Caso Cuadernos | Las declaraciones de los arrepentidos que admitieron las coimas fueron aceptadas como prueba

Las declaraciones de los funcionarios del kirchnerismo que admitieron haber cobrado coimas y las de los empresarios que reconocieron haberlas pagado para mantener sus contratos de obra pública fueron incorporadas como prueba por el tribunal oral federal que juzgará a Cristina Kirchner junto con otros 73 imputados desde el 6 de noviembre. Aunque su validez se terminará de definir en el juicio oral.

La decisión la tomaron los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, que tienen a su cargo el caso de los Cuadernos, en una resolución de 244 páginas a la que accedió LA NACION.

Los jueces además convocaron para este viernes a una audiencia clave, donde los empresarios acusados de haber pagado sobornos ofrecerán algunos millones de dólares como reparación integral del daño provocado, a cambio de ser sobreseídos y no enfrentar el proceso.

La audiencia, que es pública, se hará por Zoom. Cada empresario y su abogado tendrán diez minutos, en total, para exponer y en las siguientes 48 horas deberán, por escrito, formalizar su oferta económica y su pretensión.

Claro que esta oferta que escucharán los jueces debe ser además analizada por la fiscal del juicio, Fabiana León, representante de los intereses de la sociedad en el proceso. La fiscal no anticipó su postura acerca de si admitiría o no este acuerdo.

La querella en este juicio, a cargo de la entidad antilavado del Gobierno, la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el otro acusador público, se opondrá a esta solución, que solo cabe en las normas para los empresarios y no para los funcionarios, dijeron fuentes del organismo que dirige el exfiscal Paul Starc.

La opinión de la fiscalía puede ser determinante para que se admita o rechace esta solución, que dejaría a los empresarios fuera del juicio.

La admisión de las actas con las declaraciones de los arrepentidos como evidencia en el juicio es una buena noticia para la acusación, aunque se debatirá su validez en el juicio oral. Pero la fiscalía ya tiene asegurada la prueba en cuanto a que los pagos se efectuaron.

Además, no solo cuenta con los cuadernos de las coimas, que ya fueron peritados y se determinó que los escribió el chofer Oscar Centeno, sino que además cuenta con las declaraciones del propio chofer, autor de esos escritos, y los relatos de los empresarios y funcionarios que aparecen allí, confesando los cobros y los pagos.

Al incorporar las declaraciones de los arrepentidos, se desactiva -en parte- la resistencia de los empresarios a confirmarlas en caso de que sean citados a declarar en el juicio.

Varios ya intentaron desdecirse ante el tribunal oral con el argumento de que fueron presionados por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli cuando realizaron estas declaraciones.

Pero en todos los casos, los jueces de instrucción, la Cámara Federal, el tribunal oral federal y la Cámara de Casación rechazaron sus quejas, porque cuando se hicieron esas declaraciones siempre estuvo presente el abogado defensor, que participó en el momento de la firma de estos acuerdos de imputados colaboradores.

Algunos dijeron que los pagos fueron forzados por las circunstancias, como en el caso de Techint, y otros dijeron que los pagos fueron aportes para la campaña electoral.

Ahora, en 244 páginas, los jueces del tribunal oral del caso Cuadernos enumeraron la prueba que se admitirá en el juicio y en uno de los párrafos señalaron: “Sin perjuicio de las oposiciones efectuadas por las defensas, incorpórense en forma completa los siguientes legajos de arrepentidos, conforme el art. 11 de la ley 27.304, quedando su utilidad probatoria, en definitiva, sujeta a la valoración que realicen las partes y el Tribunal en el debate”.

Y enumera una larga lista de 24 legajos de declaraciones de arrepentidos, a saber: Oscar Centeno (chofer y autor de los cuadernos), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Ángel Calcaterra (Iecsa), Héctor Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Armando Loson (Albanesi), Héctor Alberto Zabaleta (Techint), Carlos Wagner (expresidente de la Cámara de la Construcción), Jorge Neira (Electroingeniería), Claudio Glazman (Roggio), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Juan Chediack (expresidente de la Cámara de la Construcción), Claudio Uberti (exfuncionario del Ministerio de Planificación), Jorge Balan (Electroingeniería), Benjamín Romero, José López (exsecretario de Obras Públicas), Marcela Sztenberg, Patricio Gerbi, Gabriel Pedro Losi (LOSI S.A.), Alberto Taselli (empresario energético), Miguel Aznar, Francisco Valenti (Impsa), Enrique Pescarmona (Impsa), Víctor Fabián Gutiérrez (exsecretario de Cristina Kirchner), Rodolfo Armando Poblete y Ernesto Clarens (financista).

Todos estos legajos se incorporan con sus copias digitales al sistema LEX100, algunos con documentación y soportes ópticos.

Más allá de las incorporaciones de estos legajos, los empresarios acusados están todos pendientes de la audiencia del viernes. Allí, la mayoría realizará una oferta económica de reparación integral del daño a cambio de su sobreseimiento en este caso.

No se trata de una admisión de responsabilidad, sino de un acuerdo, que asegura que tendrán validez las declaraciones que pudieron haber hecho como arrepentidos y se aseguran cerrar el caso en lo que a ellos respecta.

El artículo 59 inciso 6 del Código Penal prevé las figuras de la conciliación y de la reparación integral. La conciliación implica que el acusado acuerde con la víctima y pague un dinero, con el aval de la fiscalía.

En este caso buscan que se aplique una reparación integral, pero la fiscalía entiende que su aprobación es indispensable para que prospere.

Los empresarios están pensando en ofertar una suma de dinero que se acerque al monto de los embargos que les impusieron en esta causa cuando fueron procesados.

Se habla de una reparación integral, en total, de unos 40 millones de dólares, lo que aseguraría el recupero de buena parte del dinero destinado a coimas.

Además, el juicio oral que hoy tiene 75 imputados y es un monstruo casi inmanejable, quedaría reducido a la mitad de los acusados, con lo que se tornaría más ágil.

Sin embargo, no todos tienen esta mirada. Fiscales federales ajenos a la causa que conversaron con LA NACION dijeron que no estarían de acuerdo con esta propuesta, pues no solo se trata de recuperar el monto del perjuicio, sino los daños provocados por el pago de los sobornos, una cifra superior a la que ofrecerían los empresarios.

El antecedente de Cúneo Libarona

Esta oferta económica que los empresarios ponen sobre la mesa tiene antecedentes. Cuando la causa de los Cuadernos de las Coimas estaba en sus albores, un audaz abogado se entrevistó con uno de los más experimentados fiscales federales y le propuso esta solución en nombre de uno de sus clientes.

El audaz abogado era el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El fiscal rechazó la idea y le propuso, en cambio, que su cliente firmara un juicio abreviado en el que admitiera su responsabilidad, acordara una pena en suspenso y pagara una reparación.

Pero Cúneo Libarona rechazó esta solución, ya que su cliente, como el resto de los empresarios, no podrían hacer más negocios con el Estado ni con particulares si arrastraran una condena, aunque fuera acordada con el fiscal.

Hay que ver si ahora una solución así puede prosperar.

Por Hernán Cappiello

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