Cuándo entra en vigencia la Ley Bases: la decisión, en manos de Javier Milei
Quedó sancionada anoche y se avanzó también con el paquete fiscal; desde ese momento rige el plazo para que el Poder Ejecutivo la ponga en marcha
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LA NACION
El presidente Javier Milei esperó con ansiedad la votación de la Cámara de Diputados sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, con la intención de poner en vigor cuanto antes esa normativa. Anoche, los diputados sancionaron las normas y se lo comunicaron al Poder Ejecutivo, que ya queda habilitado para promulgarlas.
La Constitución establece que el camino de una ley sancionada por el Congreso el Presidente puede promulgarla por medio de un decreto o bien a través de la “promulgación de hecho”, ya que si no se pronuncia pasados diez días hábiles desde que se le comunicó la norma se promulga automáticamente. En ambos casos, la ley se publica luego en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales. La intención de Milei es acelerar los trámites todo lo posible, de modo que la semana próxima ya podrían regir los cambios.
Los detalles de las leyes
El primer artículo, en el que se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética -que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas-, no sufrió modificaciones en esta última etapa. En Diputados, no obstante, esta prerrogativa presidencial se recortó sustancialmente, cuando pasó de 11 emergencias a tan solo cuatro.
En el apartado sobre privatizaciones, el Gobierno fracasó en su intento de incluir en la versión final a Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA). Los opositores dialoguistas impusieron el criterio de discutir la versión aprobada en el Senado, que las excluye de las empresas sujetas a un proceso de venta por parte del Poder Ejecutivo. Quedaron, en cambio, las siguientes: Energía Argentina SA (ex Enarsa) e Intercargo, sujetas a privatización total; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado; y Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, como empresas sujetas a su privatización o concesión.
Ley Bases
Desregulación del Estado
Se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, se sumó un párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Empleo público
Se establecen cambios en las normas para remover agentes estatales. Se consignó en la última revisión que los empleados que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
Modernización laboral
A pesar de que un sector de la UCR retomó su pedido para limitar el poder de los sindicatos a través de una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen final. Se quitó el artículo establecía que, para los empleados no afiliados a los gremios, sólo se podían cobrar cuotas solidarias con su consentimiento previo. Sin este párrafo, lo podrán seguir haciéndo contra su voluntad.
Justa causa de despido
Fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI):
- Se establece un régimen especial, con fuertes incentivos impositivos y cambiarios, para alentar inversiones en sectores clave de la economía, como energía, turismo, petróleo y gas y agroforestal.
- Fue reformulado el artículo 163 que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI.
- En el Senado se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
- Se limitó el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.
- En la última revisión se incorporaron incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales.
- Se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.
Paquete fiscal
Blanqueo:
- Se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.
- Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
- Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.
- Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.
- Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
- Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.
Impuesto a las Ganancias:
- La Cámara de Diputados aprobó en primer término reinstaurar el impuesto a las Ganancias que había sido eliminado por el gobierno de Alberto Fernández (reemplazado por un tributo a los salarios más altos). El límite para tributar se estableció en 1,8 millones de pesos al mes (solteros sin hijos) y de 2,2 a 2,6 millones de pesos para casados con hijos. Las escalas son graduales a partir de esas cifras. El Senado lo rechazó. Ahora los diputados deben elegir si lo sostienen o no.
- No pueden incluir modificaciones, como las que se habían negociado en el Senado. Por ejemplo, el incremento del 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Impuesto a los Bienes Personales:
- Diputados votó una reducción de este tributo que considera clave para el éxito del blanqueo incluido en la misma ley. Sin embargo, el Senado la rechazó y ahora queda en manos de la Cámara baja definir si insiste o no en la redacción original.
Monotributo social:
- Se mantiene con un esquema diferente al vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
Ley Minera
- En el Senado se modificó el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído. Diputados debe decidir si lo deja o no.
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