¿Cómo evitar que se vuelva una pócima venenosa?

La política requiere financiamiento, aquí y en toda democracia moderna. Pero, como plantean los expertos Kevin Casas y Daniel Zovatto, ese financiamiento puede asemejarse a la leche materna o a una pócima venenosa; nutrir y fortalecer o corromper y diezmar a quien la consume. ¿Cómo hacer para que el financiamiento no comprometa la autonomía de los representantes respecto del poder económico y no anule la equidad en la competencia? ¿Cómo hacer para evitar que a través de aportes a los partidos ingrese al sistema dinero proveniente de actividades ilícitas y organizaciones delictivas? Proveer esas respuestas es un gran desafío que tiene lugar a nivel global.

Convencidos de la importancia y la complejidad del tema, desde hace ya un año y medio iniciamos un proceso de discusión involucrando a los especialistas, las organizaciones de la sociedad civil, la Justicia y los partidos políticos. En este marco se fue delineando un amplio consenso respecto de las medidas necesarias para avanzar en materia de transparencia. Este consenso incluye, en primer lugar, la bancarización de los aportes que reciben los partidos políticos, a los fines de garantizar que pueda conocerse en forma fehaciente el origen de los fondos. Implica también la creación de un sistema de carga de información en tiempo real, para asegurar que los partidos registren con certeza lo que ingresa y egresa de su cuenta a medida que ello ocurre y no a través de un informe elaborado meses después de finalizada una campaña. Hay consenso también respecto del fracaso en la prohibición de los aportes empresarios establecida en 2009, en tanto dicha prohibición incrementó las donaciones en negro y a través de prestanombres. Por eso es conveniente habilitar estos aportes, a fin de darles visibilidad, pero estableciendo también topes rigurosos para evitar que una campaña sea financiada por un grupo de empresas.

Otro punto refiere a la equidad en la competencia. Durante muchos años los argentinos nos acostumbramos a que el aparato del Estado se utilizara para favorecer las candidaturas del partido al que pertenecen las autoridades del gobierno en ejercicio. Esto se acentuaba en los períodos electorales, promoviendo a los líderes y candidatos del partido gobernante y denostando a los opositores. Debemos terminar con esa práctica y, tal como lo prevén ya la mayor parte de las legislaciones latinoamericanas, sancionar el clientelismo, el aprovechamiento electoral de la pobreza.

La legitimidad del sistema democrático depende en gran medida de la transparencia que muestren los partidos políticos en el uso del dinero. Terminar con el financiamiento ilegal de la política es central para fortalecer nuestra democracia.

Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior de la Nación