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Confirman el decomiso de los bienes de Martín Báez para cobrar una multa de 274 millones de dólares
Lo dispuso la Cámara de Casación Penal; está condenado junto a su padre Lázaro Báez por lavado de dinero; las dos hijas de Báez fueron absueltas
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de los bienes de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, para cobrar una multa de 274 millones de dólares que le fue impuesta en la causa de la ruta del dinero K donde fue condenado por lavado de dinero.
El decomiso fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Martín Báez contra la orden de decomiso.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 dispuso avanzar con la ejecución de los bienes que están embargados y congelados para satisfacer el pago de la multa. La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
El tribunal oral que condenó a Báez hijo había dispuesto el 12 y el 20 de noviembre de 2025 ejecutar los bienes cautelados de Martín Báez; y convocó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la enajenación de los bienes identificados.
La multa fijada para Martín Báez ascendió al equivalente en pesos de 274.364.333 de dólares, según la cotización oficial del dólar minorista vendedor del Banco Central al momento del efectivo pago. Los jueces que rechazaron el recurso de Báez son Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Hornos votó por declarar admisible el recurso, pero rechazarlo en cuanto al fondo. Carbajo, aunque inicialmente entendió que debía declararse inadmisible, quedó en minoría sobre ese punto y, conocido el criterio de sus colegas, adhirió a la solución de Hornos para rechazar la impugnación.
Hornos sostuvo que, si bien la defensa cuestionaba una decisión adoptada en la etapa de ejecución de la pena y que, por ello, correspondía asegurar un control judicial amplio, la pena de multa se encontraba firme y, por lo tanto, debía hacerse efectiva sobre los bienes, salarios u otros ingresos del condenado.
El magistrado rechazó el argumento de la defensa según el cual el juez de ejecución habría ampliado indebidamente el universo de bienes a ejecutar, más allá de los individualizados por el Ministerio Público Fiscal.
Para Hornos, en la etapa de ejecución el juez no está atado al dictamen fiscal, sino que debe realizar su propio control de legalidad y garantizar el cumplimiento de la pena dentro del marco constitucional y legal. Según ese razonamiento, nada impide que el juez adopte medidas para hacer efectiva la sanción pecuniaria.
¿Pago en cuotas?
La defensa también sostuvo que no podía avanzarse con la enajenación de bienes sin resolver antes la alternativa del pago en cuotas.
Borinsky votó en disidencia parcial. A diferencia de la mayoría, propuso hacer lugar parcialmente al recurso de la defensa, anular los decretos de decomiso del 12 y 20 de noviembre de 2025 y reenviar el expediente al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento luego de una debida sustanciación.
Para Borinsky, el tribunal de ejecución había avanzado con la liquidación de bienes sin resolver fundadamente el pedido del pago en cuotas de la multa. También propuso apartar a la UIF del rol de querellante, aunque dejó a salvo la validez de los actos ya cumplidos. En cambio, rechazó el planteo relativo al apartamiento de ARCA.
La Cámara Federal de Casación ya había confirmado la condena de Lázaro Báez por lavado de dinero, aunque la redujo de 12 a 10 años de prisión, y absolvió a sus hijas.
Para que exista el delito de lavado se debe establecer qué delito precedente originó ese dinero; en la sentencia de hoy, Casación consideró que fue la evasión fiscal y no la corrupción de la obra pública de Austral Construcciones investigada en la causa Vialidad, lo que derivó en el lavado de activos.
Asimismo, el fallo confirmó la existencia de un mecanismo societario y financiero sofisticado, incluyendo la utilización de sociedades “pantalla” para eludir los controles fiscales, permitiendo el movimiento de dinero por transacciones en distintos bancos internacionales, y su repatriación mediante operaciones de aparente legalidad, por una suma total equivalente a U$D 54.870.000 durante el 2010 y 2013.
El monto coincide con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por Lázaro Báez. La condena estableció multas por 330 millones de dólares y decomisos por 65 millones de dólares.
Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas: Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Jorge Leonardo Fariña, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández, Juan Alberto De Rasis, Julio Enrique Mendoza, Leandro Antonio Báez, Walter Adriano Zanzot, Federico Elaskar, Martín Andrés Eraso, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Bryn y Alejandro Ons Costa.
Las dos hijas de Báez, Melina y Luciana, fueron absueltas.
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