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Un diputado peronista es investigado por trata de personas y el oficialismo evalúa su apartamiento
El juez federal Guillermo Díaz Martínez notificó a la Cámara de Diputados la situación judicial del tucumano Carlos Cisneros, enfrentado políticamente con Jaldo; Martín Menem analizan los pasos a seguir
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El diputado nacional tucumano Carlos Cisneros (Unión por la Patria) es investigado por la Justicia federal por presunta trata de personas. El juez federal Guillermo Díaz Martínez notificó formalmente ayer al presidente de la Cámara, Martín Menem, sobre la situación judicial del legislador y dejó abierta la posibilidad de que el Congreso evalúe su apartamiento.
Cisneros informó a LA NACION que hasta el momento no había sido notificado al respecto por la presidencia de la Cámara. Tampoco las autoridades de su bloque. El diputado habló de una “operación” en su contra.
El escrito judicial fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que deberá analizar la nota y emitir un dictamen en un plazo de 60 días. Según pudo saber LA NACION, el magistrado informó que en el Juzgado Federal de Tucumán -que subroga- tramita una causa contra Cisneros con la hipótesis “razonable” del delito de trata de personas. El fiscal a cargo es Rafael Vehils Ruiz, también subrogante.
Pese a la gravedad de la imputación, el juez no pidió de manera explícita su desafuero. En cambio, notificó a la Cámara “a los fines institucionales que pudieren corresponder”, una fórmula que deja margen para que el Congreso evalúe eventuales medidas.
Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) señalaron a LA NACION que, en lo inmediato, podrían solicitar a la Justicia el envío de las actuaciones. “Vamos a pedir que manden el expediente”, explicó un referente oficialista. Técnicamente, el desafuero debe ser solicitado por la Justicia, pero los diputados también podrían actuar por la vía disciplinaria y avanzar con una suspensión o remoción por “inhabilidad física o moral”, lo que requiere el voto de dos tercios del cuerpo.
Con la actual composición de la Cámara, ningún bloque reúne por sí solo esa mayoría. Unión por la Patria (UP) cuenta con 93 integrantes y, si al menos 87 legisladores respaldaran a Cisneros, alcanzaría el tercio necesario para bloquear cualquier intento de remoción.
De aliado al distanciamiento político
“Cisneros hasta ahora había sido intocable”, comenta un dirigente tucumano de LLA que pide reserva de su nombre.
Cisneros es una figura influyente del sindicalismo. A nivel nacional, es secretario de administración de La Bancaria. En la provincia, es el jefe del gremio bancario y exvicepresidente del club San Martín, de Tucumán, durante años integró el esquema de poder del PJ tucumano que hoy encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo. En ese armado, mantenía influencia sobre la Caja Popular de Ahorros (CPA), el organismo provincial que administra el juego legal y maneja una de las principales cajas financieras del distrito.
Ese vínculo comenzó a resquebrajarse en los últimos meses, cuando Cisneros y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, mostraron juego propio. Chahla, jefa comunal de la capital, es mencionada como una de las dirigentes con aspiraciones a disputar la gobernación.
Según distintas fuentes provinciales, el distanciamiento con Jaldo terminó de materializarse después de las elecciones, tras el avance de LLA en la provincia, donde los libertarios superaron los 35 puntos. El resultado aceleró los pases de factura dentro del peronismo tucumano.
En ese contexto, Cisneros salió públicamente en defensa de la gestión municipal. “Es una bocanada de aire fresco”, dijo sobre Chahla en declaraciones a la prensa local. “Es una persona que creo que en política no tiene techo. Y eso a veces molesta”, agregó.
En el Congreso, esa fractura también se reflejó en la organización parlamentaria del peronismo tucumano. Mientras Jaldo armó su propio espacio legislativo -Independencia- alineado con el oficialismo nacional, Cisneros se mantuvo dentro del bloque UP.
El 5 de diciembre de 2025, empleados de La Bancaria fueron reprimidos en la ciudad de Concepción por la policía local durante una protesta por el despido de un trabajador. “Estoy dolido con Jaldo”, dijo Cisneros al rememorar ese episodio.
La “causa Vélez”
El expediente judicial que hoy salpica al diputado tiene su origen en la denominada “causa Vélez”.
En marzo de 2024, una joven denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro futbolistas del club Vélez Sarsfield en un hotel de Tucumán, donde el equipo se hospedaba para disputar un partido frente a Atlético Tucumán.
La denunciante trabajaba en la Caja Popular de Ahorros, organismo que, según fuentes judiciales, estaba bajo la influencia política de Cisneros.
En diciembre pasado, el juez Augusto José Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro jugadores denunciados -José Florentín Bobadilla, Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio- al considerar “contundente” la evidencia pericial que desacreditaba la acusación. La defensa de los futbolistas estuvo a cargo de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala.
Pericias informáticas realizadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFED) reconstruyeron conversaciones y audios que, según la resolución judicial, indicaban que la denuncia había sido parte de una maniobra extorsiva. Entre los elementos analizados figuraban mensajes de la propia denunciante a sus amigas, en los que relataba que el encuentro había sido consensuado, así como comunicaciones que sugerían intentos de direccionar su relato.
A partir de ese fallo, la Justicia abrió una nueva línea de investigación para determinar si detrás de la denuncia pudo haber existido una trama de trata de personas vinculada a la captación de mujeres con fines extorsivos. En ese expediente aparece mencionado Cisneros.
“Le arruinaron la vida a la víctima y ahora la vuelven a revictimizar”, señaló Cisneros sobre la denunciante. “Es una empleada bancaria y la vamos a defender”, sumó.
En medio de la escalada del conflicto, Cisneros apuntó públicamente contra el titular del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, Edmundo “Pirincho” Jiménez, a quien responsabilizó de manejar el sistema penal provincial.
“Pirincho es dueño de todo”, sostuvo el diputado en declaraciones a medios locales. “Él maneja ese negocio, maneja ese ida y vuelta”.
Jiménez es una figura de peso dentro del entramado institucional tucumano y su gestión suele ser observada de cerca por la política provincial. Creció su poder e influencia de la mano del exgobernador José Alperovich, que tuvo el mando de la provincia entre 2003 y 2015.
Cisneros también dejó en evidencia su distanciamiento del actual gobernador. “Él decide, él pone y saca los funcionarios”, dijo sobre Jaldo.
El dirigente sindical ya había admitido a medios locales que la ruptura lo afectó en lo personal y en lo político. “Si vos me preguntás si estoy molesto con Jaldo, sí, me duele y me molesta”, afirmó.
Y dejó un mensaje sobre su futuro político: “Yo puedo ser diputado nacional hasta dentro de una hora, pero lo que no voy a dejar nunca de ser es dirigente sindical”.
La disputa por la Caja Popular de Ahorros
En paralelo al avance judicial, Cisneros perdió el control político de la Caja Popular de Ahorros, un organismo autárquico que administra el juego legal en Tucumán y maneja recursos millonarios.
Formalmente, la institución tiene funciones financieras y sociales: otorga créditos, administra seguros y debe transferir parte de sus ingresos al sistema de salud provincial y al deporte.
Sin embargo, informes del Tribunal de Cuentas de Tucumán, presidido por Miguel Terraf, detectaron irregularidades significativas en su funcionamiento. El organismo, que tiene a su cargo el control externo de las cuentas públicas provinciales, emitió una serie de acuerdos críticos sobre la operatoria de la entidad.
Uno de esos informes señaló que la Caja habría retenido durante años fondos que por ley debían transferirse al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). Una auditoría estimó que la deuda acumulada entre 2020 y 2023 podría superar los $3300 millones, más intereses.
El tribunal sostuvo que esos recursos debían girarse mensualmente y advirtió que su retención podría encuadrarse en delitos como violación de deberes de funcionario público o malversación de fondos.
Otro acuerdo del mismo organismo detectó un incumplimiento prolongado en las transferencias destinadas al Fondo Provincial del Deporte. Según el Tribunal de Cuentas, la Caja debía destinar el 1% de la recaudación del juego a ese fondo, pero durante más de dos décadas prácticamente no se registraron depósitos.
Las observaciones derivaron en denuncias y terminaron con un reordenamiento del organismo a comienzos de este año, cuando Cisneros perdió el control político que mantenía sobre la entidad.
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