El forzado recambio que se acelera en la CGT en busca del poder perdido

El resultado electoral de las legislativas de mañana podría ser decisivo para definir cómo será la nueva CGT. Serviría para despejar las dudas en lo relativo al esquema de gobierno (triunvirato, binomio o unicato) y también los eventuales nombres que integrarían la futura conducción a partir del 5 de noviembre. Con uno, dos o tres jefes, la central obrera tendrá como desafíos urgentes administrar la conflictividad social y callejera del fin de año y negociar con la gestión de Javier Milei la letra chica de una reforma laboral. ¿Surgirá entonces una CGT combativa o una con perfil más negociador? Predomina por ahora el clima de ruptura y división, el escenario tal vez más favorable para el Gobierno.

Sin un líder capaz de reunir a todas las tribus bajo un mismo techo, la alternativa que más consenso cosecha en la CGT es conformar un nuevo triunvirato, un atajo al que ya se recurrió en otras tres oportunidades: 2004, 2016 y 2021. A diferencia de aquellas veces, el ajedrez sindical no identifica hoy nítidamente tres sectores capaces de distribuirse el poder interno. A Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y “los Gordos” (los representantes de los grandes gremios de servicios) se les erosionó parte de su poderío e influencia, y sus voces ya no son tan decisivas como lo eran antes. Es una consecuencia inevitable del paso del tiempo, que pone en aprietos a dirigentes que superan los 80 años y se acostumbraron a los mandatos eternos. La demanda interna de forzar un recambio generacional hierve tensiones y dudas, aunque existe un compromiso no escrito de los diferentes caciques en priorizar la unidad por sobre todas las cosas. Algo así como juntos pero peleados, en espejo a la realidad del Partido Justicialista.

Picó en punta una propuesta para que el nuevo triunvirato fuera integrado por Jorge Sola (59 años, del Sindicato del Seguro), Cristián Jerónimo (41, del Sindicato del Vidrio) y Maia Volcovinsky (43, de Judiciales). Los tres son de raíz moyanista, pero eso no es lo que dificultaría la búsqueda del consenso mayoritario.

Hay varias razones por los que esta fórmula aún no pasó el filtro. La primera es que Jerónimo es objetado por tres pesos pesados: Barrionuevo, el mercantil Armando Cavalieri y el colectivero Roberto Fernández. Lo consideran un dirigente de lealtades frágiles. Le achacan desde haber impugnado en el Ministerio de Trabajo un convenio colectivo de los mercantiles para quedarse con sus afiliados hasta haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano. El dirigente del vidrio se siente víctima de la pelea entre los sectores más representativos porque cuenta con el apoyo de Gerardo Martínez, uno de los más influyentes en el armado. En un intento por reconciliar, y casi como parte de su campaña para sumar adhesiones, Jerónimo almorzó hace dos semanas con Barrionuevo y su reducida tropa de aliados de la vieja CGT Azul y Blanca, de la que había formado parte. “Nos huelen débiles”, le enrostró ese día Barrionuevo a Jerónimo. Se interpretó como una advertencia del perfil de conducción que impulsaría el jefe gastronómico. Barrionuevo presiona para ubicar en el triunvirato de mando a Gustavo Vila, el número dos de la Unión Carga y Descarga, el gremio que talla en los depósitos de Mercado Libre y que reformó su convenio colectivo a las demandas de Marcos Galperin.

Sola y Volcovinsky, en cambio, no apilan tantas objeciones como Jerónimo, aunque les faltaría todavía recorrido para reunir el apoyo absoluto. Les cuestionan que provienen de gremios “chicos” (reúnen 35.000 afiliados entre los dos) y que el contexto amerita ubicar a dirigentes de sindicatos más poderosos, que sean referentes del rubro industrial y el transporte. Volcovinsky debe sortear un escollo aparte: existen hoy todavía sindicalistas que no están dispuestos a ceder un lugar en la cúpula para una mujer. Los que piensan así lo manifiestan en reserva. Como réplica a esos tabúes, hubo una fuerte puesta en escena de las mujeres sindicalistas. Montaron el jueves último un acto con 500 dirigentes en el mítico salón Felipe Vallese y pidieron por una de ellas en la conducción de mando. “Una mujer en el triunvirato no es una concesión ni un símbolo vacío, sino el reconocimiento político de una realidad”, dice un fragmento del documento que se leyó delante de Héctor Daer y Andrés Rodríguez, dos históricos que tejen en las sombras el armado de la nueva CGT. No sería descabellado que se resuelva a último momento un binomio, con Sola y Volcovinsky como secretarios generales.

La posibilidad de ir hacia un secretario general único se anticipa más complicado ante la falta de liderazgos, pero hay dos candidatos que ya levantaron la mano para afrontar el desafío: uno es Sola, que cuenta con el respaldo de un sector de “los Gordos”, y el otro es Abel Furlán, el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica. Las acciones del metalúrgico caen por su proximidad política con Máximo Kirchner. “Es ideal para encabezar una CGT combativa”, lo impulsa un aliado, también afín al kirchnerismo. Cristina y Máximo Kirchner dividen aguas en el corazón de la CGT. En la interna peronista, la mayoría de los gremios ya eligió jugar para Axel Kicillof.

¿Y qué pasa si se llega al congreso del 5 de noviembre sin acuerdo? “Habrá unidad o tiros”, exagera un dirigente con terminales en todas las tribus y que recorre a diario pasillos sindicales. Si no hay unidad, lo más probable es que la CGT quede dividida, como ocurrió ya en años anteriores. El antecedente más reciente fue en 2011, cuando Moyano rompió su alianza con Cristina Kirchner y hubo durante cinco años tres centrales: la moyanista, con base en Azopardo; la oficialista, con el metalúrgico Antonio Caló al frente, y la Azul y Blanca, de Barrionuevo.

Hugo Moyano considera que por su cuota de poder le correspondería conservar un lugar en el triunvirato para Camioneros. Pretende mantener en el sillón de mando a Octavio Argüello, el reemplazante de su hijo Pablo cuando renunció por las diferencias con el consejo directivo cegetista. Argüello, sin embargo, tampoco cosecha adhesiones plenas y está siendo hoy arrastrado por la feroz guerra que escaló en el gremio de los Moyano por la sucesión del jefe, que afronta por primera vez en décadas una rebelión interna de consecuencias impredecibles.

“Se va a definir el mismo 5 de noviembre”, intenta llevar calma un experimentado sindicalista. Apela, como hacen muchos de sus colegas, a una anécdota de 1996, cuando Lorenzo Miguel tomó del brazo a un joven Rodolfo Daer y lo ungió como secretario general en el pasillo del vestuario del Club Ferro Carril Oeste. La jugada de Miguel desactivó la amenaza de ruptura del MTA, el sector de Moyano, que no aceptaba el liderazgo del bancario Juan José Zanola. “Fui al congreso con la aspiración de ser vocal o revisor de cuentas y terminé como secretario general”, recuerda hoy Daer, por entonces “un tapado” que llevaba ya una década al frente del gremio de la Alimentación.

Es poco probable que existan dos candidatos y se dirima la pulseada en las urnas. No sería factible no solo por el temor a un enfrentamiento a tiros entre los militantes sino porque habría hoy severas irregularidades con los padrones. El 11 de noviembre de 2021, cuando se eligieron las autoridades actuales, participaron del proceso 238 sindicatos y 1808 congresales con poder de voto. Hoy estarían habilitados para votar la mitad de los congresales por la falta de pago de la cuota sindical de muchos gremios confederados, advierte una fuente confiable que conoce las actas internas.

Sin su interna resuelta y lejos de tener el poder de antes, el sindicalismo peronista debate puertas adentro cuál sería la mejor alternativa para relacionarse con la gestión de Milei. La CGT activó tres paros generales desde que el libertario es Presidente, aunque también exploró una tregua de más de un año a cambio de que los proyectos de ley de Pro y la UCR para limitar el poder sindical no avancen en el Congreso.

Podría haber un giro en la postura de Milei con respecto a los gremios para 2026. Entre las condiciones que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su acuerdo con la Argentina, se prevén reformas estructurales, como la previsional, tributaria y laboral. Sobre esta última, los planes de la Casa Rosada son añadir ideas que surjan del Consejo de Mayo al proyecto de ley presentado en 2024 por la diputada nacional Romina Diez, una aliada de Karina Milei. Así lo reconoció a LA NACION el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Sin embargo, surgen dos obstáculos inmediatos: Gerardo Martínez, el representante de la CGT en el Consejo de Mayo, advirtió que no avalará ningún cambio de la legislación laboral que signifique una pérdida de derechos y hasta amenazó con irse de esa mesa de la que participan legisladores, gobernadores y empresarios. El otro problema es que la iniciativa de Diez difícilmente prospere en la comisión de Legislación del Trabajo, presidida hoy por el radical Martín Tetaz, quien el año pasado denunció “un pacto” entre la CGT y el Gobierno para que no avancen en el Congreso los proyectos de su autoría para limitar el poder sindical.

Cordero, que antes de desembarcar como funcionario de Milei se desempeñó durante de 35 años como abogado del Grupo Techint, blandió durante la campaña electoral su idea de reactivar la reforma laboral que propuso Diez.

La iniciativa, cuyo título es “ley de promoción de inversiones y empleo” no contempla cambios en lo relativo a la recaudación y a la democracia de los sindicatos, ejes de los proyectos impulsados por Pro y la UCR. La propuesta libertaria apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. Una suerte de RIGI para inversores más modestos. Sin embargo, en la letra chica reproduce algunos de los artículos del capítulo IV del DNU 70/23, que fue suspendido por la justicia laboral y está pendiente de una definición de la Corte Suprema.

Entre alguno de sus puntos más polémicos, figuran la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral; la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia. El Gobierno, además, manifestó su deseo de avanzar sobre los convenios colectivos para revisar la obligatoriedad de los aportes y el concepto de ultraactividad. La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. También generó ruido la intención de Cordero de modificar la negociación salarial. Aspira a que se discutan paritarias por productividad y por empresa, como sucedió en los 90. El secretario de Trabajo habló de negociaciones “dinámicas”, un atajo retórico al que ya había apelado Domingo Cavallo cuando el gobierno de Menem limitó por decreto [1334/1992] los aumentos y los ató a la productividad. Recuerdos del futuro de un país incierto y expectante a lo que expresen las urnas.

Por Nicolás Balinotti

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