Causa seguros: citan a indagatoria a un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández
Se trata de Daniel Rodriguez, que fue intendente de la quinta de Olivos y ladero del expresidente; ya había declarado en la causa por violencia de género; también citaron a varias empresas
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LA NACIONNicolás Pizzi
El 18 de noviembre, Daniel Rodriguez deberá presentarse en Comodoro Py para declarar ante el juez Sebastián Casanello por la causa Seguros. “El Gordo”, como lo conocían en la Casa Rosada, fue el intendente de la quinta de Olivos entre 2019 y 2023 y una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández. El juez ya había pedido investigar su patrimonio y ahora le puso fecha a su declaración indagatoria. También fueron citadas varias empresas, entre ellas la de Héctor Martínez Sosa, el hombre que monopolizó los contratos con el Estado durante el último gobierno.
Rodríguez es un hombre clave. Conoció al expresidente cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Retirado de la Policía Federal, por la rama de Bomberos, formó parte de su custodia durante varios años. Luego pasó a encargarse de sus cuestiones personales, una suerte de cadete todo terreno.
A fines de 2019, cuando Fernández fue ungido como candidato presidencial, “El Gordo” volvió a trabajar como chofer y lo acompañó por todo el país. Luego del triunfo electoral, Fernández lo nombró como “intendente” de Olivos, donde pasó a encargarse de todos los detalles.
Rodríguez ya declaró como testigo por la denuncia que impulsó Fabiola Yañez. En ese caso, trató de esquivar la situación y dijo que no había visto agresiones físicas.
Ahora el juez Casanello lo citó como imputado. Su testimonio era esperado porque funcionó como una suerte de nexo entre Fernández y Martínez Sosa, que también fue su jefe.
Cuando estaba a cargo de la quinta de Olivos, Rodriguez recibía al broker en su despacho. En los teléfonos de María Cantero, la mujer de Martínez Sosa, aparecieron decenas de selfies que se sacaban dentro de la residencia. También se encontró una imagen de Fernández y del empresario en Olivos dialogando en uno de los despachos de la quinta.
Casanello ya había ordenado un amplio informe sobre el patrimonio de Rodriguez. El expolicía quedó en la mira cuando se comprobó que Martínez Sosa le prestaba una casa ubicada a metros del shopping Unicenter, donde solía descansar cuando era intendente de Olivos. Esa vivienda fue allanada a mediados del año pasado. En ese operativo también se secuestró el teléfono del expolicía.
Además de citar a Rodriguez, el juez Casanello le puso fecha a la indagatoria de varias empresas que ya habían sido mencionadas en la investigación: Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, Bri Brokers, Levelar, TG Broker, San Cristóbal, San Germán Seguros, Bachellier SA, y San Ignacio. Todas deberá presentarse a través de sus representantes legales entre el 12 y el 18 de noviembre.
Bachellier, ligada a Martínez Sosa, encabezó el ranking de comisiones cobradas por contratos con el Estado. Según una auditoría de Nación Seguros, esa firma recibió $1665 millones, en gran parte por un contrato con la Gendarmería. El año que más cobro fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.
San Ignacio y TG Broker son las dos empresas denunciadas por el Gobierno al comienzo de la investigación porque fueron favorecidas para el contrato de créditos de los jubilados.
Además de las indagatorias, el juez ordenó otras medidas de prueba, sumó nueva documentación, y rechazó un pedido de la Fundación Apolo para ser parte querellante.
El desarrollo de la causa ahora está en manos de la Sala II de la Cámara Federal, que debe decidir sobre los procesamientos de más de 30 personas. El fiscal en esa instancia, José Agüero Iturbe, pidió que se revoque el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, apuntado por el decreto 823/21 y por la designación de María Cantero como su secretaria privada.
También apeló la defensa Martínez Sosa, el empresario amigo de Fernández que acumuló contratos con 19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones entre 2019 y 2023. En ese listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.
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