Cuadernos: la extensión del caso a empresas del interior preocupa a directivos y políticos

Empezó la cuenta regresiva para decenas de constructoras que miraban desde la platea la causa de los cuadernos de las coimas . Las sospechas de haber pagado sobornos ya no son territorio de las grandes compañías que funcionan en Buenos Aires , sino que desde hace 10 días la cuestión se federalizó.

Más de 70 empresas fueron allanadas, entre las que se encuentran no solo varias que, como ilustró alguna vez el fiscal Carlos Stornelli , "ya son viejos clientes de la fiscalía", sino que, además, se sumaron decenas que forman parte del sistema de obra pública de varias provincias.

El juez Claudio Bonadio ordenó que personal judicial les tocara el timbre a 74 empresas para requerirles todos los documentos que acrediten quiénes eran los ejecutivos entre 2003 y 2015. La diligencia establecía, como es costumbre en este tipo de causas sobre corrupción, que se requiriera la información a la compañía y, en caso de que alguna se niegue a hacerlo, que allane las oficinas. Todas accedieron.

Centenares de documentos se secuestraron y ya están en poder de la Justicia. En pocos días, más de un centenar de empresarios de la construcción de todo el país empezarán a desfilar por Comodoro Py .

El sector quedó inquieto. Si bien las grandes firmas ya estaban en la causa, las más chicas miraban desde afuera el desfile de empresarios. Ahora les tocará a muchos de ellos. Pero no solo están preocupados los hombres de los ladrillos. Varios gobernadores e intendentes también se pusieron inquietos con estos movimientos del tándem que forman Bonadio y los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo .

Sucede que muchas de las visitadas son grandes contratistas en la obra pública provincial y, claro está, aportantes para las campañas. El paraguas financiero que entre todas abrieron a los gobiernos locales cruje.

De ahí que el impacto de este llamado a indagatoria, que seguramente vendrá después de analizar la documentación que se llevó al juez, no solo tendrá efectos jurídicos sino también políticos.

La lista de empresas se confeccionó con tiempo. Los primeros nombres de constructoras estaban en las anotaciones que Oscar Centeno hizo durante años. Luego se sumaron algunos que aportó Carlos Wagner , el expresidente de la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo.

El dueño de la constructora Esuco habló de algunas. Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco. Todas estas forman parte de las allanadas y seguramente sus ejecutivos pasarán por el despacho del juez en calidad de indagados.

Luego fue el financista Ernesto Clarens el que amplió la nómina. Entonces los fiscales y el juez pidieron oficios a varias dependencias nacionales, provinciales y municipales en busca de información que efectivamente demuestre que ese listado confeccionado por Clarens sobre la base de las compañías que pasaban por su oficina a descontar adelantos de obra y dejar retornos se correspondiese con las obras que realizaban.

Llegaron varios y con esos se empezó a confeccionar la lista de las que se allanaron. Claro que no son todas. Hay algunas jurisdicciones remisas que si no contestan bien podrían ser allanadas en poco tiempo.

Helport (Eurnekian), Benito Roggio, Electroingeniería, Esuco, José Chediack, Panedile, Isolux, Sacde (ex Iecsa) y Supercemento, entre otras, que ya estaban en la causa, volvieron a ser visitadas. Los ejecutivos bien podrían volver a ser llamados a indagatorias por hechos nuevos.

Claramente la ciudad de Buenos Aires es la que más compañías tiene. Vialco (una empresa de Electroingeniería), JCR (Juan Carlos Relats), Contreras Hermanos, Luciano, Dycasa, Decavial, Equimac, Homaq, Panedile, Burgwardt, CCI, Paolini, Fontana Nicastro son algunos de los nuevos nombres de empresas radicadas en territorio porteño que se agregan.

Pero existen algunos algo más rutilantes. Por ejemplo, por primera vez se requirió información de Petersen, Thiele y Cruz, la compañía de la familia Eskenazi que construyó, y mucho, en Santa Cruz. Otros de los estrenos es Eleprint, la firma de Gustavo Weiss, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción hasta noviembre, fecha en que hubo recambio de autoridades.

Y por primera vez se escuchó el nombre de Green. Esta empresa es la única que pudo empezar las obras en las concesiones viales que se entregaron mediante el sistema de participación público-privada (PPP). En un consorcio con un grupo chino se hizo de la ruta 5, que une Luján con Santa Rosa, La Pampa.

Green es una de las contratistas más activas con el gobierno de la ciudad. Tiene a su cargo la construcción de la obra de elevación del tren San Martín y uno de los tramos del Paseo del Bajo, entre otros obradores.

Córdoba tiene varias allanadas. Boetto y Buttigliengo fue hasta fines del año pasado parte de Caminos de las Sierras (tenía 0,16% de las acciones), una empresa controlada por el Estado provincial. Es la sociedad anónima que ejecuta la mayor parte de las obras viales de Córdoba. Además de ser parte de la sociedad, fue una de sus principales contratistas. Romero Cammisa hizo obras importantes para Caminos de las Sierras, como la autovía E-55 en el tramo de acceso a La Calera. Construyó una autopista ribereña en Formosa (2011) y participó en licitaciones de Vialidad Nacional en la actual gestión. Ambas fueron citadas por la Cámara Electoral en 2017 por aportes a la campaña del justicialismo.

Estructuras SS nació en 1960; tiene varias unidades de negocios (Arquitectura, Infraestructura, Obras para Prestadores de Servicios y Gestión de Proyectos); ejecutó varias obras para la provincia y la municipalidad de la capital cordobesa.

Además, están las conocidas. Roggio construyó la autopista Córdoba-Rosario (tramo Pilar-Ballesteros) en 2010 y la estación ferroviaria Manuel Belgrano en 2009, entre otras. Electroingeniería, con fondos de Nación, ejecutó en Villa María el puente Juan Perón y el aeropuerto Néstor Kirchner; en una UTE con Roggio, construyó la planta de tratamientos de líquidos cloacales de Villa Carlos Paz y trabajó también en la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse.

San Juan es otro de los distritos que aparecen en el listado con dos empresas, Mapal y Construcciones Ivica y Antonio Dumandzic, esta última con operaciones en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Jujuy, Salta, Santa Cruz y Entre Ríos.

En Rosario aparecen varias. Glikstein, por caso, es una firma de bajo perfil, pero desde hace más de 20 años es una empresa que pisó fuerte en su momento las licitaciones de obra pública en Santa Fe. Desde hace una década abandonó el rubro de la construcción para dedicarse a las concesiones viales y diversificarse en otros negocios como Control Group, una firma de seguimiento satelital.

El 2003 obtuvo la concesión del Corredor 5, con una extensión de 1514 kilómetros. Fue adjudicada a la UTE en que participaba Glikstein, junto con Covico, Coprisa, Estructura SA y Noreste Construcciones. Oscar Glikstein ocupó hasta octubre del año pasado el directorio de Covico. En 2010, la firma ganó una parte de la licitación para la construcción de 120 casas del Plan Federal de Viviendas en el barrio Itatí Norte e Itatí Sur. Todas estas empresas fueron visitadas por la Justicia.

Otra rosarina es Obring. Construyó la avenida circunvalación de Santa Fe, el acceso al aeropuerto de Rosario, rutas provinciales y nacionales, la doble traza de la avenida Wheelright, la reconstrucción del muelle de Parque España, el Acueducto Centro, el Aliviador III, entre otras. Actualmente la empresa emplea a 600 personas.

En septiembre pasado, Franco Gagliardo, uno de los titulares de Obring, se despegó del pago de coimas ventilado en la causa de los cuadernos de la corrupción y aseguró que esa firma rosarina solo participó de una obra vial durante el kirchnerismo y que todo se hizo "honestamente". Obring, en particular, detalló que participó en una sola obra vial durante el kirchnerismo, la pavimentación de 20 kilómetros de la ruta 34 en 2007.

Rovial es una de las constructoras más importantes de obra pública en Santa Fe. La firma nació en 1979 y participó de decenas de licitaciones de obra pública, entre ellas, una que levantó polémica, como fue la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe, en la que una UTE de compañías se retiraron de la concesión luego de que no se cumplieran las obras previstas. Para gran parte de la oposición, se trató de una resolución "ruinosa" para las arcas del Estado. Luego, el Estado santafesino tomó la concesión en 2017 y empezó a realizar las obras, que aún están en proceso.

Decenas de empresas ya empezaron a delinear sus estrategias. En Neuquén, por caso, la firma visitada fue nada menos que CN Sapag, una firma de la familia que maneja el Movimiento Popular Neuquino desde hace 70 años. Jorge Sapag es, desde las sombras, el hombre fuerte de la provincia y tiene relación con la constructora.

Durante sus años de gobernador viajaba continuamente a Buenos Aires y se reunía don Julio De Vido y José López. Lo hacía en un avión de la provincia que le compraron a Salta. Jamás quedaron registros de aquellas visitas porque entraba directo por la cochera al Ministerio de Planificación. Temeroso y cuidadoso, Sapag se hospedaba en la casa de su madre para no dejar huellas en los hoteles. Ahora, la empresa de la familia seguramente tendrá que contestar las preguntas que le haga el juez.

Con respecto a Entre Rios, Lemiro Pablo Pietroboni SA ha sido unas de las contratistas principales con los distintos gobiernos entrerrianos durante los últimos 30 años, y también con el Estado nacional en la era kirchnerista. Radicada en Concepción del Uruguay, la firma tiene sus fuertes ingresos por las obras viales, y su radio de acción se extiende por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y otras provincias.

El apellido del nombre de la firma entrerriana saltó a los medios nacionales en junio de 2016, cuando se replicaron declaraciones que el empresario Víctor Pietroboni hizo a una radio de la ciudad, donde dio cuenta del modo en que, según sus dichos, el gobierno kirchnerista direccionaba obras públicas a la empresa de Lázaro Báez y sobrecargaba los precios para la distribución de coimas.

Luis Losi SA es una empresa de Paraná y unas de las más solventes de todo el Litoral. La razón social obedece al nombre del iniciador de esa firma, que ha sido una de las principales constructoras de rutas de la región en los últimos 50 años. En la actualidad, al frente de las decisiones empresariales se encuentra el yerno de Losi, el ingeniero Carlos Galuccio, que es hermano del ex CEO de la empresa YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner .

José Eleuterio Pitón SA está radicada en Gualeguay, pero su poder de influencia es tal, que muchas otras firmas del rubro se han quejado de que fuera sistemáticamente beneficiada para la realización de obras, durante diversas gestiones provinciales, sin importar el orden de méritos económicos y técnicos.

Con la colaboración de corresponsales