Condenan a cuatro militares

PARANA.- La Justicia federal condenó ayer a cuatro militares y un médico por los delitos de robo de bebes y adulteración del estado civil durante la última dictadura.

Se trata de los militares Pascual Guerrieri, que deberá cumplir una pena de 14 años de prisión; Jorge Fariña y Juan Amelong (ambos condenados a 13 años) y Walter Pagano (11 años), por ser coautores responsables de los delitos que se le imputan, considerados de lesa humanidad.

Además, los jueces también condenaron al médico Juan Antonio Zaccaría, señalado partícipe necesario, y le impusieron una pena de cinco años de prisión.

A lo largo de dos meses, el tribunal escuchó testimonios que permitieron establecer que Raquel Negro, una militante de la organización Montoneros, fue trasladada del centro clandestino de detención denominado La Intermedia, en la autopista que une Rosario y Santa Fe, hacia el Hospital Militar de Paraná, donde dio a luz a dos niños -un varón y una mujer- en marzo de 1978.

Negro se encuentra aún desaparecida y, según el testimonio del ex agente civil del Ejército y principal testigo en el juicio, Eduardo Costanzo, vio el cuerpo de la mujer sin vida en la quinta familiar de Amelong. Agregó que el cadáver fue luego arrojado al río desde un avión.

En 2008 se pudo establecer que la melliza mujer nacida en cautiverio militar es Sabrina Gullino, una joven que hoy tiene 33 años y se constituyó en querellante, junto con su medio hermano y primogénito de Raquel Negro, Sebastián Alvarez.

En tanto, el paradero del hermano mellizo de Sabrina Gullino sigue siendo desconocido y, a partir de este juicio, se inició otra causa para buscar establecer su destino.

La sentencia

El tribunal estuvo integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos y dio por probado el robo de los menores.

Según el relato de los testigos, los militares Amelong y Pagano trasladaron a la niña a un orfanato de Rosario. De allí fue otorgada en adopción, en un trámite legal, al matrimonio de apellido Gullino, que acompañó a su hija adoptiva en todo el juicio.

El testigo Costanzo también aseguró en el juicio que 15 militantes fueron asesinados en La Intermedia, que funcionaba en una quinta que era propiedad de la familia Amelong.

Los querellantes habían pedido prisión perpetua para los procesados, mientras que los fiscales José Ignacio Candioti y Marina Herbel reclamaron penas de 11 a 14 años de prisión. El tribunal se volcó por el criterio del Ministerio Público Fiscal, aunque absolvió al agente Marino González, que también estuvo procesado.

Los condenados pidieron no estar presentes en la sala al momento de la lectura del fallo. El tribunal dispuso también que Guerrieri y Zacarías cumplirán prisión domiciliaria, mientras que los restantes irán a una cárcel común.

ORDENAN LA DETENCION DE HARGUINDEGUY

El juez federal Daniel Rafecas ordenó ayer la detención del ex general Albano Eduardo Harguindeguy, al considerarlo responsable de 34 homicidios y 200 secuestros y torturas, cometidos durante el período en el que se desempeñó como ministro del Interior, en el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Se trata de causas por víctimas de la represión ilegal que pasaron por los centros clandestinos Coordinación Federal y Garaje Azopardo, que funcionaron en dependencias de la Policía Federal. Harguindeguy cumple actualmente prisión domiciliaria en otra causa que investiga el juez Norberto Oyarbide. Rafecas dispuso también la detención e indagatoria de los ex oficiales policiales Eduardo Norberto Comesaña, Antonio Doval, Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone.

Por Jorge Riani

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