Coronavirus en la Argentina: instruyen a los defensores públicos federales y nacionales a pedir la libertad de presos

La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, de quien dependen todos los abogados de oficio que defienden a los detenidos sin recursos de la Justicia Nacional y Federal, recomendó a los letrados que renueven los pedidos de libertad que ya realizaron en beneficio de sus defendidos o que insten a los jueces a que los agilicen, siempre y cuando estén entre los grupos de riesgo de contagio del coronavirus, o que estén condenados a penas leves, por delitos no violentos o a punto de cumplir la sentencia.

De carrera judicial, Stella Maris Martínez fue nombrada defensora general por Néstor Kirchner -con acuerdo del Senado- y fue una de las fundadoras de Justicia Legítima, agrupación que apoyó la leyes de "democratización de la Justicia" que impulsó Cristina Kirchner.

La instrucción general de la Defensora lleva el número 398 y apunta a reducir el hacinamiento carcelario como medida de prevención ante la pandemia.

Esta nueva instrucción general se conoció en momentos en que hay un debate político al interior del oficialismo y frente a la oposición por las excarcelaciones de detenidos a raíz del coronavirus. Los alcanzados por la resolución de Martínez son los defensores de presos federales y no de aquellos alojados en cárceles bonaerenses, que están en el centro de la controversia.

De acuerdo con esta instrucción, los presos que están en condiciones de pedir la morigeración de su encierro son los mismos incluidos en la recomendación de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de las personas incluidas en el grupo de riesgo ante la pandemia, personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, aquellos presos que no representen un riesgo procesal o los casos en los que está vencida la prisión preventiva.

La instrucción también alcanza a personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta; personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; personas en condiciones legales de acceder al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; y mujeres embarazadas o encarceladas con sus hijos e hijas.

La resolución firmada por Martínez insiste en la gravedad que conlleva el hacinamiento carcelario y en que "exige una actuación coordinada de todos quienes son parte en el proceso penal y un esfuerzo conjunto de todas las autoridades públicas, del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso de la Nación y de los órganos jurisdiccionales".

El pedido de la Defensora se encuentra en línea con las recomendaciones que efectuó en marzo pasado, donde se reflejaron estándares sobre el derecho a la salud de las personas detenidas, quienes son consideradas como grupo vulnerable por las Reglas de Brasilia. Se trata de un centenar de reglas que establecen estándares básicos para garantizar el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia, en marzo de 2008.

Quién es Martínez

Stella Maris Martínez trabaja en los tribunales desde 1975, es doctora en Derecho y especialista en criminología. Cuando la nombraron en el cargo que ocupa hoy era defensora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación -casi toda su carrera fue como defensora oficial- y coordinaba del bloque de defensores públicos del Mercosur.

Es profesora de la Facultad de Derecho de la UBA, como el Presidente, a quien conoce desde hace muchos años. Juntos homenajeraon el año pasado al exprocurador Esteban Righi en un acto que encabezó en septiembre Alberto Fernández -todavía candidato- en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho.

Martínez es la jefa de todos los defensores oficiales y una de las dos cabezas del Ministerio Público: la otra es el procurador general de la Nación (jefe de los fiscales), cargo que está vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó y que ocupa interinamente Eduardo Casal. Si bien Martínez fundó con Gils Carbó Justicia Legítima, tuvo siempre un perfil mucho menos confrontativo que la exjefa de los fiscales.

Desde la reforma constitucional de 1994, el Ministerio Público de la Defensa es un órgano independiente del resto de los poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera.