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Revés para Alberto Fernández: confirmaron su procesamiento por el fraude de los seguros
Así lo decidió la Cámara Federal; al expresidente lo acusan por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; ahora quedó más cerca del juicio oral
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.
Según informaron fuentes judiciales, el procesamiento es por la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, el marido quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente, María Cantero.
La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.
Alberto Fernández, mediante su abogada Mariana Barbita, dijo en un comunicado que apelará la decisión y resaltó que el fiscal de cámara había pedido su sobreseimiento.
“Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en algo en aquella audiencia: el procesamiento no podía ni debía ser confirmado”, dijo la abogada. Y se quejó de que “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio” y viola el principio que prohibe que los jueces puedan intervenir de oficio.
Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ratificó el embargo sobre sus hasta la suma de $ 14.634.220.283.
También se confirmó la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El fallo es de los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los dos primeros conformaron la mayoría. Así, el expresidente queda más cerca del juicio oral y público.
El tribunal estimó que está corroborada la hipótesis del fiscal acerca de que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Alberto Fernández en favor de Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria Cantero.
Los jueces destacaron que el vínculo de Fernández con Martínez Sosa no solo era de amistad, sino también económico y profesional. Este nexo, sumado al rol de poder que detentaba, se tradujo en una participación directa del expresidente en el entramado de negociaciones.
Las pruebas revelaron que la empresa de Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales desde que Fernández fue designado presidente.
Un indicio clave fueron los mensajes conocidos durante la investigación, cuando Fernández intervino personalmente, a requerimiento de Cantero, para dar continuidad a negocios que los involucraban.
En una comunicación de mayo de 2023, ante la preocupación de Cantero por la pérdida de un contrato en Cancillería, el exmandatario respondió: “Ya me ocupo”. Esta acción fue interpretada por el tribunal como una participación directa, haciendo uso de su cargo.
Con esto se corrobora el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que requiere que el funcionario se interese en el asunto. Adicionalmente, se encontraron pruebas de la influencia de Martínez Sosa en la conformación del Directorio de Nación Seguros, incluyendo la elección de Alberto Pagliano y Carlos Gustavo García Argibay.
El fiscal José Luis Agüero Iturbe había dictaminado que correspondía dictar la falta de mérito de Alberto Fernández porque hacían falta mas pruebas, pero el tribunal desestimó su posición.
Los magistrados señalaron que esa solicitud no limita las facultades jurisdiccionales del tribunal para revisar el procesamiento y que la fiscalía tuvo la oportunidad de apelar previamente la decisión del juez que instruyó el caso, Julián Ercolini en un principio y luego Sebastián Casanello.
Junto a Fernández, fueron ratificados los procesamientos de otros funcionarios y empresarios implicados incluyendo a Héctor Horacio Martínez Sosa, Alberto Carlos Pagliano y María Marta Cantero.
El procesamiento de Cantero, además de por negociaciones incompatibles, es por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La resolución de la mayoría también encomendó al juez a profundizar la causa para establecer el circuito del dinero y precisar cómo se gestó la suscripción de las notas de designación en la órbita interna de los organismos estatales específicos.
Boico e Martín Irurzun presentaron la opinión de la mayoría. Eduardo Farah emitió un voto propio, en el cual indicó que compartía “en buena parte los fundamentos de colegas”, aunque disintió en algunas circunstancias.
Fueron sobreseídos Sebastián Díaz Bancalari, Brian Kelly, Lucas Pablo Rosendi, Diego Carlos Marín, Norberto Matías Garrido, Fernando Carlos Salim, Federico Alejandro D’angelo Campos, Santiago Fraschina, “7 De Mayo Cooperativa De Trabajo Limitada” y la “Cooperativa De Trabajo Irigoin Limitada”.
A su vez, fueron confirmados los procesamientos de Alfredo Del Corro, Damián Gosso, Carlos Alberto Suárez, Mariana Lourdes Trupia, Alejandro Damián Celes Y Déborah Toloza. Y revocados los procesamientos de María Victoria Bisogni y de Mauro Tanos por el delito de lavado de activos.
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