
Buscan evitar el fraude electoral
El Gobierno licitará el recuento electrónico de votos, que costará alrededor de $ 25 millones; hay dos empresas interesadas.
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El Gobierno no quiere que los comicios del 24 de octubre próximo, en los que será elegido el sucesor del presidente Carlos Menem, se vean empañados por sospechas de fraude.
Alertado por las irregularidades denunciadas en elecciones provinciales, como las de Tucumán, el ministro del Interior, Carlos Corach, instruyó a funcionarios de su cartera para que instrumenten un sistema de recuento de votos que permita "seguridad y celeridad" en la difusión de los resultados.
Esta función estará a cargo de una empresa privada y costará alrededor de 25 millones de pesos. El costo total de las elecciones (incluidos los aportes estatales a los partidos políticos, la infraestructura y el operativo de seguridad) se estima en alrededor de $ 60 millones.
La semana última, Liliana Gurdulich de Correa, funcionaria del Ministerio del Interior encargada de organizar los aspectos operativos del escrutinio, recibió la orden de prestar especial atención a los detalles que hagan a la transparencia de los comicios. Como subsecretaria de Asuntos Institucionales, tiene la responsabilidad del procedimiento electoral.
Esta tarea incluye la impresión de los padrones, el despliegue de todo el material electoral en los diferentes centros de votación y la contratación de la empresa informática que realizará el recuento electrónico de los votos.
Para realizar esta última tarea, el Gobierno convocó un concurso público nacional e internacional. El pliego de bases y condiciones ya está listo para su publicación; sólo falta la orden de Corach, dijo una fuente del Ministerio del Interior.
El retraso, afirmó, se debe al interés que el ministro tiene por garantizar la "prolijidad" de las elecciones, por lo que instruyó a Gurdulich de Correa para que recoja opiniones entre las diferentes fuerzas políticas. "La noche del 24 de octubre tenemos que saber si va a haber segunda vuelta o no", explicaron en la cartera política.
Velocidad
Uno de los sistemas analizados para garantizar la celeridad en la difusión de los resultados es la transmisión electrónica del recuento de votos desde cada una de las mesas. En las últimas elecciones nacionales, las legislativas de 1997, se utilizaron telegramas.
Todos esos detalles quedarán develados cuando el Gobierno finalmente difunda las condiciones de la licitación que, afirman en la cartera de Corach, sería en el curso de esta semana.
Sólo entonces las empresas interesadas en ocuparse del escrutinio electrónico podrán presentar sus ofertas.
Pese a que el negocio es interesante (la factura podría ascender a $ 25 millones), no son muchas las empresas que pueden y quieren realizarlo.
"Trabajar en elecciones es un riesgo muy grande que muchos no están dispuestos a afrontar", explicó el gerente de una empresa informática. La clave, dijo, es estar muy seguro de que el sistema informático no tenga fallas. Es la única manera de contrarrestar la denuncia de un candidato perdedor. Siemens-Itrón e Indra son dos empresas que se presentarían a la licitación.
La primera es concesionaria de la informatización de los controles fronterizos, de la expedición de los nuevos DNI y de la confección de los padrones electorales. Estas dos últimas tareas corren por cuerdas separadas respecto de la red informática del escrutinio.
Recientemente privatizada por el gobierno español, Indra tuvo a su cargo el escrutinio informatizado de los comicios nacionales de 1997, por los que recibió alrededor de US$ 13 millones. También se encargó de las elecciones internas abiertas en que la Alianza eligió a su candidato presidencial, Fernando de la Rúa, en noviembre último. Según fuentes del partido, Indra cobró $ 600.000.
"Estamos como locos esperando el pliego de licitación", se sinceró Enrique Colomer, vicepresidente ejecutivo de la empresa.
Antihackers
Consultado acerca de la posibilidad de fraude, Colomer dijo que Indra utiliza programas informáticos especiales, denominados "cortafuegos". De esta manera, impiden que los hackers (especialistas en violar sistemas informáticos) ingresen en la red donde se computan los votos y puedan alterar los resultados.
La Argentina vivió algo cercano a eso el 23 de septiembre de 1995, en las elecciones a gobernador santafecinas. A las 20.30 de ese día, el sistema informático de recuento de votos dejó de funcionar. Hubo que esperar hasta noviembre para confirmar que Jorge Obeid había resultado ganador.
Estos antecedentes harán que en la licitación para las próximas elecciones se juzgue no sólo la oferta económica, sino también la capacidad técnica. Por caso, en los últimos comicios venezolanos, en los que triunfó Hugo Chávez, la frágil situación política motivó que la empresa encargada del escrutinio tuviese que instalar urnas electrónicas que leían la boleta apenas era depositada por el elector.
La razón de semejante tecnología era ahorrar tiempo en la difusión de los resultados y evitar que la incertidumbre electoral resquebrajase la frágil democracia de Venezuela.
En la Argentina, afirman los especialistas, no hace falta tanta rapidez. Lo que sí será fundamental, dicen, es la transparencia.



