César Milani fue absuelto por el beneficio de la duda, a pesar de que se comprobó que falseó su declaración jurada

A pesar de haber falseado su declaración jurada de bienes, el exjefe del Ejército César Milani logró la absolución en el juicio que se le siguió por enriquecimiento ilícito debido al beneficio de la duda y a que no había sido inicialmente acusado del delito de insertar datos falsos en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.

Los jueces Enrique Méndez Signori –autor del primer voto- y su colega Fernando Canero, que adhirió entendieron que había elementos de sospecha para juzgar a Milani, pero decidieron absolverlo porque dijeron que les quedan dudas sobre su culpabilidad.

Sin embargo, el tercer juez,, Germán Castelli, dijo que no caben dudas de que Milani falseó en dos ocasiones el contenido de su declaración jurada para impedir el control del Estado sobre su patrimonio. El magistrado propicio, en minoría, una condena a dos años de prisión en suspenso.

Así se supo ahora, cuando se difundieron los fundamentos del fallo que benefició a Milani tras el juicio oral y público que concluyó el 29 de septiembre pasado.

Milani llegó a juicio tras un informe del programa “Periodismo para todos” que reveló su nivel de vida y la casa en la que vive en La Horqueta, y tras las denuncias de la Oficina Anticorrupción, de Elisa Carrió, Gerardo Morales y Graciela Ocaña, entre otros, que señalaron que no podía justificar con sus ingresos la compra de esa propiedad.

Fundamentos del fallo

Los jueces, en su sentencia a la que accedió LA NACION dijeron que Milani fue juzgado por el incremento de su patrimonio de forma apreciable, ilícita e injustificadamente, a través de la adquisición de su casa de O’Higgins 3636, de San Isidro, por $1500.000 . El monto que no había podido justificar ascendía a 200.000 dólares.

Milani dijo que ese dinero se lo prestó su colega de la fuerza y amigo Eduardo Barreiro, que también estaba acusado en el juicio. La fiscalía no le creyó y sostuvo que se firmó un papel para simular un acuerdo de préstamo (mutuo) y, así, justificar esa suma de dinero. La acusación sostuvo, además, que un departamento en Belgrano, a nombre de Barreiro, en realidad fue siempre de Milani pero que lo puso a su nombre para justificar un ingreso de dinero luego del incremento patrimonial ocurrido antes con la compra de la casa de La Horqueta.

Para que se cometa el delito se debe no solo no justificar el incremento patrimonial sino haberse enriquecido ilícitamente, dijo el juez Mendez Signori. Y concluyó que la prueba no pudo despejar las dudas: “No me encuentro en condiciones de adoptar un temperamento condenatorio, en estricta aplicación del principio favor rei o in dubio pro reo”, expresó, es decir que la duda beneficia al imputado debido al principio de inocencia.

Dijo que la hipótesis de la fiscalía era atendible sobre la base de algunos indicios, pero no suficiente. El elemento decisivo para sostener que no hubo un engaño para justificar el dinero con el que compró la casa fue que entendió que efectivamente Barreiro le presto a Milani los 200.000 dólares y la firma del mutuo entre ambos no fue una simulación. Dijo que lo convenció el hecho de que cuando Milani terminó de pagar la deuda se firmó un acta ante un escribano, en 2010, antes de la denuncia penal y de la propia existencia de esta causa. Además Milani, en ocasión de un brindis en 2009 con sus camaradas de armas, agradeció a Barreiro por ese préstamo, coincidieron testigos en el juicio.

El magistrado Méndez Signori dijo que no podían acusar a Milani de insertar datos falsos en su declaración jurada, (de lo que no solo hay abundante evidencia, sino que lo mencionó el propio acusado en sus últimas palabras ante los jueces), porque se trata de un delito diferente, por el cual el militar no fue acusado por la fiscalía ni pudo defenderse.

“Más allá de algunas suspicacias que emergieron en el expediente judicial, en particular la información volcada por Milani en la declaración jurada sobre sus bienes de 2010, que en algún punto conmueven la transparencia y probidad exigida a los funcionarios públicos, el principio favor rei imposibilita a este tribunal a avanzar en una condena cuando las dudas planteadas no han sido disipadas definitivamente”, dijo Méndez Signori. Canero lo acompañó en su voto.

El juez Castelli coincidió con sus colegas en el beneficio de la duda, pero dijo que no había impedimento para castigar a Milani por haber falseado su declaración jurada de bienes en dos hechos diferentes. Hasta el propio Milani lo admitió cuando dijo a los jueces que pudo haber incurrido en “numerosas omisiones administrativas, omisiones en sus declaraciones juradas (algunas hasta inocentes), como no asentar el mutuo porque pensó que casi al mismo período fiscal, entraba a su patrimonio y salía (entró a fin del año 2009 y salió a fin del 2010)”.

Para Castelli no quedaron dudas de que había que condenar a Milani por haber omitido incorporar datos en su declración patrimonial de 2009 “con conocimiento y voluntad de manera maliciosa, esto es, con el fin de perturbar el control estatal de transparencia en la función pública”. Allí debió declarar el préstamo de Barreiro de 200.000 dólares. Y, además, dijo que cometió las mismas falsedades en la declaración de 2010, cuando dijo que compró en junio de ese año la casa de La Horqueta con la venta de un departamento en Belgrano, que se concretó recién en noviembre de 2010

Castelli dijo que la acusación de omisión maliciosa estuvo presente en todo el proceso desde las denuncias y que Milani se defendió de ellas en su indagatoria y ante el tribunal. Por eso propuso, en minoría, condenarlo.

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