Caso Vialidad: Máximo y Florencia Kirchner se resisten a que la Justicia le remate sus bienes
Los fiscales Luciani y Mola reclamaron el inmediato decomiso del patrimonio de los hijos de la expresidenta; Lázaro Báez también presentó objeciones; define el tribunal
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LA NACIONHernán Cappiello
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola exigieron la ejecución inmediata del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados de la causa Vialidad.
Además, les contestaron a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, que se negaron a que su dinero sea decomisado y sus bienes rematados. El monto total de los bienes a decomisar de todos los condenados es $684.990.350.139.
Antes de disponer el decomiso, el tribunal oral N°2 que dictó la condena les requirió a los condenados una opinión sobre los bienes a decomisarles. Esta medida mereció la protesta de los fiscales.
Como parte de la misma medida, el tribunal les pidió opinión a Máximo y Florencia Kirchner, ya que su madre, en 2016, les entregó un adelanto de herencia, que incluye sus propiedades hoteleras en el sur y 6 millones de dólares en efectivo, que están inmovilizados.
Los fiscales señalaron que, a pesar de que la condena contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez está firme desde el 10 de junio de 2025 por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los condenados “se negaron a devolver el dinero de la defraudación” y “no depositaron ni un solo peso”.
Luciani y Mola calificaron esta resistencia como “una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley” y destacaron que la determinación de recuperar los activos es crucial para desterrar la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones.
En su dictamen, los fiscales subrayaron que la condena económica no puede quedar sujeta a la voluntad de los sentenciados y que el tribunal debe usar todos los medios compulsivos que la ley establece.
“Dado que los jueces tienen la obligación de recuperar el monto de la defraudación, vamos a insistir en que esta tarea se ejecute con la mayor celeridad posible, ya que la tardanza en el cumplimento de la sentencia judicial firme provoca en la sociedad un sentimiento de injusticia e impunidad”, dijeron Mola y Luciani.
Los argumentos de Máximo y Florencia
Máximo y Florencia Kirchner se presentaron en el expediente, con el patrocinio del abogado Joel Goldin, y se negaron a que se decomise su dinero y se rematen sus bienes.
Dijeron que ellos son “terceros ajenos a los hechos investigados” y que el desapoderamiento de sus bienes equivaldría a una “confiscación”.
Alegaron que los inmuebles en litigio fueron incorporados a su patrimonio por ellos en forma “legítima y de buena fe”, en el proceso sucesorio por la muerte de su padre Néstor Kirchner y por el adelanto de herencia de su madre.
Los bienes a decomisarles a ellos son aquellos que fueron incorporados al patrimonio de Cristina Kirchner entre 2003 y 2015 y que posteriormente les fueron cedidos.
Los bienes son diez departamentos ubicados en Güer Aike y Mitre 535, Río Gallegos. Se constituyó un fideicomiso para construirlos. Esta operación fue instrumentalizada el 10 de junio de 2005 y se celebró entre Néstor y Cristina Kirchner (representados por Máximo) y Austral Construcciones.
También es objeto del decomiso el Hotel Los Sauces, que fue valorizado por la construcción de un hotel de lujo realizada por Austral Construcciones, de Lázaro Báez, dentro del terreno fiscal comprado por Cristina Kirchner. Hay otro inmueble en ese predio que consistió en una permuta entre Cristina Kirchner y Austral Construcciones, y posteriormente fue cedido a sus hijos.
Los fiscales insistieron en que estos bienes forman parte de los que corresponde ejecutarles a Máximo y Florencia Kirchner.
Luciani y Mola dijeron que no hubo buena fe, pues la cesión de los bienes gananciales a favor de los hijos se concretó el 10 de marzo de 2016, después de que “el fraude colosal estuviera consumado”.
Además, señalaron que Máximo y Florencia sabían lo que acontecía. “No pueden alegar tal condición [de buena fe]” porque “conocían el real motivo del acto”, no solo por el vínculo familiar (la cedente era “ni más ni menos, su madre”), sino porque las acciones delictivas “ya tenían, en el momento en que se perfeccionó la cesión, evidente estado público”.
Los fiscales señalaron que Máximo Kirchner participó en la sesiones, ya que actuó en “múltiples oportunidades en representación de Néstor Kirchner y de Cristina en buena parte de los negocios celebrados con Lázaro Báez” durante el período del fraude.
Los fiscales respondieron también a cada uno de los condenados que se opusieron a que se decomise sus bienes.
Cristina Kirchner dijo que el tribunal oral no era competente para decomisar sus bienes y pidió que sea un juzgado civil y comercial federal, que ya rechazó una demanda del Estado en su contra. Alegó, además, que ella cedió los bienes a sus hijos de manera lícita, por eso no se los podía decomisar.
Los fiscales rechazaron su argumento al sostener que la acción civil a la que se busca unir el decomiso ya fue declarada caduca a solicitud de la propia Cristina Kirchner.
Lázaro Báez argumentó para no poner sus bienes que son los jueces que lo condenaron por “la Ruta del Dinero K” los que deben avanzar con ese trámite y dijo que el monto final no está firme. Pidió “la “trazabilidad” de sus bienes en paralelo con “el caudal ilícito”.
Los fiscales dijeron que el decomiso es un “efecto del delito” y no una pena y que debe ejecutarse inmediatamente.
Raúl Gilberto Pavesi, otro de los condenados, dijo que sus bienes fueron adquiridos con dinero lícito antes de su designación como presidente de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz, en 2007. Pero los fiscales recordaron que Pavesi tuvo “intervenciones trascendentales en el fraude” antes de ser presidente, por lo que sus bienes deben ser ejecutados.
Raúl Osvaldo Daruich dijo que los bienes fueron adquiridos antes o después de su desempeño como Jefe de Distrito de Vialidad de Santa Cruz y que la sentencia no probó un “provecho económico” personal. Sin embargo, los fiscales dijeron que está probado que contribuyó al lucro indebido de Báez y Kirchner.
José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti y Mauricio Collareda no hicieron observaciones ante el decomiso de sus bienes y la fiscalía reiteró que su patrimonio debe ser ejecutado de inmediato.
Finalmente, los fiscales reiteraron que, ante la “ausencia de pago por parte de los condenados”, el Tribunal debe hacer efectivo el decomiso sin que las “permanente y repetitiva de las más variadas excusas” puedan obstaculizar la sentencia firme.
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