Advertencias sobre el riesgo de excarcelaciones generales

La sumatoria de la expansión del coronavirus, con medidas judiciales muy polémicas que permitieron excarcelar a exfuncionarios que estaban detenidos por corrupción, alimentó en los últimos días la revuelta en cárceles de todo el país. Y dejó dudas sobre el posicionamiento del Gobierno respecto de lo que parece ser una flexibilización de las disposiciones para liberar delincuentes condenados por delitos graves.

La controversia se instaló, incluso, en el ámbito de la Justicia, donde fiscales y jueces cruzaron acusaciones y descalificaciones públicas.

A ese escenario de conflicto apuntó la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, cuando ayer interpretó que el motín del viernes en la cárcel de Devoto fue habilitado por las políticas adoptadas por el Gobierno para avalar las excarcelaciones de presos por corrupción. "El motín en la cárcel de Devoto, al igual que los que ocurren en el resto del país, son una consecuencia de la política del gobierno nacional en el intento por liberar a presos como Boudou, Jaime o D’Elía", dijo Bullrich en Twitter.

En el Gobierno optaron por no responder y buscaron despegarse de cualquier interpretación de que ellos están detrás de los pedidos masivos de excarcelación.

Lo mismo pasa en la administración bonaerense, el territorio que más padeció las revueltas carcelarias de los últimos días. Sí, admiten que los complican agentes del kirchnerismo más radicalizado, que fogonean el fantasma de una liberación de presos. No solo de políticos por causas de corrupción, sino también delincuentes comunes.

Esa hipótesis tuvo una propagación adicional con un audio que se difundió del secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, Roberto Cipriano García, en el que habla de los "compañeros prolibertad" a los amotinados en Melchor Romero. Su mensaje apuntó a prometerles a los internos que iban a trabajar por una flexibilización generalizada de las detenciones.

Bullrich, en su serie de tuits, acusó al gobierno de Axel Kicillof de actuar en connivencia con la Comisión de la Memoria para presionar a los jueces para que dejen de libertad a "miles de presos". En La Plata, toman distancia de esos movimientos.

Ayer se supo, además, que en un jugado penal de Quilmes, más de 1000 condenados pidieron dejar la cárcel por el coronavirus. La mayoría de los pedidos fueron rechazados, pero un centenar de ellos insistió por tercera vez. Incluso, el juez Víctor Violini firmó un hábeas corpus colectivo y otorgó la prisión domiciliaria a 2300 presos.

Desde que se desató la crisis sanitaria, miles de pedidos de excarcelación y de morigeración de penas fueron formulados por presos del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Servicio Penitenciario Federal, en los que el principal argumento es el riesgo de contraer coronavirus en los penales, donde no hay distanciamiento entre los reclusos y no se cumplen, según los reclamos, condiciones de higiene y salubridad.

Los pedidos están basados, además, en una recomendación de la Cámara de Casación Penal –máximo tribunal penal– para otorgar arrestos domiciliarios a delincuentes que integren grupos de riesgo y estén condenados por delitos leves, a punto de cumplir la condena o de entrar en un régimen de libertad.

La primera medida adoptada por el Gobierno enfocada en la población carcelaria desde que se desató la crisis sanitaria por el coronavirus fue la elaboración de un listado –por parte del Ministerio de Justicia– con los nombres de más de mil detenidos en el Servicio Penitenciario Federal que integraban el grupo de riesgo.

Sin embargo, la medida más clara que tomó el Gobierno a favor de liberar a detenidos por casos de corrupción, se conoció hace poco más de una semana cuando el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, pidió, en carácter de amicus curiae, al tribunal que condenó y encarceló al exsecretario Ricardo Jaime, que le otorgue el arresto domiciliario por motivos de salud y por el riesgo de contraer coronavirus. El pedido fue rechazado por la Cámara de Casación, pero no fue el único elaborado por el Gobierno. También pidió excarcelar a Martín Báez, detenido en una causa por lavado.

El fiscal Carlos Donoso Castex llamó a un cacerolazo para expresar el rechazo a las excarcelaciones dispuestas tras los violentos motines, pero la convocatoria derivó en un insólito pedido del presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Daniel Morini, quien solicitó a la Procuración que le inicie un sumario administrativo al fiscal.

En medio de la controversia, la jueza Liliana Catucci, que integra la Cámara de Casación, denegó la excarcelación de un preso por narcotráfico de la Villa 21-24, de Barracas. Argumentó que su liberación llevaría a una "situación paradójica: mientras los ciudadanos libres del mundo se ven limitados y afectados en casi todos los aspectos de su vida, incluso en el de transitar libremente y lograr su propio sustento, los criminales serían los únicos beneficiados de esta difícil situación".