Coronavirus. El Gobierno y la oposición presionan a la Corte para que comparta sus fondos y ayude a pagar sueldos

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, tiene hoy una videoconferencia con el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, para plantearle los problemas de fondos del Poder Judicial, agravados por el coronavirus
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, tiene hoy una videoconferencia con el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, para plantearle los problemas de fondos del Poder Judicial, agravados por el coronavirus
Paz Rodríguez Niell
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7 de abril de 2020  • 13:08

El Consejo de la Magistratura no tiene fondos suficientes para pagar los sueldos del Poder Judicial. El mes pasado recurrió a un préstamo en el Banco Ciudad que cubrió con dinero que le mandó el Poder Ejecutivo. Pero con esa ayuda llega a junio. Después, otra vez está en rojo. Mientras tanto, la Corte Suprema tiene, en plazos fijos, cerca de 30.000 millones de pesos en un "fondo anticíclico" sobre el que hoy, en plena pandemia del coronavirus , se posan todas las miradas.

La Corte, que siempre defendió esos ahorros, lo sabe. Dirigentes tanto del Gobierno como de la oposición dicen ahora en que hay que repensar cómo se maneja el presupuesto del Poder Judicial. Hoy, el presidente del Consejo, Alberto Lugones , le planteó el problema al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en una reunión virtual que mantuvieron esta tarde. Rosenkrantz quedó en hablar el tema con los demás jueces del tribunal, dijeron fuentes al tanto de lo conversado. Le advirtió, de todos modos, que la Corte también sufrió una merma en sus ingresos por la baja de la recaudación, dijeron fuentes del Consejo.

El viernes pasado, el Consejo de la Magistratura hizo una teleconferencia vía Zoom de la que participaron doce de los trece consejeros (solo faltó la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara ), en la que el administrador general del Poder Judicial expuso los números de las finanzas del organismo.

Se decidió entonces que Lugones le pidiera la audiencia a Rosenkrantz para hablar de los problemas de la Justicia -con la falta de dinero a la cabeza-. La conversación incluyó también otras urgencias, como los problemas tecnológicos y las garantías de limpieza que requieren los tribunales para volver a trabajar si la feria se levanta.

La postura del Gobierno

En paralelo, el fin se semana el Gobierno le encomendó al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz , un informe interno sobre los fondos del Poder Judicial . Un alto funcionario de Alberto Fernández dijo a LA NACION que están "analizando los pasos a seguir".

En febrero, el Presidente dijo en una entrevista : "Ustedes van a los tribunales y ven a la gente trabajando en condiciones infrahumanas, absolutamente sobrepasados. ¿Cómo puede ser que tengan un plazo fijo de 40.000 millones de pesos [en la Corte dicen que el verdadero monto no llega a 30.000]? Ese es ahorro de la Corte, lo que les sobra de presupuesto. Explíquenmelo. Yo no lo entiendo. Tienen los sueldos que tienen, ahorran 40.000 millones de pesos", dijo.

Por ley, el presupuesto del Poder Judicial se integra con el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración general. Un decreto de 2005 dispuso que de ese 3,5%, el 2,93% fuera para el Consejo y el 0,57%, para la Corte, que además recibe ingresos por las tasas de justicia. Firmaron ese decreto Néstor Kirchner , pero también el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández , y el entonces ministro de Justicia, Horacio Rosatti , hoy integrante de la Corte Suprema.

El tema de fondo

¿Evalúa el Poder Ejecutivo rever con un nuevo decreto ese reparto? Por el momento en el Gobierno dicen que analizan "las opciones", que también podrían enviar un proyecto de ley que modifique las proporciones. Reconocen, sin embargo, que más allá de lo que dijo el Presidente, no está tomada la decisión de enfrentarse por este asunto con la Corte.

Consultado por LA NACION , Ustarroz respondió: "El administrador nos elevó un informe de estado de situación presupuestaria y financiera del Consejo y, como representante del Poder Ejecutivo, tomé nota y estamos analizado la situación y las herramientas para ver qué se puede hacer al respecto".

El diputado y consejero de la oposición Pablo Tonelli sostiene desde hace tiempo que debe modificarse el reparto del presupuesto. "Tengo incluso presentado un proyecto de ley", afirmó. Lo presentó durante el gobierno de Mauricio Macri. Tonelli cuestionó además el manejo del fondo anticíclico: "No tiene sentido que la Corte tenga un fondo de decenas de millones de pesos y que el Consejo tenga que pedirle todos los meses auxilio a Ejecutivo. Llegó la hora de que la Corte auxilie al Consejo. Lo hablamos en la última reunión".

La respuesta de la Corte

En la Corte dicen que no están cerrados a escuchar las demandas, pero advierten que ya dispusieron dinero de ese fondo para la pandemia (el mes pasado habilitaron $40 millones) y que abrieron así la puerta a asistir a otras necesidades que pueda presentar el Poder Judicial en medio de esta crisis. Sostienen, sin embargo, que el ahorro fue producto de una buena administración y cuestionan la del Consejo. Advierten además que ese organismo ya le debe a la Corte $10.000 millones.

Lugones, titular del Consejo, dijo a LA NACION que al cuerpo que él preside no le corresponde decidir cómo se reparte el dinero del Poder Judicial porque es una definición que debe tomar la política. "Probablemente corrigiendo esto no tendríamos que ir a pedir dinero del fondo anticíclico, pero eso nos excede a nosotros como jueces y como Consejo. Esperamos encontrar una buena predisposición de la Corte para el futuro", dijo, antes de su teleconferencia con Rosenkrantz.

Un dato que destacan en el máximo tribunal es que el propio Lugones impulsó el mes pasado un plan para crear el cargo de "coordinador General del Presupuesto del Poder Judicial" y designar en ese lugar a Héctor Marchi , el administrador de la Corte, funcionario de extrema confianza de Lorenzetti. En la Corte dicen que es una admisión del Consejo de sus problemas de administración. Ese plan de Lugones, que originalmente lo había planteado el oficialismo, finalmente no prosperó.

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