Conflicto con Siemens por la indemnización de los DNI

El Gobierno determinó que el monto de la indemnización a Siemens IT Services por la rescisión del contrato de confección de DNI no superará los $ 90 millones, pero la empresa, que reclama $ 602 millones, recurrirá esa decisión ante un tribunal de arbitraje internacional, con sede en Washington.

El conflicto podría tomar estatura diplomática, por cuanto ese contrato es parte de la agenda bilateral entre la Argentina y Alemania.

Un borrador casi definitivo del Tribunal de Tasación de la Nación estipula que la inversión de bienes aportada por Siemens ronda, hasta donde se evaluó, los $ 65.200.000. Todavía faltan tasar algunos elementos y el tribunal que depende del Ministerio de Economía estima que en 25 días el valor alcanzaría los $ 90 millones.

En mayo de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa rescindió, mediante el decreto 669/01, el contrato que tenía con Siemens por la provisión de un sistema de control migratorio, la identificación de personas (DNI) e información eleccionaria. En su momento el elevado precio final de los DNI, de $ 30 pesos, dio lugar a sospechas de corrupción.

El contrato se había celebrado en el gobierno de Carlos Menem (1998). La empresa recurrió el decreto 669/01, pero fue desestimada en el decreto 1205/01, que la firma nunca impugnó.

El Ministerio del Interior sostiene que el Estado sólo debe pagar por el costo de las inversiones realizadas.

Siemenns reclama un monto que contemplaría además el lucro cesante, gastos improductivos e intereses, lo que haría casi impagable la indemnización por el desastroso estado de las cuentas públicas nacionales. Fuentes empresariales confirmaron ayer a LA NACION que Siemens recurrirá a esta interpretación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión (Ciadi), el tribunal de arbitraje internacional en Washington.

Planteo desde Alemania

“Es un asunto que lleva adelante la casa matriz, en Alemania, con sus abogados. Pero la decisión es ir a la Ciadi y se está preparando la presentación”, informó una fuente empresarial, que confirmó que el reclamo alcanza los $ 602 millones.

Desde los organismos técnicos del Gobierno aseguraron a LA NACION que el Estado defenderá la jurisdicción nacional en esta disputa.

Según los expedientes de Interior, los daños reclamados se discriminan así: $ 183,4 millones por inversiones realizadas; $ 52,8 millones por gastos improductivos, y $ 255 millones por lucro cesante. Total: $ 491 millones.

Pero deben añadirse los reclamos de los subcontratistas (Boldt SA, Correo Argentino SA, Impsat), que trepan a $ 26,7 millones, lo que arroja un total de $ 517,7 millones, a lo que hay que sumar aportes de capital y pagos de facturas con los que Siemens redondea una cifra de $ 602 millones.

El borrador del Tribunal de Tasación de la Nación, que estimó una cifra mucho menor, se conoció hace diez días, en una reunión convocada por el subsecretario de Interior, Christian Ritondo. Allí, los miembros del tribunal informaron los resultados a la Comisión Conjunta de Economía e Interior, a la Sigen, a asesores de Interior y a Miguel García Moreno, titular del Registro Nacional de las Personas.

El Tribunal, se dijo, recibió colaboración de las universidades Tecnológica Nacional y de Buenos Aires. Cuando revisaron los números, la valuación de lo invertido por Siemens, el informe del tribunal consignaba: material informático, $ 8,8 millones; muebles, $ 740 mil; obra civil, $ 3,6 millones; software de aplicación y de base, $ 28 millones; sistema AFIS (impresiones digitales de seguridad), $ 15 millones, y material informático ruta 8 $ 8,9 millones. El total: $ 65,2 millones.

El paper notificaba, empero, que faltaba tasar otros bienes y servicios.

En el equipo de Ritondo aseguran que Siemens no estaría en condiciones de recurrir a la Ciadi porque el decreto 1205/01, que desestimó la reconsideración de la anulación del contrato, quedó firme en virtud de que no se recibió impugnación judicial de Siemens y aseguran que venció el plazo legal para hacerlo.

Diferencias

Siemens reclama: $ 183,4 millones por inversiones realizadas; $ 52,8 millones por gastos improductivos; $ 255 millones por lucro cesante; $ 26,7 millones por reclamos de los subcontratistas. Con aportes de capital y pagos de facturas a subcontratistas y proveedores extranjeros: $ 602 millones.

El Gobierno reconoce: material informático por $ 8,8 millones; muebles, por $ 740 mil; obra civil por $ 3,6 millones; software de aplicación y de base por $ 28 millones; sistema de impresiones digitales, $ 15 millones, material informático ruta 8 por $ 8,9 millones. Total: $ 65,2 millones.

Por Mariano Obarrio

---

Conforme a