Axel Kicillof demora los decretos para nombrar a unos 40 jueces que ya votó el Senado

El gobernador bonaerense Axel Kicillof está sentado sobre los pliegos de unos 40 funcionarios judiciales de la Provincia (jueces, fiscales, defensores oficiales) que fueron aprobados por el Senado el 10 de septiembre pasado. Para que puedan empezar a trabajar, solo falta la firma del mandatario en los decretos de nombramiento respectivos, un requisito indispensable para cerrar el proceso de designación y asunción.

Pero la firma no llega. Según fuentes oficiales, "no es un tema prioritario" en la agenda de Kicillof, que quiere revisar las designaciones "pliego por pliego" antes de estampar la rúbrica habilitante. Eso supone, explican en La Plata, que algunos nombramientos pueden pasar el "filtro" del Ejecutivo y otros probablemente no lo hagan y los cargos que fueron concursados quedarán sin ocupar.

La demora se debe, sobre todo, a que los pliegos en cuestión no fueron enviados al Senado por Kicillof sino por su antecesora, María Eugenia Vidal, poco antes de dejar la gobernación. El actual mandatario intentó retirarlos para mandar un menú de candidatos a jueces con su visado final, pero la oposición hizo valer su número mayoritario en la Cámara alta y, no solo le negó la remisión de los pliegos, sino que avanzó en la aprobación de los mismos, que ya tenían estado parlamentario.

A Kicillof no le cierra: serían jueces que eligió Vidal y no él de la terna que, en su momento, elevó el Consejo de la Magistratura provincial al Poder Ejecutivo.

Que Kicillof intente voltear algunas designaciones de jueces votados por la Legislatura es una situación prácticamente inédita en la Provincia: solo hay un antecedente recordado en el que un pliego de un juez aprobado por el Senado no fue avalado por el gobernador de turno.

Sucedió en octubre de 2003, cuando Felipe Solá gobernaba la Provincia y la mayoría justicialista de ese entonces en la Cámara alta aprobó el pliego de un camarista penal de Lomas de Zamora, Héctor de Castelli, para integrar la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia.

De Castelli estaba acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su actuación como juez en un caso en el que se investigó un probable gatillo fácil policial en la muerte de un joven. La madre de la víctima fue la promotora de la denuncia. Solá, en vez de firmar su nombramiento luego del aval legislativo, rubricó un decreto en el que "resignó" la designación.

Aunque apeló administrativa y judicialmente, De Castelli nunca asumió. La Suprema Corte de Justicia diría años después que la firma del gobernador es la escala definitiva y vinculante de todo el proceso de nombramiento de un juez, no el Senado. De eso se agarra Axel ahora.

Una de las cosas que hace más ruido en La Plata es que Kicillof viene durmiendo los nombramientos mientras que, paralelamente, crece el reclamo del Poder Judicial para que sean ocupadas las muchas vacantes que existen en el sistema de Justicia de la Provincia.

Queja de la Corte

Ya en junio pasado, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires elevó al Poder Ejecutivo un contundente informe respecto de las vacancias: "Es la cifra más alta registrada históricamente", dijo el Tribunal, subrayando que está en riesgo la prestación del servicio de justicia.

Hace semanas, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense realizó un relevamiento entre los representantes de la veintena de departamentos judiciales de la Provincia que fue lapidario: "Se identificó un número próximo a las 600 vacantes en el sistema", concluyó.

La consecuencia más inmediata de esto es que "impacta de manera negativa en el derecho a la debida administración de justicia que la Constitución le reconoce a la ciudadanía", expresaron. También repercute notablemente sobre la carga laboral de los actuales jueces, que en muchas ocasiones tienen a cargo más de un tribunal. Son algunas de las razones que explican los interminables tiempos de los expedientes de todos los fueros.

De hecho, ese organismo elaboró un anteproyecto de ley para declarar en emergencia provincial al Poder Judicial "hasta el 9 de diciembre de 2023", fecha en que culmina el mandato de Kicillof.

Dominio opositor

Lo dicho: hubo mucha controversia en la aprobación legislativa de los pliegos judiciales que están a la firma de Kicillof.

Es que el Senado es dominado por Juntos por el Cambio, que hizo valer su número para aprobar un paquete de candidatos que había enviado Vidal antes de irse y sabiendo que, una vez en la oposición, su partido tendría la llave legislativa para habilitarlos. Lo curioso es que a ella le había sucedido lo mismo que a Kicillof porque, antes de dejar la gobernación en 2015, Daniel Scioli también había enviado pliegos judiciales. Pero aquella vez, Vidal logró que la Legislatura los devolviera.

Según trascendió, el gobierno de Kicillof objeta algunos de los nombres que fueron aprobados hace más de dos meses. El motivo: se los consideraría cercanos, de alguna u otra manera, al Procurador General ante la Suprema Corte, Julio Conte Grand, el jefe de los fiscales provinciales que designó Vidal y que este año resistió una presión inicial del peronismo para dejar el cargo. Como no piensa renunciar, solo el Senado podría removerlo y allí manda Juntos por el Cambio, que claramente lo respalda porque lo considera un hombre propio.

De los 40 jueces que están en el limbo administrativo, serían unos 20 los "vetados" por Axel. En especial, algunos que concursaron para cargos en el Departamento Judicial Lomas de Zamora, en el recientemente inaugurado Avellaneda-Lanús y, sobre todo, quien fue aprobado en el Senado para ocupar uno de los sillones vacantes en la estratégica Cámara de Casación Penal de la Provincia.

Se trata de Francisco Pont Vergés, actual secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración. Es un protegido de Conte Grand y acaso el único de todos los pliegos aprobados que realmente le interesa a Juntos por el Cambio.

En el gobierno están reuniendo argumentos para bochar esa designación: hay una investigación judicial abierta, aparentemente posterior a que su pliego fuera enviado, en la que se le endilga a Pont Vergés un rol muy vidrioso en la investigación de un caso de tortura en el Servicio Penitenciario. Podría ser el argumento que busque el gobernador para "resignar" el nombramiento.

En rigor, el macrismo/vidalismo intentó una negociación política legislativa en septiembre, que consistía en avanzar con algunos pliegos enviados por Vidal y resignar otros lugares en función de las sugerencias del peronismo. Pero la rigidez del gobernador respecto de retirar todos ellos para reevaluarlos, dinamitó las charlas.

Demorando la firma para que se efectivicen los nombramientos judiciales, Kicillof no está haciendo algo ilegal. Puede tomarse el tiempo que crea necesario para analizar los pliegos y, de hecho, hay casos de jueces votados por el Senado que el gobernador de turno nunca habilitó para asumir pero que tampoco "resignó" o "rechazó" vía decreto. El problema para él, coinciden juristas consultados, es que para voltear las designaciones debería encontrar un argumento constitucionalmente sólido en cada uno de los casos.