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Citan a dentistas por fraude a la obra social de los judiciales
La Justicia pidió la indagatoria; empiezan a declarar a partir del 26 del actual
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LA NACIONGabriel Sued
El escándalo interesa de manera directa a jueces y fiscales. Once de los dentistas que habitualmente atendían a ellos y a sus familas deberán declarar como sospechosos de haber participado de un fraude millonario a la obra social del Poder Judicial.
Por pedido del fiscal federal Guillermo Marijuán, la jueza María Servini de Cubría los citó a indagatoria. La ronda de audiencia comenzará el 26 del mes actual y terminará el 11 del próximo.
Las irregularidades descubiertas consistían en la sobrefacturación o la invención de prestaciones por parte de un grupo de dentistas que, según declararon en una investigación interna de la obra social, actuaban en connivencia con funcionarios del organismo, a los que debían entregarles la mitad de lo recaudado.
La obra social del Poder Judicial tiene 76.000 afiliados. Brinda cobertura médica a todos los funcionarios y empleados de la justicia nacional, de la justicia porteña, del Ministerio Público, de la Defensoría General y del Consejo de la Magistratura, y a sus familiares.
Los funcionarios acusados son Eduardo Bazerque, que se desempeñaba como jefe y auditor de la sección odontológica, y Elsa Sosa, de la sección facturación. No bien LA NACION informó sobre la investigación, en julio pasado, fueron removidos de sus cargos.
A esos desplazamientos les siguieron los de los integrantes de la cúpula del organismo de la Corte Suprema. Debieron abandonar sus puestos Hugo Destouches, el director general de la obra social, y Enrique Ferrao, el subdirector administrativo.
También fueron removidos Marta Gargiulo, directora médica, y Raúl Podingo, ex director general del organismo y actual director general de Administración de la Corte Suprema. Podingo secunda a Nicolás Reyes, administrador general del máximo tribunal desde la época en que la Corte la presidía el menemista Julio Nazareno.
Pero ninguno de los funcionarios fue convocado aún a declaración indagatoria.
La dentista que inaugurará la ronda de audiencia es María Gabriela Pintado Rueda, uno de los odontólogos que reconocieron la maniobra. Según constancias de la causa, pasó de cobrar 26.500 pesos en 2005 a 439.000 pesos en 2006. En la investigación interna de la obra social dijo que el trato era que debían entregar el 50 por ciento de lo percibido por las prestaciones sobrefacturadas o inventadas a Sosa, que todos los meses pasaba por su consultorio.
INVESTIGACION
Bajo sospecha
- La jueza Servini de Cubría citó a indagatoria a once odontólogos, que declararán a partir del 26 de marzo.
- Son investigados por "inventar" prestaciones a la obra social del Poder Judicial, en connivencia con funcionarios del organismo.
- Actuaban en un universo de 76.000 afiliados, todos empleados judiciales, nacionales y porteños.
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