Claudia Bello acusó a Terragno de persecución

El escándalo parece no dar tregua a algunos ex funcionarios de la administración menemista. Después de la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, del ex titular del PAMI Víctor Alderete y del ex interventor de ATC Gerardo Sofovich, el turno le llegó ahora a quien fue titular de la Secretaría de la Función Pública, Claudia Bello.

La ex funcionaria, una de las "niñas mimadas" del menemismo, junto con Alsogaray y la ex titular del PAMI Matilde Menéndez, está sospechada de haber firmado una contratación directa con la empresa de publicidad Lautrec por un sobreprecio del ciento por ciento y de haber adquirido "chips" para detectar vinchucas a un precio diez veces superior.

Consultada por La Nación , Bello acusó a la Oficina Anticorrupción de "no saber cómo funciona el Estado", al tiempo que negó cualquier contratación directa. agregó que su cartera jamás podría haber comprado biosensores antivinchucas por una razón muy simple: un decreto de 1990 se lo impediría.

El director del Area de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, confirmó que la causa de Bello -junto con las de Alsogaray y de Alderete- será elevada a la Justicia esta semana.

Bello será denunciada por presunto manejo fraudulento de fondos públicos y de haber contratado servicios de publicidad con sobreprecios del ciento por ciento, una maniobra que le habría significado a su cartera, aseguran en el Gobierno, un gasto innecesario de más de 4 millones de pesos.

También se la denunciará por la supuesta venta de tecnología del Instituto Malbrán y del Conicet a dos empresas privadas, que luego habría sido adquirida por el Ministerio de Salud (en ese entonces comandado por Alberto Mazza) por un precio diez veces mayor.

Se trata de biosensores o "chips" para detectar vinchucas, que el Estado habría comprado a 240.000 pesos para luego recomprar a 2.400.000 pesos.

La ex funcionaria aseguró que las adquisiciones informáticas de ciencia y tecnología debieron ser controladas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, por ese entonces a cargo de Juan Carlos del Bello.

"Quizás en la Oficina Anticorrupción se confundieron Del Bello con Bello ", ironizó. Finalmente, acusó al jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, de perseguirla para tapar la destrucción de la secretaría que estuvo a su cargo.

"Terragno busca crear un gran globo de humo para tapar la desarticulación de la Secretaría de la Función Pública, la destrucción del área de tecnología de esa cartera y el despido de funcionarios de carrera." La empresa de publicidad contratada por la ex secretaria tuvo a su cargo la difusión de las medidas instrumentadas por Bello para prevenir el problema informático conocido como Y2K, o "efecto 2000".

"Es una contratación muy sospechosa", dijo a La Nación el titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Rafael Bielsa, luego de investigar el caso a pedido del subsecretario de la Gestión Pública, Leandro Popik. Según Bielsa, Bello habría acordado pagar 9.100.000 pesos a la empresa publicitaria sin fijar antes los "precios testigo" para el tipo de servicios.

Con el cambio de gobierno se descubrió que esos precios testigo no pasaban de los 4.965.000 pesos. Es decir, se trataría de un sobreprecio del ciento por ciento.

Según el informe de la Sigen:

• La contratación fue realizada "por renglón único". Esto significa que contrató "llave en mano" y, en un solo paso, un servicio global que incluía los rubros más diversos. Bello adjudicó a la misma empresa, en forma directa, la confección de cajas de cartón para transportar los folletos publicitarios, un servicio de fotografía por cinco días, "mailings" con bases de datos de empresas, grabación de videos explicativos sobre el efecto 2000, fletes de distribución y servicio de timbreo para repartir las cajas.
• Bello contrató esos servicios el 8 de octubre, aduciendo que se trataba de una medida de "urgencia" ante la inminente llegada de fin de año. Las medidas preventivas por el efecto 2000 habían comenzado dos años antes.
• La ex funcionaria también dio otra explicación para su apuro: dijo que no contaba en su presupuesto con fondos suficientes para financiar las medidas preventivas del efecto 2000. "Pero nunca había pedido esos fondos, y modificó las partidas in extremis", dijo Bielsa.

En la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción se guardan secretos bajo siete llaves. Al menos, así será hasta que su titular, Manuel Garrido, envíe cuatro de los cincuenta casos que investiga a la justicia federal, entre pasado mañana y el martes.

Se trata de los casos de la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, de los ex interventores del PAMI Víctor Alderete y de ATC Gerardo Sofovich, y de la también ex secretaria de la Función Pública Claudia Bello.

Alsogaray será denunciada por presuntos sobreprecios en la compra de materiales para refaccionar su despacho. Se trata de tabiques, que habrían sido pagados con fondos de un plan financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tal como anticipó La Nación anteayer, la oficina también presentará una denuncia penal contra Alderete, tras descubrir que entre las 96 cajas con documentos del PAMI que el ex funcionario se llevó a su casa habría un expediente interno en el que se detallaban irregularidades en contratos de ese organismo.

Según anticiparon altas fuentes del Gobierno, ese expediente podría implicar para Alderete una acusación por asociación ilícita.

Bello, por su parte, deberá demostrar ante la justicia federal que no admitió contrataciones directas y sobreprecios y Sofovich, finalmente, explicar cómo se gestó la deuda de 100 millones de pesos de ATC.

Por Gabriela Litre

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