Contra la corrupción. En Mendoza, los condenados no podrán ser candidatos ni funcionarios
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.- La provincia de Mendoza busca dar un paso contra la corrupción y convertirse en la primera del país en sancionar la ley de Ficha Limpia, que prohíbe a los condenados en primera instancia a participar de un proceso electoral u ocupar un cargo público.
El proyecto avanza a paso sostenido, más allá de algunos cruces entre oficialismo y oposición, sobre por la inconstitucionalidad planteada por el justicialismo, al impedir participar del proceso a una persona que no cuenta con sentencia firme. De igual modo, la iniciativa ya logró la media sanción de la Cámara de Diputados y se apresta a ser aprobada por el Senado.
Los autores de la medida son los legisladores radicales María José Sanz y José Orts, quienes propusieron modificar la Ley 4746, Orgánica de Partidos Políticos. De esta manera, quienes sean sentenciados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, no podrán ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas. Así, la tierra del sol y del buen vino se encamina a ser la primera provincia del país, en contar con una ley de está índole. De hecho, en el Congreso existe una normativa similar que aún espera reactivarse, al tiempo que en Brasil fue una de las leyes clave para frenar las aspiraciones políticas del expresidente Luiz Inácio da Silva.
"Estos proyectos se conocen como "ficha limpia" o de "políticos sin antecedentes", pero en definitiva lo que se propone es dar la mayor transparencia posible al Estado. Para nosotros esto es muy importante porque otorga un salto de calidad, e incorporar a funcionarios políticos aumenta esta propuesta", expresó la diputada María José Sanz, y agregó: "Que quede claro además, que no estamos discutiendo el principio de inocencia, estamos incorporando requisitos de elegibilidad para cargos electivos. Lo que buscamos es niveles de coherencia, y a un candidato no se le puede exigir menos. La sociedad viene pidiendo acciones en este sentido".
El proyecto fue votado por la mayoría de los diputados mendocinos, e incorpora nuevos delitos que impedirán la postulación a un cargo electivo y se agrega el artículo 17 bis a la Ley 2551 – Ley Electoral de la provincia - , disponiendo que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales. Asimismo, se incorporó una modificación a Ley de Ética Pública, estableciendo que los funcionarios de los Poderes Ejecutivos provincial y municipales y los funcionarios de entes descentralizados y empresas del Estado, deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.
La media sanción fue votada en general por todos los bloques, con excepción de las agrupaciones de izquierda. "Ficha Limpia" cuenta con el apoyo ciudadano que a través de un movimiento nacional ha impulsado la propuesta recolectando firmas mediante la plataforma Change.org. Hasta el momento, se han sumado casi 400.000 firmas.
"Hemos podido ver cómo la sociedad no quiere vivir junto a corruptos y resulta lamentable que la justicia no los condene. El espíritu de esta Ley, es tener personas a cargos electivos que no tengan antecedentes. Las penas del Código Penal no alcanzan, le agregamos mayores requisitos a la Ley Orgánica de Partidos Políticos", señaló el diputado Orts.
En el texto aprobado queda aclarado que "no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos (…), las personas que se encuentren condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra la Administración Pública". Esto es, de acuerdo con el Código Penal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. También contempla delitos contra el orden económico y financiero, contra la integridad sexual, contra el estado civil de las personas y contra la libertad.
De esta manera, los partidos deberán exigir a todos los candidatos que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, "siendo responsables directos de su presentación" ante los órganos con competencia electoral. Este certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales. Por tal motivo, en caso de incumplir con la presentación, el organismo con competencia electoral realizará una intimación para que el partido regularice la situación en un plazo de 24 horas, con el remplazo correspondiente. Caso contrario, no podrá participar de las elecciones.
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