Clarín" y sostuvo que "la mayoría de los argentinos están absolutamente convencidos de que es necesaria" la nueva normativa.
En esa línea, el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Ruta, reclamó la vigencia plena de la ley por considerar que está en "juego la libertad fundamental y la democracia". Ruta, en representación del Estado, planteó: "Nos encontramos ante un dilema: o los poderes salvajes o las instituciones que dan garantías a los derechos".
En cambio, Luis Pardo, de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), consideró que la ley de medios "conculca derechos constitucionales" de los propietarios de emisoras y constituye un "grave retroceso" en materia de "libertad de expresión, pluralismo y diversidad".
Por su parte, el representante de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Carlos Laplacette, señaló que "el Congreso no puede dictar leyes para regular a la prensa".
El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, calificó hoy de "escandalosa dilación jurídica la paralización durante cuatro años" de la Ley de Medios y, a pesar de celebrar la búsqueda de "transparencia" que generó la audiencia convocada por la Corte Suprema para analizar la norma, calificó de "confusa redacción" el llamado a las partes.
Además, participaron la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que encabeza Cynthia Ottaviano, como amicus independiente, al igual que ocurrió con el Centro de Estudios en Derecho y Economía, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, representado por Juan Vicente Sola.
El cierre de la audiencia pública de hoy estuvo marcado por la exposición de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. "Le pido a la Corte que valore el peso relativo de los reales intereses de un grupo de no desinvertir y mantener la concentración mediática y otros intereses que tutelan los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la soberanía del pueblo", enfatizó.
Los amicus curiae
En el cuarto piso del edificio de Tribunales se escucharon las exposiciones de los amicus curiae (amigos de la Corte), que son terceros que supuestamente no tienen parte directa en el litigio. Mañana será el turno de las partes para dar sus argumentos.
En respaldo de la ley estuvieron el CELS, con Verbitsky y Gastón Chiller, y el patrocinio de Damián Loreti; la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), con Miguel Julio Rodríguez Villafañe; y las universidades nacionales de San Martín, con el rector Carlos Ruta y Eduardo Ratti; y de Lanús, con la rectora Ana Jaramillo, y Víctor Abramovich.
También la Asociación Argentina de Juristas, representada por Ernesto Moreau, con el patrocinio de Beinusz Szmukler y Claudia V. Rocca, con Szmukler como orador.
En tanto, por la postura del Grupo Clarín intervinieron la Asociación Internacional de Radiodifusión, con Héctor Amengual y el patrocinio de Gregorio Badeni; y el Comité del Consumidor (CODELCO), representada por Francisco Durand Casali y el patrocinio de Andrés Gil Domínguez.
También la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, con Eduardo Oteiza; Observatorio Iberoamericano de la Democracia-Asdrúbal Aguiar Aranguren, con el patrocinio de Carlos Laplacette y Adrúbal Aguiar como orador, y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), representada por Carlos Jornet, con Luis Pardo como orador y Lucas Grossman como abogado.
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