Bullrich y Pullaro, la dupla singular que enfrenta juntos el narcotráfico, pero compite en la política

ROSARIO.-“¿Dónde tienen a los tres presos?”, inquirió la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, con tono enérgico y voz apenas audible por el ruido del helicóptero en vuelo. “¿Tres? Está mal informada. Nosotros tenemos uno; los otros dos, no sabemos”, le contestó, firme, el entonces joven ministro de Seguridad del gobierno socialista santafesino, en aquel enero de 2016 en el que la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez ocupaba las primeras planas de portales y noticieros de tevé.

Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, los protagonistas de aquel tenso diálogo que tuvo como testigo a la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, pertenecen, como entonces pero nueve años después, espacios políticos diferentes, aunque son hoy socios circunstanciales con un objetivo en común: la lucha contra el narcotráfico, que con epicentro en esta ciudad, viene sembrando violencia y un trágico saldo de centenares de muertos en las últimas décadas.

La ministra de Seguridad ocupa actualmente el mismo cargo que entonces, pero lejos de Macri, en el gobierno libertario de Javier Milei, que hace de la seguridad y el control de la calle uno de sus pilares fundamentales. Pullaro, de origen radical, es el gobernador de Santa Fe, y a la cabeza de una variopinta coalición tiene al combate contra las bandas narco-y la vertiginosa baja de homicidios en poco más de un año es una de las cartas en su favor para las elecciones de este domingo, en el que se elegirán convencionales constituyentes para reformar la carta magna provincial.

“No diría que son amigos, pero sí que hay una buena relación; en todo lo que se refiere a la gestión hay sintonía plena”, cuentan a LA NACION desde el Ministerio de Seguridad. “Hablé este miércoles con la ministra, tenemos un diálogo permanente, está bien que ella tenga y apoye a sus candidatos”, dijo el gobernador Pullaro en una entrevista televisiva, horas antes del cierre de la campaña. “Cuidamos un montón ese vínculo”, tercian desde la intendencia de Rosario que encabeza Pablo Javkin, aliado político de Pullaro, y que desde hace poco más de un año respira aires de mayor tranquilidad luego de años en que la ciudad se transformó en la más peligrosa del país. Su noche más oscura la vivió bajo el “reinado” violento de Los Monos, Alvarado y El Peruano, entre las bandas de mayor renombre en la zona.

Los logros, coinciden desde ambos sectores, son concluyentes, 16 meses después de que Bullrich y Pullaro anunciaran juntos el denominado Plan Bandera de combate a la inseguridad y el narcotráfico en ocho barrios conflictivos de Rosario. Los homicidios bajaron de manera vertical desde las 290 muertes en 2023, a 90 en 2024, y la baja fue aún mayor, de casi un 74 por ciento en las zonas más complicadas de la ciudad. Hace sólo un año, suele recordar Javkin, la ciudad quedó virtualmente paralizada por los asesinatos a sangre fría y en cadena, de cuatro trabajadores (dos taxistas, un colectivero, un empleado de una estación de servicio) hechos atribuidos en voz baja a los Alvarado, cuyo cabecilla habría protestado de ese modo por sus estrictas condiciones de detención.

¿Cómo hicieron para modificar esa situación en tan solo un año, una situación que ni los tres gobiernos socialistas ni el del peronista Omar Perotti pudieron siquiera atenuar? “Es bastante sencillo, tal vez no se quería ver. La mayoría de los asesinatos eran ordenados desde las cárceles. Nos pusimos firmes con las condiciones de detención de los jefes, y eso influyó”, cuentan cerca de Pullaro, un “militante experto en seguridad” como lo define un estrecho colaborador.

Desde la intendencia rosarina coinciden en la visión, y agregan otros hitos que permitieron un “combate frontal” contra el delito narco, como la ley de narcomenudeo, que permitió perseguir a través de la justicia provincial a los narcotraficantes menores; cambios en la Justicia Federal y la ley de Inteligencia, sobre todo el cambio del sistema acusatorio federal impulsado por el gobierno de Milei. “Cambiamos 27 leyes en Justicia y Seguridad, coinciden en el gobierno santafesino y el edificio de la intendencia.

Claro que, entre tanto acuerdo general, también hay matices. Cerca de Bullrich sugieren que “a Patricia le gustaría que se reconozca mucho más lo que ella hizo para calmar las aguas en Rosario”. Recuerdan que hay 3000 agentes de las cuatro fuerzas federales, 1500 en Rosario, que se quedaron a vivir de modo permanente y están trabajando en las “zonas calientes” desde marzo del año pasado. “Cuando estuvo complicado, estuvimos. Cada uno representa otra cosa, pero eso no interfiere en nada”, concluyen cerca de Bullrich, que tiene a Federico Angelini, exdiputado Pro y hoy subsecretario de Intervención Federal de su ministerio, como “enlace” con las autoridades provinciales. Cerca de Pullaro sostienen que “la influencia de las fuerzas federales se da en una porción pequeña del territorio”, y afirman que “Bullrich reconoció que la jefatura del comando unificado contra el narco la tiene el gobernador”, aunque reconocen que el “efecto disuasivo” de las fuerzas federales en la zona positivo, y se resisten a entrar en polémica con la ministra de Seguridad.

Miradas similares

Más allá de estas diferencias-atribuibles, además, a que representan dos espacios políticos que compiten entre sí-Bullrich y Pullaro comparten una mirada similar sobre las formas de combatir y penar la delincuencia narco. “Si una persona mata, o manda a matar, y es condenada por nuevos delitos aún desde la cárcel, tenés que ser duro, porque si comete delitos cuando está preso, eso ya es responsabilidad del Estado”, razona en diálogo con La Nacion uno de los hombres clave del gabinete de Pullaro. “Estamos decididos a liberar Rosario definitivamente”, planteó Bullrich en marzo 2024, cuando los asesinatos en cadena conmovían a la opinión pública.

Desde la oposición, dirigentes kirchneristas como Juan Monteverde califican de “inexplicable” la dramática baja de la violencia en tan sólo un año. Afirman que la ley de narcomenudeo vigente impide a la justicia provincial abordar la responsabilidad de los líderes de las bandas y sus socios civiles, y que “faltan reformas de fondo”, como la de la policía provincial.

Ajenos a las críticas, con camisetas diferentes, Pullaro y la ministra convergen hoy en una estrategia común. Ambos ruegan que la violencia narco no vuelva, más temprano que tarde, a dejar su horrorosa marca en la sociedad rosarina.

Por Jaime Rosemberg

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