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Controversia por un artículo de la ley de ética pública
Cuestionamiento: la norma girada a Diputados por el Senado dispone que la declaración de los hombres públicos no es retroactiva.
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El proyecto de ley de ética pública que aprobó el Senado la semana última y que ahora está a consideración de Diputados, no obliga a los actuales funcionarios a presentar sus declaraciones juradas con retroactividad, es decir, desde el momento en que asumieron en sus cargos. Los hombres públicos sólo tendrán que dar a conocer el detalle del patrimonio que posean a partir de la sanción definitiva de la norma. Ese es el mismo espíritu que guía el decreto sobre el código de ética que está a punto de firmar el presidente Carlos Menem.
Cuando la Cámara alta debatió el proyecto de ética, el miércoles último, el bloque radical cuestionó la limitación impulsada por el oficialismo. "Esto es borrón y cuenta nueva. Lo importante es el cotejo correlativo de todas las declaraciones juradas y no sólo ver las actuales", expresó el senador Antonio Berhongaray (UCR-La Pampa), que pidió que se incluyera una cláusula en ese sentido.
Pero los peronistas se negaron a mirar hacia atrás. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jorge Yoma (PJ-La Rioja), justificó el rechazo de la propuesta: "Si hacemos que los actuales funcionarios presenten sus declaraciones juradas anteriores, alguien puede pedir que lo hagan todos los que pasaron por la función pública desde 1983", argumentó.
La intención de Berhongaray era monitorear el crecimiento patrimonial de los funcionarios, desde su llegada al Estado. Si las declaraciones juradas se presentan de aquí en más, razona el legislador radical, "va a ser más difícil comprobar el enriquecimiento ilícito".
Ayer, la Oficina de Etica Pública que encabeza Luis Ferreira, presentó un código de ética que obliga al presidente Carlos Menem a dar a conocer su declaración jurada de bienes (según se publica en esta misma página). Los senadores del PJ consultados por La Nación consideraron que la iniciativa de Ferreira no se superpone con el proyecto de ley que está en trámite en el Congreso. "Cuando se apruebe la norma, todo deberá adecuarse a ella: la oficina se remitirá directamente a la nueva comisión de Etica que recibirá las declaraciones juradas", explicó Yoma.
Nuevo organismo
La Comisión Nacional de Etica Pública dependerá del Congreso como un órgano independiente y con autonomía funcional. Su facultad será investigar casos de corrupción.
El texto de la Cámara alta modifica al dictamen de Diputados en un punto clave: libera a los funcionarios de tener que publicar esta documentación en el Boletín Oficial, ya que los senadores oficialistas consideraron que era un trámite demasiado "engorroso". Además, incluye mayores restricciones para los ciudadanos que quieran acceder a estas declaraciones juradas, como ser: consignar los datos personales y el motivo de la requisitoria.
La Alianza y el PJ discreparon fuertemente en los capítulos relacionados con la limitación de las declaraciones juradas, con el enriquecimiento ilícito que elimina la figura del testaferro de la tipificación de este delito y con el referido a las incompatibilidades. En este último punto, la UCR planteó que nada se dice sobre un funcionario que abandona su gestión y que ingresa inmediatamente en la actividad privada vinculada con la misma área.
