Vicentin: el Congreso ya avaló el decreto de Alberto Fernández que dió marcha atrás con la intervención

A sólo tres días de haber sido enviado al Congreso, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo avaló el decreto presidencial que deroga la intervención a la empresa Vicentin que había dispuesto el Gobierno, también por decreto, el 9 de junio pasado.

El oficialismo apuró el trámite y, en línea con el presidente Alberto Fernández, lanzó duras críticas al juez civil y comercial de ReconquistaFabián Lorenzini –al frente del concurso de acreedores- porque no se dio a conocer aún el pasivo real de la compañía. La oposición de Juntos por el Cambio refutó los cuestionamientos y enfatizó que el decreto de intervención era inconstitucional porque violaba la división de poderes.

"Desde que se decretó la intervención de la empresa hubo muchas medidas de obstrucción que no permitieron que la intervención se pueda desarrollar con normalidad", arrancó el diputado oficialista Marcos Cleri, presidente de la comisión, quien cuestionó que aún no se haya dado a conocer el balance de 2019 de la compañía. Asimismo, el legislador justificó la intención del Gobierno de intervenir Vicentin, iniciativa que fue frustrada por el juez Lorenzini. "Lo que se buscó realizar es poder llevar tranquilidad y certeza a acreedores de la empresa que está concursada y que está en cesación de pago desde el 4 de diciembre de 2019", dijo.

La oposición acompañó la derogación del decreto presidencial de intervención de Vicentin, que pretendía ser un primer paso en el camino hacia la expropiación de la empresa. El Gobierno decidió dar marcha atrás luego de una ola de protestas no sólo en Santa Fe, sino también banderazos en todo el país.

El diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) enfatizó que el decreto de intervención era ilegal e inconstitucional. "La intervención a una empresa privada sólo puede ser dispuesta por un juez; ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen facultades para ello. Este decreto era una clara violación a la división de poderes, un avasallamiento", asestó.

"El Gobierno no deja de exhibir su vocación por entrometerse en atribuciones de otro poder y metiéndose en una causa de un juez provincial, un absurdo. ¿No era más fácil decir 'nos equivocamos'?", cuestionó el radical Gustavo Menna.

Plazos vencidos

Por su parte, el mendocino Luis Petri insistió en que, con el decreto, "lo que se violó fue el federalismo". Además, el diputado radical cuestionó la labor de Cleri como presidente de la comisión. "Los DNU no son tratados sistemática y cronológicamente por esta comisión sino discrecionalmente por los designios de quien ejerce la presidencia. El decreto de intervención de Vicentin, de junio pasado, nunca fue puesto a consideración de esta comisión. Tampoco se ha discutido aún el decreto que prorroga la suspensión de la movilidad jubilatoria, del 17 de junio pasado. Los plazos están todos vencidos", enfatizó.

Sobre el final, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, impulsora en su momento de la expropiación de Vicentin, justificó ahora que se dé marcha atrás con la intervención. De todas maneras, advirtió sobre la evolución del concurso de la empresa. "Ocurrieron acontecimientos durante este mes y medio –enfatizó-. A lo largo de este tiempo el proceso de vaciamiento de la firma Vicentin ha sido escandaloso, sumado al desprendimiento de los asociados de sus bienes privados."