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Correo: postergan hasta después de las PASO un eventual acuerdo con Socma
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Cuando restaban apenas unas horas para que comenzara la feria judicial, el gobierno de Mauricio Macri alcanzó uno de sus objetivos judiciales más buscados: la Justicia postergó hasta después de las elecciones primarias de agosto cualquier definición vinculada a la empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia del Presidente.
El viernes 19, con los pasillos ya semivacíos, las camaristas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero le otorgaron otros 15 días hábiles a la Procuración del Tesoro para responder si acepta o rechaza la propuesta que presentó la empresa -del grupo Socma- para cerrar el concurso de acreedores que comenzó en 2001.
Las integrantes de la Sala A de la Cámara Comercial le cerraron la puerta, sin embargo, a nuevas postergaciones, en un ida y vuelta por un posible y polémico acuerdo que comenzó a debatirse en 2016, es decir, hace más de 30 meses. Al admitir el pedido de prórroga de la Procuración del Tesoro, remarcaron que se la concedían "por última vez".
La Procuración del Tesoro deberá entonces definir si considera aceptable la propuesta "mejorada" que presentó el Correo Argentino SA en julio de 2018, con las "aclaraciones" que aportó a principios de este mes con la firma de su presidente, Jaime Cibils Robirosa, y de su abogado Jaime Kleidermacher.
¿Qué ofreció la empresa en su "Mejora de Propuesta III"? Primero, cancelar su deuda de $296 millones por el canon impago de la concesión, más los intereses acumulados desde julio de 2002, en un solo pago y al contado, en vez de cancelarla en 15 cuotas anuales. Segundo, aplicar la misma tasa de interés a esa deuda y a las acreencias que pueda reconocerle la Justicia en sus cuatros juicios contra el Estado. Tercero, aplicarle una quita a su deuda del 20% en vez del 30% planteado en la propuesta anterior. Y, por último, renunciar a cualquier juicio futuro contra el Estado por daños y perjuicios -en particular, lucro cesante- "por la quita de la concesión del servicio postal y la apropiación de sus activos", en línea con el que presentó y ganó la firma Suez en el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) por cientos de millones de dólares.
De aceptarse su propuesta, Socma abonaría al Estado poco más de $296 millones de capital -acumulado mientras regía la convertibilidad-, más los intereses, en tanto que reclama un resarcimiento de entre US$330 y 340 millones, más intereses, por la quita de la concesión dispuesta en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner.
Mientras la Procuración del Tesoro posterga su respuesta, la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, rechazó todas las propuestas de la empresa. En diciembre de 2016 planteó que la oferta era "abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional".
El contrapunto derivó en un escándalo que forzó al presidente Mauricio Macri a defender la posición de su Gobierno en conferencia de prensa, y conllevó también la apertura de una investigación penal que quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, que llamó a indagatoria al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
La explicación de Socma
Mientras eso ocurría en los tribunales de Comodoro Py, el Gobierno demoraba las definiciones en el fuero Comercial. Para eso recurrió a uno de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández. Es decir, el operador judicial al que el exjuez federal Norberto Oyarbide acusó de agarrarlo del "cogote" para que cerrara la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner.
La fiscal Boquín también cargó contra la empresa del Grupo Socma al exponer que le ofreció pagarle al Estado su deuda con una tasa del 7% de intereses al mismo tiempo que había demandado al Estado por una suma de capital más intereses acumulados al 11%.
Sin aludir a la fiscal, ese fue uno los puntos que modificó el Correo Argentino SA en su última propuesta. "Queremos que dejen de hablar de una ‘licuación’ de nuestra deuda o que se trata de un acuerdo ‘abusivo’ para el Estado", indicaron desde el Grupo Socma a LA NACION. "Ofrecemos pagar todo lo que podemos, que nos apliquen los mismos intereses, a favor y en contra, y resignamos cualquier juicio futuro. ¿Qué más quieren?".
Por lo pronto, la jueza en lo Comercial a cargo del concurso, Marta Cirulli, quiere que el Correo Argentino SA le informe sus movimientos de dinero con Sideco, otra empresa de la familia Macri. Lo hizo a pedido de la fiscal Boquín, que sospecha un posible desvío de fondos.
