Julián, César y Omar: tres víctimas mortales del narco y las mafias bonaerenses

La disputa territorial en la provincia de Buenos Aires y el choque con el narcotráfico derivaron en los asesinatos de tres militantes
Diego Genoud
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1 de agosto de 2017  

Son víctimas de una violencia que no se televisa. Julián "Iki" Darío, César Méndez y Omar Ibáñez murieron en los últimos meses a manos de balas anónimas que los sorprendieron en el mismo territorio en el que vivían y militaban: el conurbano bonaerense.

La disputa por la tierra

Julián Darío

A Julián Darío, de 39 años, le decían "Iki" por uno de los personajes principales de Los Caballeros del Zodíaco: el ave fénix. Había sobrevivido a disparos de las fuerzas de seguridad el día de la caída de Fernando de la Rúa y también cuando mataron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. "Nunca demostraba miedo", dice Ivana Ruiz, su viuda. Por eso, salió a la calle en febrero de 2016 cuando un desconocido apodado "Johny, el Sicario" fue a buscarlo.

Ivana tiene 29 años y nació en Villa Celina, la localidad de La Matanza en la que conoció a "Iki" y en la que comenzaron a militar juntos en el Movimiento La Dignidad.

El conflicto que terminó con la muerte de Darío se originó en una disputa por tierras que la Cooperativa de Vivienda Lozana Limitada había decidido usufructuar para beneficio propio. Es un predio de 23 hectáreas que perteneció al Banco Hipotecario, fue cedido a la ciudad de Buenos Aires y luego destinado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a Lozana, un sello con nexos con el poder político y la policía.

La cooperativa loteó los terrenos y los puso en venta. El Movimiento La Dignidad se opuso, con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La cooperativa tenía un permiso de "tenencia precaria" para disponer del predio y, según afirman en el IVC, la anterior gestión no hizo más que prorrogarlo.

Desde que Julián e Ivana mostraron su disconformidad, comenzaron a recibir amenazas de la comisaría de la zona. Hasta que en febrero de 2016, "Johny, el Sicario" interrumpió una asamblea vecinal y disparó contra Iki: la bala ingresó a cuatro centímetros de su corazón, perforó un pulmón, se pegó al hígado y quedó alojada en una costilla. Nunca se la pudieron sacar, pese a que ese mismo día lo operaron cuatro veces. Murió el 21 de enero en el hospital Narciso López de Lanús. No hay detenidos.

Antes de morir, la víctima señaló al atacante como un "puntero de Pro". Consultados, funcionarios de Cambiemos se desligaron. Sólo confirmaron que recibieron denuncias por la compra de terrenos del IVC. En el gobierno porteño culpan al kirchnerismo por la demora en la regularización. Sin embargo, la escritura que otorga el título de propiedad todavía no está terminada.

Lozana no agota su influencia en los despachos del gobierno de la ciudad. En la CTEP señalan a Noemí Medina como nexo entre la sociedad de fomento y la Municipalidad de La Matanza. La intendenta peronista Verónica Magario no intervino. "Ella es cómplice porque permitió que sucediera todo esto. El propio Iki le dijo que nos amenazaban", afirma Ivana Ruiz. Los voceros de Magario quedaron en responder, pero no lo hicieron.

Payasos asesinos

Omar Ibáñez

De Omar Ibáñez nadie quiere hablar. Miembro de la agrupación El Plumerillo, de 42 años, en febrero lo mataron de siete balazos en Villa Martelli. Dos desconocidos lo interceptaron cuando iba en moto desde un auto y le dispararon a mansalva sin robarle nada. Los testigos declararon que los asesinos llevaban máscaras de payasos.

Se dijo que era empleado del sindicato de panaderos y militante del Frente para la Victoria (FPV), pero también eso fue desmentido. El territorio en el que desarrollaba su actividad política era Villa Loyola, partido de San Martín (a 15 cuadras de la avenida General Paz), donde su cuñado Juan Manuel "Kunfu" Cáceres fue concejal del FPV hasta 2015.

"Era militante peronista y no se casaba con ninguna agrupación. Traía mercadería y la repartía entre los vecinos", dice Marcos, miembro de una organización social que integra la CTEP y prefiere no dar su verdadero nombre, por miedo a represalias. Está convencido de que a Ibáñez lo mataron porque quería echar a los narcos. En San Martín, se dice que estaba enfrentado con un grupo de soldaditos de la villa 18, el territorio en el que gobernaba Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, a 50 cuadras de Loyola.

Ibáñez divide aguas porque su historia incluye antecedentes penales. En la década del noventa, estuvo preso por robar un banco. Por eso, están los que dicen que su enfrentamiento con los narcos tenía un origen confuso. En El Plumerillo lo definieron como un ser excepcional y escribieron en Facebook sobre las razones del crimen: "Te hicieron caer por cuidar a los pibes del barrio".

Muerte en el cuartel V

César Méndez

Marisa Mezza tiene 42 años y una beba de diez meses. Todavía habla de su marido en presente. "Tenemos cinco años de convivientes", dice, aunque hace más de siete meses que a César Méndez lo mataron.

Desde el 15 de diciembre de 2016, Marisa está sola con sus tres hijos: la beba y sus hermanos de 15 y 13 años. Desde 2015, Marisa y César vivían juntos en Cuartel V, una inmensidad de 112 km2 en los confines del partido de Moreno que en los últimos 15 años duplicó su población y hoy tiene 100.000 habitantes.

Marisa se hizo cargo del merendero Santa Rosa, creado por La Dignidad, y su esposo se convirtió en delegado de manzana. Todo parecía ir bien hasta que las bandas de menores dedicadas al narcomenudeo comenzaron a tomar terrenos sin escritura.

Cuando los hechos de violencia se generalizaron, la casa de Marisa y César se transformó en punto de encuentro. "Mi esposo siempre quería ayudar y decía que nos teníamos que proteger entre nosotros. Los vagos le habían dicho que no se metiera en nada porque lo iban a matar", relata.

La noche del 15 de diciembre de 2016, cerca de las 23, un grupo de jóvenes baleó el frente de la vivienda de una vecina a una cuadra y media de la casa de los Méndez. Cuando llegaron, uno de los agresores comenzó a disparar: tres tiros dieron en el cuerpo de César.

La policía demoró 40 minutos en aparecer y Méndez murió desangrado. Hoy hay un detenido y dos prófugos.

La denuncia de la abogada de Marisa, Gabriela Carpinetti, está en el Juzgado de Garantías N° 2 de Moreno y en la UFI 8, a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia.

Tras la muerte de Méndez, La Dignidad y la CTEP marcharon en reclamo de justicia hasta la comisaría cuarta de Moreno, donde el sacerdote Eduardo Farrell hizo una oración y dio un mensaje. Poco después, también Farrell comenzó a recibir amenazas. Hizo la denuncia ante la fiscalía local y, en marzo pasado, el obispo de Merlo-Moreno, Fernando Maletti, decidió enviarlo a otra parroquia para protegerlo. "Fue para resguardar su seguridad e integridad física. Estamos perplejos frente al narcotráfico", dice Maletti.

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