Autos de lujo, un privilegio del poder

Curiosos préstamos a los funcionarios
Hugo Alconada Mon
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26 de septiembre de 2010  

Cristina Kirchner se mueve en un Audi A8. ¿Valor de mercado? 155.000 dólares. Pero el auto no es de la Presidencia de la Nación ni de la Jefatura de Gabinete. El coche patente GKG 369 es "prestado". Lo mismo ocurre con ministros, secretarios de Estado e incluso algunos gobernadores y hasta intendentes. Se mueven en vehículos de cortesía, en los "autos del poder".

Aportados por empresas automotrices, concesionarias de servicios públicos o agencias, el servicio de "comodato" les permite a los funcionarios acceder a coches de alta gama, sin pagar un peso -ni siquiera el seguro, aunque a veces sí el mantenimiento-, pese a que la práctica genera dudas sobre su legalidad o, cuando menos, el debido respeto a la ley de ética pública.

Los ejemplos abundan y la práctica tiene sus antecedentes. En los años 80, los popes del alfonsinismo se movieron en Renault. Luego, el menemismo pasó por varias marcas, aún cuando su jefe máximo descolló con una Ferrari 348TB que un empresario italiano pretendió regalarle. Y Fernando de la Rúa optó por un Peugeot 607, que Adolfo Rodríguez Saa y Eduardo Duhalde esquivaron por cuestiones de cábala.

Ya en tiempos del kirchnerismo, Peugeot mantuvo su presencia. Como canciller, Rafael Bielsa también se movió en un Peugeot 607; el entonces ministro Aníbal Fernández, en un modelo 407 –patente EAP 562–, igual que su colega Julio De Vido, mientras que Ginés González García y el vocero presidencial Miguel Núñez accedieron a los Peugeot 406.

Algo se quebró, sin embargo, cuando el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, inició el expediente "Poder Ejecutivo Nacional s/supuestas irregularidades en el uso de automóviles por parte de miembros del PEN", que luego derivó en una denuncia penal por el supuesto uso indebido de esos rodados.

Ese uso indebido, según Garrido, podría configurar el posible delito de "dádivas", lo que ejemplificó con el vocero presidencial, Aunque entregados para "uso oficial", Núñez utilizó el vehículo con patente EKF 683 para irse de vacaciones a Cariló.

En el caso de De Vido, el Peugeot dominio EGX 929 ni siquiera era de la empresa automotriz, sino de la empresa concesionaria Autovía del Oeste, que por el pliego de contratación debía aportarle al Gobierno siete vehículos "para uso exclusivo de la supervisión" de su propio trabajo. Pero que, al menos uno –un 407XS Premium 2.2–, terminó en manos del ministro.

Su mano derecha en el ministerio, Roberto Baratta, accedió entonces a un modelo que hasta podría pensarse superior: Peugeot 407XT, Premium 3.0, con patente EIF 748. También de manos de una empresa concesionaria.

La investigación penal, sin embargo, quedó archivada tras varios pases de manos entre jueces y fiscales. Aun así, marcó un antes y un después. Tras dominar ese mercado entre 2001 y 2005 -cuando le prestó a Presidencia, jefaturas de Ezeiza y Aeroparque y varios organismos públicos más-, Peugeot se corrió a un costado, como también lo hicieron Ford y Renault.

Sin compensación

Sin decirlo de manera oficial, dentro de Peugeot dijeron a La Nacion que "el gesto de cortesía" y la "publicidad" inherente a que el poder se mueva con sus coches podían no compensar las sospechas sobre contraprestaciones indebidas que, remarcan, nunca existieron. En Francia, por lo pronto, el dilema se saldó de modo ecuánime. Allí, el presidente utiliza por turnos vehículos de las tres grandes marcas nacionales: Peugeot, Citroën y Renault.

Ante el retroceso de la multinacional francesa, no obstante, Volkswagen amplió su mercado, seguido por la japonesa Toyota. Mientras Ford prestaba cuatro vehículos al Estado Nacional entre 2003 y 2004, VW ya le había asignado trece coches, número que aumentó desde entonces. Quizá por eso, Fernández pasó de aquel Peugeot 406 a un 307 -dominio ECW 952-, y luego a un VW Passat -EGP 676-, que ahora también quedó atrás.

Desde VW aclaran, sin embargo, que se trata de una "práctica habitual" que abarca no sólo a funcionarios públicos, sino a "periodistas, artistas, deportistas, entidades públicas y privadas", y que responde a una "práctica de marketing" para posicionar a la marca en el sector de alta gama y prestigio.

Comodato y reserva

Ante la consulta de La Nacion, la compañía Volkswagen buscó disipar suspicacias. Por razones de confidencialidad evitó precisar la cantidad de vehículos en danza o quiénes son sus beneficiarios. Pero detalló que se entregan en comodato al Estado nacional, no a funcionarios en particular.

"Lo que debe quedarle claro es que no existe ningún beneficio para VW más allá de una eventual publicidad", remarcó un vocero. "Por el contrario, Volkswagen ayuda al Estado para que no gaste dinero público en compras de autos, ni en arreglos o alquileres. Y algo más: VW no pidió créditos del Estado para invertir en el país y paga impuestos como todos los demás".

Otros funcionarios prefieren cortar por lo sano y evitar a las automotrices para conducir. Es el caso del viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Castagneto, quien llegó a visitar al ex presidente Néstor Kirchner cuando estuvo internado en una camioneta Mitsubishi L200 -patente JEQ 262- que cuesta entre 130.000 y 180.000 pesos, según el modelo. Con afiches que lo promocionan para 2011 pegados a los costados, la 4x4 no es del Estado, ni tampoco suya. En el Registro Automotor figura a nombre de otras dos personas.

QUE DICE LA LEY

Código Penal. El Art. 259 castiga con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años al funcionario público "que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezcan en el ejercicio del cargo".

Ley de ética pública. El Art. 18 dice que "los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones".

Tratado internacional. La Convención de la ONU contra la Corrupción, aprobada por la ley 26.097, dispone que cada Estado adoptará las medidas legislativas necesarias "para tipificar como delito la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros, de bienes [...] o cualquier otra cosa de valor que se hayan conferido al funcionario en virtud de su cargo."

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