Candidatos prófugos, presos y con cuentas pendientes en la Justicia

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- Las elecciones en esta provincia reúnen a candidatos que intentarán seguir en un cargo público pese a estar procesados, sentenciados e, incluso, haber pasado días en prisión. Algunos intendentes apuestan a seguir en sus puestos o a desembarcar en el Poder Legislativo, dado que ya estuvieron ocho años en el cargo y la Constitución local impide la re-reelección.

La mayoría de las causas judiciales en contra de los caudillos son por presuntas irregularidades en el manejo de las regalías mineras, que les envía el gobierno de la provincia. Tal vez la maniobra más frecuente, advertida por el Tribunal de Cuentas, sea el uso de esos fondos para gastos corrientes. La ley 5128 especifica que esos recursos financiarán obras para el desarrollo económico.

Pese a las impugnaciones, cinco jefes comunales con problemas judiciales competirán en los comicios. Daniel Polti, de la localidad turística Recreo, es uno de los intendentes más complicados. Asumió en 2007 por el Frente para la Victoria y busca seguir en el poder. El 30 de diciembre último, la justicia penal lo condenó a tres años de prisión condicional por encontrarlo responsable del aborto seguido de muerte de Nancy Verónica Ibañez, de 22 años. Polti, ginecólogo, interrumpió su embarazo en la Nueva Clínica el 27 de enero de 2007. La mujer falleció el 3 de febrero de una sepsis como consecuencia del aborto. Tiene otra causa pendiente, también por aborto, y se le aproxima el juicio oral. Si llegara a ser condenado de nuevo, debería cumplir la prisión en una cárcel.

Polti, además, fue suspendido en 2009 por el Concejo Deliberante por las presuntas irregularidades en el manejo de regalías mineras. El Tribunal de Cuentas detectó, en 2008, que ese municipio no gastó ni un peso en proyectos de inversión. Según el organismo de control, de los $ 2.039.200 utilizados como "uso transitorio" para financiar otros gastos se devolvieron $ 1.328.000.

Polti proclama tener la bendición del ministro del Interior, Florencio Randazzo, y de la candidata a gobernadora Lucía Corpacci, según el diario La Unión digital.

Otro caso es el de Mónica Hernández, intendenta de San José. En octubre de 2009 el Concejo Deliberante la suspendió por mal desempeño en sus funciones. La jefa comunal se resistió a dejar el cargo y fue desalojada de la sede municipal por orden judicial. En diciembre de ese año se pidió su prisión preventiva y estuvo prófuga durante tres meses. Tras ese período, pasó seis días en prisión. Tiene seis causas con pedidos de elevación a juicio. Y hoy se presenta para ser otra vez elegida por el Frente para la Victoria.

Auditoría

Cuando Hernández fue suspendida, el concejal Anacleto Marcial ordenó una auditoría en las cuentas del municipio que detectó presuntas irregularidades: entre ellas, la ejecución de proyectos que nunca habían pasado por el Tribunal de Cuentas. La auditoría, a la que tuvo acceso LA NACION, señala que la intendenta le pagó $ 300.000 a la empresa Franco SRL por la consultoría para la instalación de wi fi en esa localidad. Pero esa empresa, según la constancia de inscripción, se dedicaba a la venta por menor de productos farmacéuticos y de herboristería.

Durante 2007, el municipio recibió $ 6,5 millones de regalías mineras, de los cuales $ 1,3 millones fueron transferidos a gastos corrientes de la municipalidad y no fueron reintegrados para el uso que estipula la ley. El concejal Pedro Lagoria, del Movimiento de Acción Popular (MAP), dijo a La Nacion que la intendenta hizo figurar que se hicieron obras pero "no puso ni una piedra".

Hugo "Grillo" Avila perdió su reelección en 2007 y ahora apunta a volver a Tinogasta. También milita en el kirchnerismo. La fiscal de esa localidad, Silvia Alvarez, investiga el uso de las regalías e imputó a Avila por 30 hechos de presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En 2007, el actual intendente Simón Quintar inició una auditoría y detectó un faltante en la cuenta de las regalías mineras. En noviembre de 2009, la Justicia pidió la detención de Avila, quien estuvo preso algunos días junto a su secretaria de Hacienda, Rosa Muñoz.

Andalgalá y Belén son los dos municipios que más fondos recibieron de Minera Alumbrera, por ser los distritos más cercanos al yacimiento. Entre esos dos municipios se hicieron pagos por cerca de $ 22 millones. La comuna conducida por el kirchnerista José Perea gastó $ 15 millones, mientras que Daniel Ríos, del Frente Cívico y Social, usó casi $ 7 millones sin un proyecto productivo que justificara esos gastos, según el Tribunal de Cuentas. Ambos ya finalizaron dos mandatos y serán candidatos a senadores provinciales.

Por José Ignacio Sbrocco<br/>Para LA NACION

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