Caso cuadernos: un juicio que puede ser una bisagra

El llamado “Juicio Cuadernos” que hoy comienza podrá o no ser calificado como un acontecimiento definitorio del modelo de país al que aspiramos, a la manera en que lo fue el paradigmático Juicio a los Comandantes de las Fuerzas Armadas por su rol en la implementación de un sistema represivo violatorio de los derechos humanos, de cuya conclusión se cumplen ya cuarenta años.

Sin duda lo es ya mismo, si computamos el valor simbólico que tiene que funcionarios que tuvieron en su momento las más altas responsabilidades (desde Cristina Fernández de Kirchner para abajo) estén obligadas a rendir cuenta de sus actos frente a un tribunal compuesto por jueces de Derecho. También lo es que la gama de imputados incluya a una gran cantidad de empresarios acusados de haber contribuido, mediante el pago de sobornos, al mantenimiento de un sistema que aseguraba su permanencia como beneficiaros de obras públicas que, según la acusación, se sostenía sobre la base de sobreprecios.

Sin duda las defensas dirán lo suyo, y ese es su derecho, pero nadie puede seriamente afirmar que este juicio importe alguna suerte de persecución sin fundamento alguno. Es que, para el ciudadano de a pie, ver el sometimiento a la justicia de personas que en algún momento (o aún todavía) detentaron importantes cuotas de poder en los ámbitos públicos y privados implica, ya eso solo, hacer realidad el principio cardinal del Estado de Derecho, que es el de igualdad ante la ley.

Pero dicho esto, la expresión “podrá o no ser una bisagra” utilizada al comienzo de esta columna responde a que resulta imprescindible evitar que este juicio se desnaturalice y se convierta en una suerte de miniserie de interminables temporadas, donde al final nadie recuerda ya en qué consistía su trama.

Por definición, un “juicio” cuya duración se extienda por espacio de varios años incumple con todas las notas de inmediatez, celeridad y razón de ser de la pena para quienes sean encontrados culpables. Y aquí, será básicamente responsabilidad de los jueces del tribunal y de los representantes de la Fiscalía hacer valer su autoridad para que los interrogatorios sean ágiles y las lecturas de piezas procesales se reduzcan a lo mínimo indispensable.

En tal sentido, no es una buena señal que casi todo lo que resta del año estará destinado la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Si bien es claro que los imputados deben tener conocimiento del hecho que se les imputa, no estamos –en el caso de ninguno de ellos— ante personas sin un suficiente nivel de educación y antecedentes profesionales como para no comprender el hecho sobre el que habrán de defenderse. Máxime cuando esos requerimientos ya los conocen con gran antelación, y es sobre la base de esas piezas que las defensas han tenido hace tiempo la oportunidad de ofrecer la prueba que intentarán hacer valer en juicio.

El rol que cumpla el presidente del tribunal será aquí decisivo, pues estará su cargo moderar el debate, ordenar solo las lecturas de piezas del expediente o pruebas que sean realmente necesarias y deberá desechar todo aquello que aparezca como una derivación impertinente, según el lenguaje de las normas que rigen el juicio. Las declaraciones indagatorias, según esa misma normativa, tienen que estar referidas a su defensa, debiendo el presidente impedir toda divagación.

Solo con un apego irrestricto a estos principios y bajo una conducción eficaz de los magistrados a su cargo, podrá lograrse que este juicio termine siendo un acto que sirva de ejemplo republicano, con independencia de quienes terminen condenados o absueltos.

Por Alejandro Carrió

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