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Confirman que la pólvora fue a Croacia
El juez de la causa confirmó que parte de la carga se embarco en Puerto Nuevo; fue descartada la incineración en Pilar.
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CORDOBA.- Definitivamente, la pólvora de la Fábrica Militar de Villa María cuyo destino final se investiga, no se incineró en ninguna parte de la Argentina. Aunque todo orienta a que se quemó, pero en los campos de batalla de Croacia.
Las presunciones cada vez más se convierten en certezas. Ahora, hay seguridades de que al menos parte del cargamento sospechado de haber sido vendido ilegalmente a aquél país que sufrió una cruenta guerra, fue cargado en la tarde del 13 de agosto de 1993 en un buque surto en la Dársena D del Puerto Nuevo de Buenos Aires.
Y hay más: otros contenedores que formaban parte de la misma operación figuran como vendidos a la firma Hayton Trade, con sede en Uruguay. Es la misma que tiempo atrás fuera mencionada en las triangulaciones que permitieron llevar armamento argentino a Ecuador, desencadenando el escándalo por el cual cayó Oscar Camilion, ex ministro de Defensa.
Ambas revelaciones fueron hechas a La Nación por el Juez Federal de Bell Ville, Edgardo Filippi, durante un jugoso diálogo mantenido en su despacho.
El magistrado se presta a formular diariamente declaraciones al periodismo porque interpreta que en un momento en que la Justicia está cuestionada por "las sombrasr que proyecta la actuación de algunos jueces", es necesario "terminar con losr misterios". Aparte, en este caso, no hay secreto del sumario.
Ya no quedan dudas que la pólvora no fue quemada ni en Serrezuela, como consignaba un acta de la Fábrica de Villa María cuya veracidad ha quedado desvirtuada, ni en Pilar, como aseguró en un informe al magistrado que hizo Fabricaciones Militares, que también ha quedado descalificado.
Uno detrás de otro
Filippi tiene "elementos de prueba" que le confirman que los cargamentos que salieron de Villa María, Río Tercero, Río Cuarto y Rosario, en 107 camiones según tiene contabilizados hasta el momento, fueron trasladados desde una playa de la empresa de transportes Padilla SA en Campana al puerto de Buenos Aires, donde habrían sido embarcados rumbo a Croacia. Hay dudas respecto del número de camiones que habrían sido enviados, ya que algunas fuentes mencionan a 82 los camiones utilizados.
El capitán José María Inzua, que hoy integra la dotación de una unidad militar con asiento en San Luis, testimonió que se le ordenó "custodiar" 6 camiones que el 12 de agosto partieron de Villa María y que arribaron el 13 a Campana.
Ordenes recibidas
Allí y ese mismo día, se le transmitió que "acompañara" a 15 vehículos hasta Puerto Nuevo. Otras versiones indican que habrían sido 18. Estos eran los que la fábrica villamariense había enviado el 4 de agosto.
El relato que Filippi hizo a La Nación de lo que ha declarado Inzua echa bastante luz sobre este oscuro episodio: "Los camiones se instalaron uno detras de otro junto a un buque surto en la Dársena D. El mismo vió como las gruas elevaban algunos contenedores y los depositaban en la bodega". La forma meticulosa con que ha venido trabajando el juez explica por qué no se conforma únicamente con ese testimonio.
Como la presunción es que no sólo esa carga fue introducida a la nave sino la de la totalidad de los camiones que lleva contados, está tomando declaración a numerosos transportistas y militares que estuvieron involucradas en el traslado.
Otra vez Hayton Trade
Además, también está averiguando "de qué barco se trataba, a qué compañía pertenecía, cuál era su bandera y en fin, todos los datos que me permitan confirmar qué se hizo verdaderamente" .
El otro dato sorprendente que surge de la conversación con Filippi, es la mención, por primera vez en relación a este caso bajo sospecha de tráfico clandestino de armamentos, de la empresa Hayton Trade.
Uno de los informes de la Fábrica de Río Tercero señala que camiones que se remitieron con proyectiles correspondían a una "nota de venta" en la que figura esa firma.
Sobre este punto, el fabtasma del sqabotaje revolotea diariamente sobre el estallido de la Fábrica militar de Río Tercero desde que "explotó" el caso de su gemela de Villa María. Sin embargo, esta hipótesis aun no fue respaldada en la justicia con las respectivas pruebas.
Pedro Gioda, presidente del bloque de concejales de la UCR de Río Tercero, sostuvo que "aquello, casi descabellado, toma ahora cuerpo". Y apuntó que "muchas cosas no se decían y no se dicen" entre los ex empleados de la Fábrica -a fines de 1996 fueron cesanteados varios centenares-, no descartando que ahora comiencen a tener más confianza para revelar lo que saben.
Por su parte, el intendente de la ciudad, Carlos Rojo, afirmó no tener "evidencias" de un sabotaje pero reconoció que "existieron rumores" al respecto. Rojo concluyó manifestando que espera ansiosamente "que se esclarezca este hecho, por el bien de la población de Río Tercero".
Coincidencia
Aunque el magistrado Filippi asegura que "todavía" no ha entrado a profundizar en el dato su sola cita adquiere una dimensión particular. La empresa ha estado involucrada en la maniobra con armamentos que fueron a parar al escenario de guerra entre Ecuador y Perú. En este conflicto como en el de Croacia, Argentina intervenía en acciones mediadoras o de paz.
Otras citaciones
Fabricaciones Militares dependía en 1993 del Ministerio de Defensa.
Quien era su titular entonces, ¿podría ser citado por el juez Edgardo Filippi a declarar en la investigación que lleva adelante? "No hay que descartar nada", responde el magistrado.
Por la manera en que hal venido trabajando, efectivamente no hay que desestimar la posibilidad de una convocatoria a tan encumbrada figura. La misma contestación corre para Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares.
Los diputados quieren interpelar a Fernández y a Domínguez
Apoyo: pese a que la iniciativa surgió de diputados radicales, algunos legisladores del oficialismo, integrantes de la Comisión de Defensa acompañarían el pedido; se espera la llegada del informe del juez desde Córdoba.
La Cámara de Diputados podría pedir en los próximos días una interpelación a los ministros de Defensa, Jorge Dominguez, y de Economía, Roque Fernández, a raíz de la venta ilegal de armamentos y pólvora de la Argentina a Croacia, cuando aquel país europeo se encontraba en plena guerra y las Naciones Unidas (UN) le habían trabado un embargo de armas.
La iniciativa la impulsarán los radicales Mario Negri y Horacio Jaunarena, pero La Nación pudo saber que también contaría con el aval de algunos legisladores justicialistas de la Comisión de Defensa de la Cámara baja.
El pedido para que Domínguez y Fernández (los máximos responsables de Fabricaciones Militares) rindan cuentas en el Congreso cobró fuerza en las últimas horas, cuando se conoció que el juez federal de Bell Ville (Córdoba), Edgardo Fillipi, que investiga el contrabando ilegal de pólvora a Croacia profundizó su pesquiza y se comprometió a enviar hoy un informe detallado al Parlamento.
Puntualmente, en la semana última el juez Fillipi le tomó declaración al capitan José María Insúa, quien el 13 de agosto de 1993 custodió unos 18 camiones con armamento desde Campana a la dársena Puerto Nuevo de Buenos Aires y aseguró que allí vio cargar los polémicos containers a un barco de la Croata Line.
Testimonio inédito
El testimonio del capitán Insúa coincide con el envío ilegal de un total de 82 camiones de armas a Croacia que investiga el magistrado cordobés, tal como se informa en la infografía y en la nota que se publican por separado.
Esta es la primera vez que un uniformado de Fabricaciones Militares asegura ante la Justicia haber presenciado el cargamento de containers con armas en un buque de una companía croata.
Por el momento no se conoce la bandera del buque ni el destino del mismo.
Empero, para completar su investigación y corroborar la veracidad de ese testitimonio, el magistrado le tomará declaración esta semana al sargento Falasconi y a un agente civil y chofer de Fabricaciones Militares de Villa María, quienes también estuvieron el día del cargamento de bélico en Buenos Aires.
A su vez, el juez Fillipi tomará declaración de los 82 camioneros de la empresa de trasnporte Padilla S.A que llevaron containers de armamento de Córdoba a las ciudades bonaerenses de Pilar y Campana y luego a Buenos Aires.
Por otra parte, el actual interventor de Fabricaciones Militares, Marcelo Bellesi, se presentó la semana última en el juzgado de Fillipi y allí le presentó un informe que el magistrado calificó de "evasivo y tramposo" por su falta de datos.
El juez de Córdoba explicó a La Nación que el interventor de Fabricaciones Militares "tiene la obligación de realizar una búsqueda exhaustiva de toda la documentación relacionada con el movimiento de camiones de Villa María, Río Tercero, Río Cuarto y Fray Luis Beltrán, porque en caso contrario demostrará que también está comprometido con la venta ilegal de armas a Croacia".
Sumario
Bellesi ya inició un sumario administrativo en distintas reparticiones militares de Córdoba a raíz del supuesto frague de documentación.
El juez Fillipi expresó que "por el momento" no tiene pensado citar a declarar al ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, quien está procesado judicialmente por la venta ilegal de armas a Ecuador.
El diputado Negri (UCR) expresó que "ante el importante cúmulo de irregularidades que se están viendo se hace necesaria la presencia de los ministros de Defensa y Economía en la Comisión de Defensa de la Cámara baja porque aquí ya se está viendo que lo que empezó con una investigación simple de supuesta incineración se desató en la venta de voluminoso armamento a Croacia".
Ministros responsables
Fuentes parlamentarias del radicalismo y del peronismo aseguraron a La Nación que "ni bien llegue el informe del magistrado cordobés a Buenos Aires será necesaria la presencia formal de los ministros responsables en la Cámara baja".
El juez de la localidad cordobesa de Bell Ville comenzó a investigar una supuesta venta de pólvora que luego aparecía como incinerada y que finalmente verificó que las actas de esa supuesta quema habían sido fraguadas. Esto derivó en la investigación sobre el desvío de cargamento de guerra a Croacia.
Para el juez Fillipi "no existe en estos momentos indicio alguno de que se haya incinerado pólvora sino que, por el contrario, todo apunta a la venta ilegal de armas a Croacia".
Viqueira ampliará su denuncia
El diputado Horacio Viqueira (Frepaso-Córdoba), realizará hoy una ampliación de la denuncia presentada en su momento por Monner Sanz por la causa en la que se investiga la presunta venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
El legislador irá a los tribunales de Comodoro Py 2002, al mediodía, para aportar al juez federal Jorge Urso las últimas informaciones que recabó en su provincia.
Según pudo saber La Nación, la presentación tendrá como eje centr el hecho de que tanto la pólvora, las municiones y los cañones vendidos a Ecuador y a Croacia, pertenecerían al arsenal del Ejército.
La ampliación de la denuncia, que contendría gran cantidad de detalles, incluirá el pedido al magistrado de medidas probatorias a fin de acreditar la venta de armamento cuya fabricación no pertenece a Fabricaciones Militares, sino que, como se dijo, sería propiedad del Ejército.
Por otra parte, y ante las insistentes versiones que indican que la explosión ocurrida en noviembre de 1995 en la fábrica militar de Río Tercero no habría sido accidental sino que guardaría una directa relación con las supuestas ventas ilegales de pólvora y de armas, el Concejo Deliberante de esa ciudad solicitó a los legisladores que representan a la provincia, que se profundice la investigación al respecto.
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