Avalan el ascenso de 173 militares

Después de los tironeos políticos que frustraron la sesión de anteanoche, el Senado finalmente pudo aprobar ayer el ascenso de 173 militares solicitados con insistencia por el Poder Ejecutivo.

Los legisladores dieron luz verde a 11 de los 16 pliegos objetados por organismos de derechos humanos por su acción durante la dictadura militar y dilataron para febrero próximo el tratamiento de los cinco integrantes de las Fuerzas Armadas más comprometidos.

También convalidaron una mejora en el escalafón para cuatro oficiales que fueron sancionados por no acatar ordenes durante el alzamiento carapintada de Semana Santa, en 1987. Seis senadores votaron en contra de esta mejora.

La senadora Silvia Sapag (Movimiento Popular Neuquino) fue la única que se opuso a dar un beneficio a los once oficiales cuestionados.

Los ascensos suspendidos pertenecen a tres hombres del Ejército y a dos de la Armada: los tenientes coroneles Oscar Vaquero y Virgilio Moschino, al coronel Hugo Casela y a los capitanes de fragata Edgardo Rodríguez y Carlos Anzoátegui. La sesión de ayer se desarrolló en un clima tranquilo, pese a que el día anterior peronistas y radicales se habían trenzado en una pelea política que empantanó el debate de este trámite.

Todo se complicó cuando los senadores recibieron una carta de la viceministra del Interior, Nilda Garré, en la que los exhortaba a denegar las promociones sospechadas. La postura de la funcionaria se contradice con el decreto firmado por el presidente Fernando de la Rúa, en el que solicita la aprobación de estos ascensos.

Oficialismo y oposición criticaron por igual a Garré en el recinto, mientras que el PJ propuso dilatar unos meses la sanción de los acuerdos con la evidente intención política de marcar las grietas abiertas en la coalición gobernante.

Una llamada telefónica del presidente Fernando de la Rúa al jefe del bloque del PJ, José Luis Gioja (San Juan), logró acortar los tiempos y resolver el conflicto en apenas un día. El jefe del Estado directamente desautorizó a su funcionaria.

El ministro del Interior, Federico Storani, también remitió una nota a los legisladores en la que consideraba "personal" la opinión de su subordinada.

En la sesión de ayer, Garré casi no fue mencionada. Apenas una pocas alusiones del senador Ricardo Branda (PJ-Formosa), al recordar que la viceministra había utilizado "membretes oficiales".

Los ascensos fueron votados uno por uno. La Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Diana Conti, así como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), habían objetado 16 pliegos por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Esta información no convenció a los senadores, que decidieron avanzar con la aprobación de once pliegos y dejar los restantes para más adelante. "Era muy endeble, no tenía sustento", dijo un senador del peronismo.

Estudios minuciosos

El presidente de la Comisión de Acuerdos, Horacio Zalazar (Chaco), explicó que los acuerdos demorados correspondían "a los militares de los que no tenemos toda la información".

Los senadores Jorge Villaverde (PJ-Buenos Aires) y José Antonio Romero Feris (Autonomista de Corrientes) agregaron que los ascensos "habían sido puntillosamente estudiados".

Los ascensos de los tenientes coroneles Luis Candia, Daniel Oneto, Jorge Daura y Juan Cáceres, vinculados con el alzamiento carapintada, mereció un capítulo aparte. Seis legisladores se opusieron a estos acuerdos por considerar que el comportamiento de los militares todavía les generaba dudas, pese a la explicación del Ejército de que la fuerza ya había sido depurada y los culpables, castigados.

Estos senadores fueron Carlos Verna (PJ-La Pampa), Beatriz Raijer (PJ-Córdoba), Carlos Segnese (PJ-San Luis), Pedro Del Piero (Frepaso-Capital) y los disidentes peronistas Alberto Rodríguez Saa (San Luis) y Daniel Varizat (Santa Cruz). Gioja se abstuvo. "Tengo dudas y siempre que he tenido dudas he votado negativamente", sintetizó Verna.

La Comisión de Acuerdos tenía previsto citar a los militares carapintadas para escuchar su descargo, pero el Ejército informó que "por razones operativas" (estaban prestando servicio en el interior del país) no iban a poder concurrir al Senado.

"Estas objeciones no fueron tenidas en cuenta por la comisión -explicó Zalazar- porque los que fueron carapintadas estuvieron o están presos actualmente. Los que son culpables están cumpliendo su castigo."

Raúl Galván (UCR-La Rioja) adhirió a este razonamiento al recordar que "hubo un proceso legal en las esferas del Poder Judicial normal y también en el militar, donde hubo procesados y condenados".

Hoy, mensaje de Brinzoni

El jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, convocará hoy a "construir entre todos un país sin odios, sin resentimientos ni injustas recriminaciones".

Lo hará en la Dirección de Arsenales Buenos Aires, avenida Rolón 1445, de Boulogne, donde recordará el 25º aniversario del ataque al Batallón de Arsenales 601 Coronel Domingo Viejobueno, ocurrido el 23 de diciembre de 1975, por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo.

En ese ataque murieron el capitán Luis Petruzzi, el teniente primero José Spinassi, el sargento ayudante Roque Cisterna y los soldados Roberto Caballero, Benito Ruffolo y Raúl Sessa.

Según el ERP, sus bajas ascendieron a 22 militantes y 23 desaparecidos, en tanto que informaciones periodísticas de la época sostienen que en el episodio murieron 160 personas, entre militares, guerrilleros y civiles.

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