Cuadernos: EE.UU. comienza a investigar a empresas argentinas

El gobierno de Estados Unidos puso en marcha su maquinaria anticorrupción por las noticias que surgen desde Comodoro Py. Envió a Buenos Aires a emisarios que durante los últimos días recolectaron datos sobre los cuadernos de las coimas y otras pesquisas que involucran a varias empresas argentinas, según los testimonios de seis fuentes oficiales argentinas y estadounidenses que dialogaron con LA NACION.

Los emisarios fueron dos. Uno por el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés); el otro, por la Comisión de Valores (SEC, en inglés) y mantuvieron múltiples reuniones. Entre otras, con los investigadores a cargo de la pesquisa que comenzó con las anotaciones del chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno , y con los fiscales locales que tramitan dos expedientes sobre Techint .

Los emisarios aterrizaron en Ezeiza con un objetivo formal. Participar en un evento sobre "soborno trasnacional" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluyó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) local y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Pero ya en Buenos Aires pidieron reunirse con quienes investigan a empresas argentinas que cotizan en Wall Street con acciones conocidas como "ADRs".

Las empresas que quedaron así en la mira son Techint -a través de Ternium y Tenaris-, Corporación América y Pampa Energía, por cuadernos de las coimas, y el Banco Macro, por el caso Ciccone , que arrastra pedidos del fiscal federal Jorge Di Lello y la declaración del ahora arrepentido, Alejandro Vandenbroele que el juez federal Ariel Lijo posterga desde noviembre del año pasado.

¿Qué buscaron los enviados del DOJ y del área de "Cooperación Internacional" de la SEC, que indicaron que antes habían colaborado con la investigación brasileña Lava Jato? Dar los pasos preliminares para determinar, en Washington, si abren investigaciones basadas en la ley de prácticas corruptas en el extranjero" (FCPA, en inglés). Esa norma estipula sanciones civiles y penales para las empresas que van desde multas millonarias hasta la suspensión para obtener contratos con el gobierno estadounidense y organismos multilaterales, y multas y penas de hasta 20 años de prisión para sus accionistas, ejecutivos e intermediarios, entre otros.

Una investigación conjunta o por separado del DOJ y de la SEC, no obstante, puede terminar en sanciones por sus ilícitos comprobados en la Argentina -como ocurrió con Ralph Lauren o la aerolínea LAN, entre otras-, o con el archivo del expediente, como pasó con la pesquisa por los presuntos sobornos vinculados al yacimiento Cerro Dragón tras una denuncia de British Petroleum (BP). Y, en cualquier caso, conllevar años de labor, millones de dólares en abogados y daños reputacionales a nivel mundial.

Por eso, además de reunirse en Buenos Aires con los fiscales que investigan los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo , los estadounidenses también se reunieron con los fiscales Paloma Ochoa y Eduardo Taiano, que impulsan causas por sospechas de sobornos vinculados a Techint en Brasil e Italia.

Durante esas reuniones, los emisarios preguntaron de manera explícita sobre dos ejecutivos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, que ya reconocieron ante el juez Claudio Bonadio que le entregaron dinero ilícito a Roberto Baratta , colaborador del entonces ministro Julio De Vido . Betnaza dijo que lo había hecho por razones "humanitarias" para permitir la salida de Venezuela de empleados de Sidor acosados por el gobierno chavista. Esa empresa, que era de Techint, terminó estatizada (y finalmente el holding recibió 1900 millones de dólares).

Tras las confesiones de Zabaleta y Betnaza, Bonadio citó a indagatoria a Paolo Rocca , quien no se acogió al régimen del arrepentido al presentarse en Comodoro Py, el 5 de octubre. Por el contrario, afirmó que se enteró de esos pagos ilegales por la prensa y que Betnaza actuó con "autonomía", incluso para disponer de fondos que extrajo de los "dividendos de los socios".

Consultados por LA NACION, en tanto, voceros de Techint indicaron que hasta el momento, el holding "no recibió ningún contacto de ningún emisario del Departamento de Justicia o de la SEC".

El grupo afronta investigaciones judiciales en Italia y Brasil por presuntos pagos de sobornos, con distintos grados de avance procesal. En Milán, el fiscal Fabio Di Pasquale, requirió la indagatoria de Rocca, mientras que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) brasileño le prohibió a Techint presentarse a licitaciones federales durante cinco años, decisión que el holding busca revertir en sede judicial.

Más secuelas internacionales

El viaje de los emisarios del DOJ y de la SEC a la Argentina es, hasta ahora, el primer paso conocido de organismos de Estados Unidos desde que estalló el escándalo por los cuadernos de las coimas, aunque no fue la única reacción externa.

Durante las últimas semanas, letrados de varios estudios norteamericanos -como White & Case LLP y Kobre & Kim, entre otros- también pasaron por Buenos Aires para analizar el impacto de esa investigación o emitieron alertas, como Lewis, Baach, Kaufmann, Middlemiss PLLC, según constató LA NACION.

"Un abordaje integrado y multijurisdiccional es necesario", planteó este buffet el 31 de agosto, en uno de los primeros memos que circuló tras la irrupción de los cuadernos de la corrupción. Resultó anticipatorio: "Empresas extranjeras y las instituciones financieras que tienen negocios que tocan la Argentina deben evaluar si sus contratos actuales están contaminados por el escándalo y actuar proactivamente para limitar el daño que pueda causar la inevitable incertidumbre".

Algunos de estos buffetes sugirieron, incluso, medidas "protectivas" o "de cobertura" a sus clientes, mientras que otros desembarcaron en la Argentina en busca de denunciantes que quieran presentarse como "whistleblovers" ante la SEC para, si prospera la denuncia que radiquen en Washington, cobrar una jugosa recompensa.

Pero allí no se agotan las secuelas internacionales. También afectó las fuentes foráneas de financiamiento de los proyectos de participación público-privada, que la Casa Rosada busca reforzar con garantías que podría aportar el Banco Nación, con la supervisión del Banco Central.