Crisis institucional en Santa Cruz: la Legislatura suspendió a un juez de la Corte amigo de Máximo Kirchner
Le imputan haber sido designado pese a no cumplir requisitos constitucionales; es de uno de los cuatro vocales que se resiste a la ampliación impulsada por el gobernador Claudio Vidal
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
EL CALAFATE.− La crisis institucional que sacude a la justicia de Santa Cruz ahora se trasladó a la Legislatura: uno de los cuatro vocales rebeldes del Tribunal Superior de Justicia que se opone a la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros fue suspendido en el cargo y cobrará el 50% de sueldo −que ronda los $14 millones− mientras dure el juicio político que se instruye en su contra.
El jury que avanza en la Legislatura es contra Fernando Basanta, uno de los vocales identificados con el kirchnerismo, amigo de Máximo Kirchner y propuesto para el máximo tribunal por la exgobernadora Alicia Kirchner, de quien fue ministro de Gobierno, y militó en La Cámpora. Más allá de sus simpatías políticas, lo que se cuestiona es que asumió el cargo sin cumplir con el requisito de los seis años en el ejercicio de la abogacía, pese a ello su pliego fue aprobado y asumió en el cargo en el 2022.
La guerra judicial entre el kirchnerismo y las huestes de Claudio Vidal se desató días pasados cuando cuatro −entre ellos Basanta− de los cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia intentaron desplazar de la presidencia a Daniel Mariani por haber tomado la jura de los nuevos vocales propuestos por Vidal.
El kirchnerismo considera que la ampliación es inconstitucional y que la designación de los nuevos jueces es inválida, basados en una medida cautelar que había ordenado suspender el tratamiento de las ternas en la Legislatura. Pero la Legislatura avanzó, trató las ternas, votó y nombró a los jueces, que ya asumieron.
Hoy, el Tribunal Superior de Justicia tiene nombrados a nueve miembros y se mantiene una suerte de “doble comando”: mientras para los cuatro vocales kirchneristas la presidencia es de Reneé Fernández, los nuevos vocales reconocen a Daniel Mariani como presidente: este grupo suma cinco de los nueve miembros.
Sobre esta situación, en la página de Facebook del Poder Judicial, la presidencia de Fernández informó que intimaba a Mariani “a que cese de forma inmediata y se abstenga en lo sucesivo de dictar resoluciones, impartir ordenes, emitir comunicaciones o realizar cualquier otro acto por el cual se arrogue las facultades, funciones y la representación correspondiente a la Presidencia de este Cuerpo”.
En el comunicado ratificaron que son “las únicas autoridades válidas y legalmente constituidas” e informaron la situación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Justicia y la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores.
El caso de Basanta
En este contexto, el abogado Sergio Macagno −quien desde Vialidad Provincial realizó valiosos aportes a la justicia federal durante la instrucción de la causa Vialidad− presentó ante la Legislatura el juicio político contra Basanta. La Sala Acusadora, integrada por doce legisladores elegidos por sorteo, resolvió por mayoría suspender en el cargo a Basanta y la reducción del sueldo en un 50%.
El pedido de juicio político es por incumplimiento de requisitos constitucionales para ser vocal del TSJ y la presunta comisión de los de negligencia culpable e inhabilidad moral. Antes de ser nombrado vocal, Basanta fue designado Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 1, por decreto 139/2019 de Alicia Kirchner; y en septiembre de 2022 fue nombrado vocal del TSJ: en ningún caso acreditó el requisito de los años de ejercicio de la abogacía.
La presentación de Macagno pide que se evalúe la posible comisión de delitos de la exgobernadora que lo propuso en el cargo, de los diputados firmantes del pliego y de los funcionarios judiciales que intervinieron en la puesta en funciones del designado. Mientras tanto, el expediente continuará siendo analizado en la Sala Juzgadora, donde los legisladores definirán si corresponde o no su remoción.
El artículo 127 de la Constitución Provincial establece como requisito para los aspirantes a integrar la máxima Corte provincial el ejercicio profesional de la abogacía durante por lo menos seis años. Durante la sesión en la que se aprobó el pliego de Basanta, el diputado Martín Chávez, miembro informante del Frente de Todos, expuso jurisprudencia en casos similares donde se tuvo en cuenta la antigüedad en la función pública del postulante o bien la antigüedad del título de grado, a lo que se denominó una interpretación en “sentido amplio de la Constitución Provincial”.
Hubo dos amparos presentados en la justicia provincial intentando frenar la designación, que finalmente fue aprobada con mayoría de votos del bloque kirchnerista.
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