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Cuando la ley corrompe
La ley es uno de los dones más valiosos que ha recibido el hombre. Pero, al igual que otros como la energía atómica, debe utilizarse con extremo cuidado para evitar catástrofes.
Las malas leyes producen desorden, rebelión, confusión e inseguridad jurídica. También corrupción.
Pueden fomentarla de mil maneras: por irrazonabilidad, por defectuosos enfoques y redacción, por no estar dictadas por el Congreso de la Nación, por establecer privilegios y exorbitancias, por desbalancear las relaciones, y hasta por la simple inflación de normas. E impacta en muchos aspectos de nuestra vida en la Argentina.
Uno muy importante es puesto a consideración en el reciente libro de Héctor A. Mairal, titulado Las raíces legales de la corrupción . O de cómo el derecho público fomenta la corrupción en lugar de combatirla, donde el autor describe las muy distintas formas en que se propicia el peculado.
Hay un capítulo especialmente dedicado a las compras del Estado. Hace pocos días, la Oficina Anticorrupción ha difundido una investigación muy completa, un mapa de contrataciones del Estado realizado con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD, por sus siglas en inglés) y de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.
Señala, por ejemplo, que en el 75 por ciento de las operaciones se suple el sistema normal de licitación por el de compra directa. Entre varias recomendaciones, propone aumentar a los oferentes.
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Tiempo atrás, en 1999, participé de un trabajo que acreditaba estadísticamente la renuencia de muchos empresarios a contratar con el Estado argentino por falta de seguridad jurídica, por sus privilegios.
En un estudio posterior, en 2003, estimé en 5000 millones de dólares el "sobreprecio jurídico" en las compras y contrataciones del Estado nacional, identificando a la inseguridad jurídica y a tales privilegios como la causa principal de los sobrecostos.
Debe incorporarse a más empresarios honestos, y procurar que el hecho de ser proveedor no sea siempre un premio a los peores, a los que transan.
Allí sugería que el Estado nacional podría comprar a precios de mercado con enormes ahorros, si asegurara a sus proveedores el cobro puntual, por ejemplo con un sistema del tipo de carta de crédito.
El mapa de la Oficina Anticorrupción continúa la preocupación del Informe Massoni, realizado en 1999, y muestra cómo funciona y cómo se deforma el sistema en la realidad. Quizá debería trabajarse más sobre las causas.
Por ejemplo, en mi investigación había probado cómo en compras pequeñas el costo de la publicidad de la licitación incide desorbitadamente.
También criticaba que el Estado argentino, en lugar de intentar ordenar y utilizar su poder de compra, como las grandes empresas, las atomizara fraccionándolas.
El mapa prueba que, cuando la ley es absurda, la realidad la supera.
Las recientes comprobaciones del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sobre los sobreprecios en las contrataciones de la ciudad de Buenos Aires podrían confirmar el panorama.
La moraleja es que en la Argentina el sistema legal fomenta la corrupción, los desvíos y los sobrecostos.
Urge enfrentar la contaminación legislativa que poluciona el país y disemina la corrupción. Con malas leyes, a veces, el problema es que se cumplan.
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