
Cómo es el sistema de desclasificación de los documentos
Pueden solicitarlos Estados y ciudadanos Los archivos entregados a nuestro país forman parte del Proyecto Argentina Los pidieron la Argentina, Uruguay, las Abuelas de Plaza de Mayo y congresistas de EE.UU.
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Los documentos entregados por Estados Unidos sobre hechos ocurridos en este país en la última dictadura forman parte del Proyecto Argentina, uno de los ocho proyectos especiales de desclasificación de documentos del Departamento de Estado.
"La desclasificación se hizo en respuesta a una variedad de pedidos, incluso los de los gobiernos de la Argentina y del Uruguay, de las Abuelas de Plaza de Mayo y miembros del Congreso de los Estados Unidos", dijo a LA NACION Brooke Summers, vocero del Departamento de Estado.
"Esta acción responde a tratados de asistencia legal firmados con los gobiernos de la Argentina, Italia y España, relacionados con investigaciones criminales por violaciones a los derechos humanos", agregó la vocero.
La ley de acceso público de los Estados Unidos, o FOIA, que data de 1966 y fue perfeccionada en 1996, permite a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo solicitar la desclasificación de documentos de todos los organismos del Estado norteamericano.
Pero en el caso de los detenidos-desaparecidos esta ley presenta un problema: según la FOIA, por razones de privacidad sólo se puede acceder a documentación sobre una persona si ésta la solicita por escrito o, en su defecto, si se puede demostrar que la persona está muerta, a través de un certificado de defunción.
Para superar este escollo, a pedido de distintos representantes del Congreso norteamericano, el Departamento de Estado desclasificó, en la gestión de Bill Clinton, documentos sobre abusos a los derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Chile y, finalmente, en la Argentina.
Otros proyectos especiales de desclasificación de documentos del Departamento de Estado se refieren a la creación de la CIA (documentos de 1945 hasta 1950), el desaparecido diplomático sueco Raul Wallenberg (documentos de 1944 hasta 1993) y la aviadora y heroína americana Amelia Earhart, desaparecida en 1937 (documentos de 1974 a 1976).
La ley norteamericana hace distinciones entre documentos clasificados, de acuerdo con su sensibilidad. Permite a las agencias resguardar información considerada perjudicial al "interés nacional" de EE.UU. También protege cualquier información que revele o ayude a identificar agentes e informantes trabajando bajo identidad reservada. Y permite preservar información que "ponga en riesgo" la vida de alguna persona.
Cada agencia tiene un panel que revisa la documentación pedida y decide qué documentos pueden desclasificarse en su totalidad y cuáles parcialmente. Si no existe un pedido FOIA o un "proyecto especial" los documentos históricos tardan entre 25 y 30 años en ser desclasificados y se archivan en las bibliotecas presidenciales.
De Nixon a Galtieri
Actualmente se encuentra en pleno período de desclasificación la documentación referida al gobierno de Richard Nixon, uno de los presidentes más controvertidos de EE.UU.
Hay numerosas organizaciones no gubernamentales dedicadas a impulsar la desclasificación de documentos. La más conocida es National Security Archives, que colaboró con los organismos de derechos humanos de este país para el Proyecto Argentina.
En el Departamento de Estado funciona un comité asesor sobre documentación histórica, formado por reconocidos académicos. El comité produce informes anuales.
En el informe de 2002 el comité se quejó por la falta de colaboración de la CIA, que históricamente ha sido renuente a desclasificar documentos que describen operaciones clandestinas de esa agencia en otros países.
Los documentos desclasificados sobre la última dictadura argentina excluyen expresamente material de la CIA, que depende del Departamento de Estado. Tampoco incluyen documentos del Departamento de Defensa y su brazo de inteligencia, la Defense Intelligence Agency (DIA).
Según la vocero del Departamento de Estado, fue desclasificado el 84% del material revisado y 34 documentos se mantienen en secreto "por razones de seguridad nacional".
El material desclasificado consiste en un conjunto de cables diplomáticos, análisis políticos y entrevistas con víctimas de la represión. Un testimonio valiosísimo, pero parcial, de lo que Estados Unidos sabía y no sabía sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina entre 1975 y 1984.
"Los documentos hablan por sí mismos y esperamos que contribuyan a la verdad histórica", dijo la vocero del Departamento de Estado.
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